Con el dolor de 47 muertes a cuestas y la frustración ante la falta de respuestas, familiares de las víctimas de la explosión de San Cristóbal, respaldados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y la Comisión de la Vedad, depositaron ayer una solicitud ante la Procuraduría General de la República para que se reabra y amplíe la investigación.
Los dolientes de las víctimas de la tragedia, igual que los directivos de la CNDH-RD, han cuestionado duramente las actuaciones de las autoridades locales y denunciando posibles irregularidades en la gestión de la escena del crimen y sorprendentemente, desligan a los propietarios de la empresa Vidal Plast de cualquier tipo de vinculación con la explosión ocurrida en esta ciudad.
La tragedia, que dejó un saldo de 47 personas fallecidas, incluyendo 12 que aún figuran como desaparecidas, motivó a la Comisión a actuar.
El documento, depositado en el despacho de la licenciada Yeni Berenice Reynoso Gómez, está firmado por los doctores Manuel María Mercedes Medina, Guillermo Castro, Ángel Veras y por la Comisión de la Verdad de San Cristóbal Dr. Manuel Antonio Nina Diaz.
En el documento, los firmantes explican que la solicitud busca profundizar la investigación a fin de determinar los verdaderos responsables del hecho, así como las actuaciones posteriores.
El expediente, que consta de 40 páginas, aporta no solo «el informe final del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal», sino también un contundente análisis crítico de dicho informe.
La CNDH-RD argumenta y la Comisión de la Verdad que este análisis «explica las falacias de este que tuvieron como objetivos desvincular los verdaderos responsables y las causas» de la explosión.
La Comisión observó con preocupación que, a pesar del tiempo transcurrido, el dolor de los agraviados, las constantes denuncias, protestas y videos, hasta la fecha no existe una respuesta clara ni contundente por parte de las autoridades de San Cristóbal.
La CNDH-RD y la Comisión de la Verdad señala que el Ministerio Público, de acuerdo con las normativas, debió haber tenido el dominio de la escena, dirigir las investigaciones, levantar actas, recolectar osamentas y demás elementos que pudieran servir como prueba de lo que realmente ocurrió.
Sin embargo, «muy por el contrario, se permitió que el lugar de los hechos fuera destruido y botado como desecho en el vertedero municipal», vulnerando la dignidad humana de las víctimas.
En este contexto, la Comisión cita el artículo 359 del Código Penal, el cual establece que «quien ocultare o encubriere el cadáver de una persona asesinada o muerta a consecuencias de golpes o heridas, será castigado con prisión correccional de seis meses a dos años y a la vez resultar con multas».
Finalmente, el documento subraya que más de 40 familiares de las víctimas desligan a la empresa Vidal Plast de cualquier responsabilidad penal, basándose en que las investigaciones realizadas que han demostrado que la explosión no se originó en ese lugar. (LD-OJO-jj)
