La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) presentó un extenso catálogo de observaciones al Proyecto de Ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y que fuera redactada por los dueños, directores y periodistas de los medios tradicionales y advirtiendo vacíos legales, riesgos constitucionales y deficiencias en los mecanismos de control, en el marco de la Ley 1-24 recientemente promulgada Proyecto de Ley DNI.
Derechos fundamentales y control del poder
FINJUS subraya que la normativa actual abre espacios ambiguos que podrían afectar la libertad de expresión, la privacidad, el honor y el debido proceso. El documento señala que la recolección y manejo de información carece de procedimientos claros, autorización judicial suficiente y notificación a las personas afectadas, lo que podría derivar en actuaciones secretas sin control efectivo Proyecto de Ley DNI.
Asimismo, se cuestiona el acceso amplio a datos de telecomunicaciones y a la Unidad de Análisis Financiero, así como la omisión de límites precisos para el tratamiento de información privada, en posible contradicción con la Ley 172-13 de protección de datos personales.
Vacíos institucionales y conflictos legales
El análisis técnico identifica conflictos con leyes vigentes como la Ley Orgánica del Ministerio Público, la normativa de archivos públicos y el régimen de compras y contrataciones del Estado. FINJUS también advierte la ausencia de un régimen disciplinario, de responsabilidades administrativas y penales, y de un sistema de fiscalización legislativa robusto, al concentrarse la rendición de cuentas únicamente en el Poder Ejecutivo Proyecto de Ley DNI.
La entidad propone derogar y sustituir la Ley 1-24 por una normativa que defina con precisión el rol de la DNI, establezca controles judiciales y parlamentarios, regule la carrera del personal, y garantice la protección de los derechos fundamentales dentro de un Estado democrático de derecho. (EC-at / OJO-jj)
