Un amplio despliegue del Ministerio Público denominado Operación SeNaSa 2.0-A, dejó bajo arresto a 28 personas, entre exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y particulares.
El grupo está acusado de participar en un entramado de corrupción y fraude destinado a defraudar fondos públicos administrados por la ARS estatal.
Los allanamientos y apresamientos fueron autorizados por la jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, a solicitud de los titulares de la Dirección General de Persecución y de la Pepca, Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
Los imputados permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que se solicite medida de coerción dentro del plazo constitucional de 48 horas.
Esquema del fraude
La investigación se originó tras una denuncia de SeNaSa presentada el 28 de noviembre de 2024 sobre irregularidades en autorizaciones médicas. Entre enero de 2021 y septiembre de 2024, la red habría utilizado diversos números telefónicos para gestionar falsas aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del call center de la entidad, los cuales no eran reconocidos por los afiliados. Estas maniobras habrían generado un perjuicio preliminar estimado en RD$40 millones.
Para sustentar la orden, la fiscalía presentó 37 elementos probatorios, que incluyen auditorías médicas, interceptaciones telefónicas y certificaciones bancarias.
La orden judicial abarcó inmuebles en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, autorizando la incautación de teléfonos, equipos informáticos, documentos contables, armas, dinero en efectivo y bienes vinculados a lavado de activos.
Entre las personas cuyos inmuebles fueron intervenidos figuran Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Juan Henry Poueriet, Einstein Rafael Borromé Vásquez, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Steven Alexander Rabassa Fernández, Marcelino Eusebio Figuereo, Eulalia Fiordaliza Castro López, Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Luis Manuel Tejada Moreno.
También, Rafael Mauricio Cabral González, María Isabel Batista Germán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Rafael Messon Manzueta, Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García y miembros de la familia Guzmán Vásquez.
Despliegue operativo
El procurador adjunto Wilson Camacho informó que en la Operación SeNaSa 2.0-A participaron 45 fiscales, 200 agentes policiales, 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales y personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Camacho indicó que estas acciones constituyen una segunda fase destinada a desarticular por completo la estructura que extraía recursos de la ARS estatal.
Esta nueva etapa se suma a los procesos iniciados previamente. En la primera fase del caso SeNaSa fue arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de la entidad, a quien el Séptimo Juzgado de la Instrucción ratificó 18 meses de prisión preventiva, medida que también pesa sobre otros imputados como Gustavo Enrique Messina Cruz y Francisco Iván Minaya Pérez.
Otros son, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ángel Luis Guzmán Vásquez. Otros procesados, entre ellos Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, cumplen arresto domiciliario y otras medidas cautelares.
De forma paralela, el Ministerio Público ejecutó en junio pasado la Operación Onco 14, enfocada en supuestas maniobras fraudulentas mediante el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao, donde se investigan irregularidades clínicas, doble facturación y distracción de fondos a través de fundaciones. (LD-rcb)
