Si se lanza una mirada en retrospectiva sobre el accionar del gobierno ahora saliente y del periodo 2020-2024, definitivamente habría que entender que ya sea por inexperiencia de administración o por corrupción previamente determinada por su partido, el PRM, definitivamente habría que decir, que en una escala de cero a diez puntos el gobierno del presidente Luis Abinader y por la corrupción solo sacaría un dos. Al mismo tiempo y si se usa la misma medida para analizar los pasos de administración de Abinader, el resultado es ligeramente menos traumático: Un cinco.
Lo anterior quiere decir, que las expectativas quedaron muy por debajo de los hechos y que el gobierno en sentido general, no fue capaz de lidiar con el cáncer de una corrupción hija sin duda de la inexperiencia de la mayoría de sus funcionarios como del afán de lucro de casi todos los perremeístas en funciones o cargos públicos y quienes ahora y al hacerse una especie de pase de revista, no sorprende encontrar que el régimen saliente es imposible no calificarle, sino corrupto a secas, sí de medianamente corrupto y un poco más como corruptor.
Recordemos, que los técnicos que la administración del Estado tenía de gobiernos anteriores, fueron desplazados por no menos 100 mil nuevos empleados sin experiencia alguna, lo que es suficiente para catalogar al régimen de sospechosamente corruptor y corrupto y cuando se cae en cuenta de que ahora todos son adinerados (caso administradora del Acuario, mano de derecha de la directora anti corrupción) y para no hablar de escandalosamente millonarios y tanto en lo civil como en lo militar o policial, no hay dudas de que fueron al poder a enriquecerse a como diera lugar, mientras cargan de impuestos a la población y aumentan a más los préstamos desde el exterior.
Es cierto que Abinader y su PRM heredaron un gobierno del PLD de amplias realizaciones positivas, pero marcado con la mancha indeleble de la corrupción de Estado y por lo que ahora, a los peledeístas les ha resultado casi inútil apartar el índice acusador.
Sin embargo, lo real es, que no todo lo que el aparato de justicia del PRM y desde la Procuraduría General de la República emitió en acusaciones increíbles de corrupción a gran escala, ahora se observa que en la mayoría de los casos no ha podido ser demostrado y dando por resultado y que advertimos dos años atrás, de que al momento que el esquema acusador sea revisado en juicios de fondo, sería posible que todas las pruebas y acusaciones se vinieran al suelo.
Y que es lo que ahora ha estado ocurriendo y con solo conocerse la sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada que ha tenido el caso Odebrecht, robo de 92 millones de dólares entregados como sobornos por la empresa constructora brasileña y conocido por declaración propia de la misma, a funcionarios públicos del ejecutivo del presidente Danilo Medina.
Naturalmente, sorprende, que muchos hayan puesto el grito en el cielo por la decisión judicial que libera a los dos imputados más importantes y lo que tampoco debería de suceder, si se tiene en cuenta que el primero de tres que fuera exonerado, hasta el 2010 fue presidente del senado de la República y presidente del hoy partido oficial hasta el 2018, fuera absuelto y que facilitó la oportunidad para que hace menos de quince días, Abinader anunciara su designación como ministro administrativo de la presidencia (despacho que maneja un presupuesto anual dos veces superior al del gobierno de Haití) del político, licenciado en Derecho y productor agrícola, Porfirio Andrés Bautista García y en aquella oportunidad, la reacción pública y menos la mediática, fue parecida a la que acaba de presentarse.
Tampoco se conoció una reacción parecida de la directora contra la corrupción, Milagros Ortiz Bosch, exvicepresidenta de la República, contra la sentencia que ahora libera a un exministro de Obras Públicas de Medina y al encargado de distribución de pagos de nómina y “extras” de la firma brasileña, el auditor Angel Rondón y sibilinamente dando a entender que no solo no está de acuerdo con la sentencia sino que indirectamente dio a entender que los jueces pudieron haber sido sobornados y que es una declaración tan atrevida, que seguro será respondida por la asociación de jueces.
Por la referida sentencia de los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, también confirmaron el descargo del abogado, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y también ordenó la devolución de los bienes de los imputados favorecidos por esta.
Para remate, todo ese sector mediático que pertenece a la nómina gubernamental en materias de propaganda y publicidad ha arremetido terriblemente contra la sentencia aludida y al extremo de motorizar una cruel campaña de difamación e injurias contra los jueces actuantes o en el caso de Ortiz Bosch, recalcamos, hasta poniendo en dudas la integridad de los jueces.
¿Qué razones motivan a esos periodistas, comunicadores y medios y sus lupanares mediáticos en las redes sociales y por tratar de desconocer la decisión judicial?, a nuestro modo de ver, porque todos tienen miedo de que ahora se descubran los sobornos gubernamentales por ellos recibidos y por la fuerte como desconsiderada campaña de desinformación para manipular a la atrapada opinión pública en la que continúan inmersos y a nuestro juicio, en una equivocada reacción política con ánimos de tirarle las culpas a Medina y al PLD y de paso, arrojar dudas sobre la integridad y honorabilidad personal del presidente del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña, a quien ahora, ese sector mediático le achaca responsabilidad en la sentencia en firme emitida en la segunda sala de la SCJ,
También y todo, porque el gobierno y el PRM quieren responsabilizar a otros y no reconociendo que sus fiscales y procuradores contra la corrupción no hicieron su papel de recabar las pruebas suficientes que avalaran sus acusaciones y para que los procesos anticorrupción en los que se habían metido y como ha ocurrido por lo de Odebrecht, no se hubiesen caído y descalificados por los jueces actuantes.
Paralelamente, por nuestras fuentes, hemos descubierto que el gobierno de Abinader está tratando de acumular imputaciones para que su mayoría mecánica en el Congreso Nacional, cualquier día, incoe un juicio político contra el magistrado presidente Molina Peña y sacarlo de la posición que ocupa en la SCJ acusándole de ser un instrumento del PLD y que de suceder, Abinader quedaría y al no tener oposición alguna, política o constitucional en lo institucional, con el control absoluto de todos los poderes del Estado y de esa manera imponerse como presidente y dictador y fabricándose automáticamente como el nuevo caudillo para lo que resta de este siglo.
Al analizar fríamente estos y otros hechos, nos preocupa el sesgo autoritario del gobierno y el empeño abusivo e inconstitucional de medios de comunicación y periodistas, erigidos en un supuesto tribunal mediático en el que solo el que esté en el gobierno o sea leal al presidente Abinader, son quienes pueden salir indemnes de sus ataques, tergiversaciones y malignidades y de lo que sospechamos que ocurre porque esos miembros de la prensa mercancía tienen temor de que Abinader y en cualquier momento quiera meterlos en cintura, aplicándoles la ominosa ley anti derechos civiles y contra las libertades de prensa, información y opinión y como lo es la 1-24.
De ahí, que, por ahora, concluyamos y llamando la atención sobre la gran encrucijada: Para Abinader, que su nuevo gobierno sea uno de gran limpieza y ejemplo moral y para la nación, saber apartar la corrupción mediática de la realidad objetiva de las sentencias judiciales. Con Dios. (DAG) 11.08.2024
