Aunque oficialmente no ha sido enviada al Poder Ejecutivo, el consultor jurídico Antoliano Peralta, recalcó que la modificada de la Ley 225-20, de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, será observada y volverá al Congreso Nacional para su estudio.
Esta ley continúa en manos del Senado de la República a pesar de que fue modificada el pasado 23 de julio y luego de su aprobación debía ser enviada al Poder Ejecutivo para ser observada (proceso en que el presidente la devuelva al Poder legislativo con objeciones o comentarios sobre su contenido) o para promulgarse.
Una semana después de su aprobación, el presidente de la República, Luis Abinader, expresó en La Semanal que observaría las modificaciones y realizarían cambios que han sido sugeridos por el sector empresarial.
Sumado a esto, Ricardo de los Santos, presidente del Senado, explicó a reporteros del Listín Diario que estaban en un proceso de estudio, junto al Gobierno, el cual ayudará al primer mandatario a elaborar la observación que presentará en los próximos días.
“Esta semana o la que viene llegará al Poder Ejecutivo y se va a observar, ya está montada la observación”, indicó Antoliano Peralta al ser entrevistado en el programa radial “A Diario”, que se transmite por Sentido 89.3 FM.
De acuerdo al consultor jurídico, “aunque oficialmente no ha llegado al Poder Ejecutivo”, ese órgano entendió que había que reunirse con autores, “con las personas interesadas en esto, porque tal como está si se promulga va a ser un problema”.
Estableció que el país necesita una buena ley de residuos sólidos y “se está trabajando para que sea una buena ley”.
Las modificaciones a la Ley 225-20 ha sido objeto de discusiones y críticas desde su aprobación en el Congreso Nacional, la mayoría de estas llegando principalmente desde el sector empresarial y turístico.
Una de las entidades que se ha opuesto a la modificación de esta pieza Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que indicó que el enfoque de la propuesta podría comprometer los avances en sostenibilidad ambiental, afectar la equidad económica, la participación plural y la gobernanza democrática. (LD-yd / OJO)
