Días atrás conversaba con alguien, a quien suelo tratarle temas de política internacional, democracia en el hemisferio y geopolítica.
Durante nuestro debate, recordábamos la reciente posición oficial adoptada por la República Dominicana frente a los sucesos políticos que acontecen en Nicaragua, hecha pública a través de la Cancillería.
Me refiero a la realidad que vive dicho país, en el cual, la democracia se encuentra en un evidente estado de fragilidad, debido a las recientes acciones ejecutadas por el Gobierno contra líderes opositores.
Veo con mucha preocupación como más de siete ciudadanos, que han intentado ejercer su legítimo derecho de aspirar a la presidencia, han terminado encarcelados por distintas razones, pero todas con un común denominador: representan una alternativa al actual mandatario del país centroamericano.
Esto demuestra que existe una profunda desconexión entre los principios de un Estado de derechos moderno y las decisiones que ha tomado el presidente Daniel Ortega.
Las instituciones en Nicaragua se han debilitado, y eso suele suceder cuando quienes detentan el poder no comprenden los linderos que limitan su ejercicio. El poder es pasajero, momentáneo y coyuntural, sin embargo, es lamentable como este tipo de fenómenos se hacen cada vez más presentes en América Latina.
Es lógico pensar que no se puede estar de acuerdo con estas acciones, como tampoco habría esperado que el Gobierno dominicano respaldara actuaciones a todas luces antidemocráticas.
Sin embargo, una cosa es la posición personal, y otra muy distinta es la postura oficial de Estado ante la comunidad internacional. Es justo ahí donde, a pesar de coincidir con el Gobierno dominicano, no comparto la forma en la que se procedió sobre el particular.
Digo esto, ya que estoy convencido de que República Dominicana tiene una clara vocación de convertirse en el epicentro de la resolución de conflictos en Latinoamérica y el Caribe. Sinceramente, pienso que podríamos lograr mucho más frente a la comunidad internacional, definiendo una política de neutralidad diplomática, que permita ofrecernos como sede para una cumbre en la que participen los países del hemisferio, Nicaragua incluido, y juntos, mediante el diálogo arribar a soluciones que fortalezcan la institucionalidad, la transparencia y la democracia.
Basta con recordar como en el año 2008, durante la XX Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Santo Domingo, nuestro país fue bautizado como “La Capital de la Paz’, luego de que nuestro Gobierno lograra mediar en una profunda crisis que afectaba a Venezuela, Colombia y Ecuador. Ese acuerdo, que fue sellado con un apretón de manos entre los entonces Presidentes Álvaro Uribe, Rafael Correa y Hugo Chávez, evitó un conflicto armado en ciernes.
Si como país hubiésemos promovido un diálogo regional, hubiésemos extendido el título de Capital de la Paz hasta estos tiempos, colocándonos una vez más en el epicentro de la resolución de conflictos de nuestra región.
Creo que tenemos tiempo y la oportunidad de hacerlo, aún albergo la esperanza de que estas modestas líneas encuentren espacio en la consideración de las autoridades nacionales, si las consideran oportunas. Por: Omar Fernández Domínguez [Listín Diario]