Tener clara la visión país antes de iniciar un proceso de reformas estructurales es tan crucial como definir el destino antes de arrancar un viaje. Esto no solo permite delinear la ruta a seguir, sino también identificar los problemas a corregir antes de comenzar el trayecto.
Una “goma pinchada” no representa un gran problema si solo vamos a recorrer dos o tres esquinas, pero si el viaje es largo, es imprescindible visitar al mecánico para arreglarla y, de paso, revisar la de repuesto. En este sentido, una de las “gomas pinchadas” de la economía dominicana es el elevado número de empresas y trabajadores informales, quienes por definición no están cubiertos por la seguridad social ni pagan impuestos.
Actualmente, el 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) operan en la informalidad, lo cual es preocupante, dado que estas MIPYMEs constituyen el tejido empresarial más importante del país. La otra cara de la moneda es la alta informalidad laboral, ya que el 56% de las personas ocupadas tiene un trabajo informal.
Tener un trabajo informal conlleva varios inconvenientes tanto para los individuos como para el gobierno. A nivel individual, el trabajador no tiene seguro médico contributivo ni cotiza para su pensión; tampoco puede disfrutar de muchos de los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo.
La respuesta tradicional al problema de la alta informalidad sería promover la formalización, ya sea a través de “mano dura” como fortalecer las inspecciones laborales y aumentar la penalidad a organizaciones que incumplan con el registro de sus trabajadores, o a través de “mano suave” mediante políticas de información e incentivos. En pocas palabras, penalizar a las empresas que “se portan mal” o ayudar a que las empresas “se porten bien”.
Sin embargo, este enfoque sería incorrecto para el contexto dominicano, pues solo uno de cada cinco dominicanos que tienen un trabajo informal es empleado de una empresa. Por el contrario, casi cuatro de cada cinco trabajadores informales son “cuentapropistas”, es decir, personas que trabajan por su cuenta sin emplear a otros. Entre los cuentapropistas más comunes se encuentran los chiriperos, motoconchistas, choferes de carro público, jornaleros agrícolas, entre otros.
Esto indica que el problema de la informalidad en la República Dominicana no radica en que muchas organizaciones evaden la legislación para reducir costos, sino en que las empresas formales están contratando a pocas personas, por lo que la gran mayoría de dominicanos tiene que salir a la calle a ganarse la vida como le sea posible. Dicho de otra forma, el reto del gobierno no es lograr que los motoconchistas y chiriperos paguen impuestos, sino crear las condiciones para que se generen una mayor cantidad de empleos de calidad, y así disminuir por absorción el número de trabajadores informales.
Fomentar el crecimiento de las empresas formales no solo aumentaría las recaudaciones impositivas y ampliaría la cobertura de la seguridad social, sino que también incrementaría los ingresos de las personas, especialmente si las empresas altamente productivas lideran la creación de empleo.
Por lo tanto, el principal objetivo debe ser la promoción del desarrollo productivo, para lo cual la anunciada ola de reformas sería solo un instrumento, aunque uno muy poderoso.
Con miras al desarrollo productivo, la reforma fiscal debería considerar la eliminación de impuestos distorsionantes como el anticipo, así como un reenfoque del gasto público para priorizar las inversiones que mejoren la productividad y competitividad del aparato productivo nacional. Por su parte, la reforma laboral debería modernizar los mecanismos de resolución de conflictos laborales para evitar que cualquier disputa sencilla termine quebrando empresas.
Dicho de otro modo, en lugar de tener “mano dura” con las empresas informales, lo más importante sería revisar exhaustivamente y resolver los problemas que enfrentan las empresas formales.
En conclusión, si la economía dominicana fuese un vehículo, podríamos decir que tiene una “goma pinchada” en la alta informalidad. Y dado que nos espera un viaje largo, solo una corrección completa permitirá llegar exitosamente al final de la jornada. Esa corrección es una eficaz política de desarrollo productivo que promueva la creación de cientos de miles de empleos de calidad para los dominicanos que hoy están desempleados o han encontrado en la informalidad la única opción de generar ingresos para sus familias. Por: Juan Ariel Jiménez [Listín Diario]
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