Todos quienes vivimos en territorio dominicano, ya nos hemos acostumbrado en cuanto a que las declaraciones de los políticos en el poder necesariamente no son nada confiables, cuando tan abiertamente la mayoría de estas son para salir de un momento de presión pública por hechos escandalosos de ausencia de aptitud y actitud para responder a los requerimientos de sectores de la población en busca de respuestas ciertas y creíbles sobre determinados hechos en particular.
¿Cuántos son los hechos que se suscitan que estremeces a la atrapada opinión pública y por los que, todos nos damos cuenta de que las autoridades quieren evadir responsabilidad o que sencillamente los funcionarios se niegan a dar explicaciones de acuerdo con lo que determinan las leyes?
¿Acaso no es cierto y para poner de ejemplo, al Poder Legislativo, que en ese poder “primero del Estado”, al ser uno dependiente totalmente del Poder Ejecutivo en materia de proveerle presupuestos. Senadores y diputados y con las naturales excepciones, se niegan a actuar de manera critica contra el presidente Luis Abinader y funcionarios de su gobierno y como a ninguno de ellos se les exigen explicaciones por sus actos y acciones y también se les permite reelegirse cada vez que lo quieran, gracias a un Poder Ejecutivo complaciente, se sienten moralmente comprometidos y como vasallos, con el presidente de la República.
Desde el momento que se parte de esta realidad y la que va paralela con ese sentimiento nada difuso, de una población que ha hecho la corrupción política y social como su base primera para escalar socialmente y enriquecerse en base a una detestable mendicidad social hija del clientelismo político por medio de las ayudas sociales gubernamentales. ¿Se puede aceptar que encuestas del mismo gobierno registran que un 60 por ciento de la población encuestada nada le importan los hechos de corrupción desde el poder o desde el empresariado y su sector financiero?
Si esto es así, ¿habría que sorprenderse de que el país político es el fundamento de los tremendos indicadores de corrupción política y social que abaten a la República y ya a unos niveles tan desastrosos, que entre la corrupción del poder y la otra social procedente de la misma ciudadanía, cada día que pasa, este país es visto y cada vez, como un estado fallido?
Para comprobarlo, solo hay que ver como ese estado de necesidad que lacera a millones de individuos y de todos los estamentos sociales y sin importar raza, obliga a la claudicación moral de todo ciudadano que en algún momento tenga que tocar puertas y ventanillas de alguna institución pública y que es la razón de que en estos momentos sus empleados son incapaces de mostrar una conducta personal de gente decente y horada. ¿Acaso no se han visto situaciones por las que, hasta presidentes de la República y ya como expresidentes, convocan a reuniones públicas para fines de donaciones millonarias y por parte de empresarios quienes a su vez han sido beneficiados por ellos con contratos de obras y de servicios millonarios y exenciones fiscales por miles de millones de pesos, mientras a la población semejante tráfico de influencias les está vedado?
¿Se puede olvidar que, entre senadores y diputados, hay en la actualidad cerca de doscientas ONGs que se nutren de fondos públicos sacados del presupuesto nacional, mientras más de 350 exlegisladores, se benefician de cientos de millones de pesos de los contribuyentes y para sus respectivas oenegés y como demostración indecente de como los agentes de la clase política se enriquecen en base a saquear los dineros de los contribuyentes?
Todavía más, nadie ignora que los principales partidos políticos del sistema y disfrazados como organizaciones no gubernamentales, cada vez tienen ingresos propios y cada uno entre tres y 10 millones de pesos mensualmente y lo que también ocurre en el Poder Judicial y mientras dentro de la población, es tanta la gente que no tiene ningún tipo de facilidad para obtener capital de trabajo para sus propios emprendimientos, mientras y descaradamente en los últimos años, el gobierno ha otorgado miles de pensiones públicas cada mes de de 35 a 75 mil pesos promedio y lo más increíble, para favorecer a miembros del partido oficial.
Es decir, la corrupción política ahoga y de abajo hasta arriba las instituciones públicas, mientras la privada fundamentada en la droga ilícita, el lavado de activos y la evasión fiscal o el sicariato y ni hablar de la trata y el tráfico de personas, se han convertido realmente en la muestra más terrible, de esta nación sacudida por lo peor de la corrupción social.
De esta manera, la mayoría de las personas tratan de sobrevivir y queriéndose adaptar a la ola criminal en la que se ampara el estado delincuente, mientras el gobierno actual y en base a su Congreso, se hace de una ley absolutamente represiva y atentatoria con las libertades de palabra, información, conciencia y de prensa, la 1-24, que fundamenta el estado policiaco en el que se está viviendo y al grado, que ciudadano que no tiene consigo una tarjeta de recomendación de una autoridad militar o policial, fácilmente puede ser víctima de los peores abusos por parte de ese cuartel en donde la extorsión a gran escala y los abusos del poder, se muestran de la manera más duda y represiva y ante una población acosada por la arbitrariedad absoluta.
A todo esto, el 90 por ciento de medios y periodistas, tradicionales o digitales y junto a los inescrupulosos comunicadores o influenciadores en programas de radio, televisión y en las redes sociales, miran para el otro lado y con tal de no perderse los subsidios oficiales millonarios de los que se benefician mensualmente no menos de mil periodistas, mientras quienes son independientes y opinan libremente a su propio riesgo, se les reprime publicitariamente y cuando no, mediante via las tuercas represivas de determinados tribunales “de justicia”.
Nada extraño entonces, que en el gobierno, la mayoría no respete, cumpla y tampoco acate lo que ordena la ley de libre acceso a la información pública, aprobada y promulgada el 28 de julio de 2004 y que tampoco no sea respetada por la mayoría de los funcionarios dentro de los tres poderes supuestamente interdependientes del Estado y la que increíblemente, medios y periodistas, comunicadores o influenciadores se resisten a utilizarla y para no perder los privilegios y canonjías que el gobierno facilita y que es un sector de la prensa “seria” que se ve representado en las ruedas de prensa de cada lunes del presidente de la República y por eso, el tremendo grado de corrupción generalizada que se ha apoderado de la vida nacional.
Lo que nos obliga a plantear, ¿hasta donde se puede creer el anuncio, de que cien funcionarios firman para velar cumplimiento de ley 200-04 cuando más de 1,000 se empecinan en no hacerlo? Con Dios. (DAG) 03.09.2024
