La práctica de las expropiaciones de inmuebles de forma irregular o sin el pago del justo valor, como exige la Carta Magna, no ha sido erradicada en el país. En un fallo reciente, cuya sentencia integra no ha sido publicada, el Tribunal Constitucional ordenó pagar una indemnización al propietario de unos terrenos usados por la Procuraduría en el 2011 para la construcción del centro penitenciario de La Romana.
Aunque el pago corresponde hacerlo a la PGR, la responsabilidad también recae en Bienes Nacionales y el Ministerio de Hacienda, que deben garantizar el cumplimiento de la sentencia.
Se deberá consignar RD$6,162,800.00 en el presupuesto de la Procuraduría del 2024, “por concepto de indemnización por expropiación irregular efectuada por vía de hecho administrativa”, de unos terrenos privados utilizados sin estar incluido dentro de una parcela que fue expropiada para la construcción del centro carcelario. Por: Wanda Méndez [Listín Diario]
