Hace 46 años y con la llegada por primera vez al poder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que es el padre putativo del Revolucionario Moderno (PRM) cuando el primero impusiera la censura periodística y la que ahora el gobierno plutocrático quisiera que resurja y para salvaguardar a sus socios plutocráticos, dominicanos y haitianos y otros españoles e italianos, en el poder desde agosto del 2020, y lo que nos hace decir, que ha sido evidente, que, en materia comunicacional, su política se desenvuelve en dos parámetros.
Uno, crear un poderoso mecanismo de propaganda que aplaste a todo aquel que sea disidente o que se le entienda tímido y dos, imponer un proceso de auto censura a gran escala que ahogue en formulismos jurídicos al nuevo periodismo emergente en las redes sociales y hasta constreñirle lo suficiente para que independiente al sistema judicial actual que tiene una ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología que reprime severamente a los medios digitales, también Ley núm. 339-22 que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. Ver: G. O. No. 11076 del 29 de julio de 2022. Y la tradicional 6132 sobre la libre expresión y difusión del pensamiento.
Y las que a su vez, una de ellas presenta la grave disparidad, de que mientras la difamación e injurias no es sancionada en el periodismo tradicional, en la prensa escrita o en la radial y la televisiva, a los medios digitales y con el pretexto de que el periodismo tradicional solo está para informar y sin limitaciones de alguna especie, para el digital, ahora se le quiere imponer una ley mordaza, cuyo único propósito, es que los miembros de la clase gobernante se encuentren a salvo de cualquier tipo de información o comentario que pueda entenderse que violenta el derecho a la salvaguarda personal y la intimidad y que en la generalidad de los casos, cuando las criticas se presentan, tienen mucho que ver con los comportamientos abusivos y totalitarios de quienes se entienden ciudadanos de primera que no guardan respeto a las normas de decencia pública y frente al resto de segunda y puro pueblo, cuyo comportamiento social natural es del respeto hacia los demás.
La situación ha generado un extraño como feo conflicto de una prensa tradicional creyéndose que está por encima de la digital y acicateada, de que la tradicional y desde el 1920 al 2020 ha sido una, que sus dueños y directores mantuvieron una férrea censura contra todo lo que se publicara en periódicos y revistas escritos y haciendo énfasis en el opresivo sistema de censura sobre lo que columnistas, colaboradores y opinantes libres pudieran escribir y que los directores de esos medios dejaran publicar.
Al ocurrir el nacimiento y consiguiente explosión del internet y sus medios digitales alternativos, fue evidente que la ciudadanía descubrió lo que ahora se llama periodismo ciudadano, es decir, el derecho constitucional y humano de origen natural que le asiste a cualquier ciudadano de manifestar lo que piensa, entiende o considera desde los ingenios tecnológicos que la nueva comunicación ha creado a partir de un teléfono celular y las aplicaciones tecnológicas derivadas.
Sí es cierto, que la gente, al descubrir el periodismo ciudadano estalló en un amplio libertinaje de opinión y exposición que prácticamente puso en jaque al periodismo tradicional y ni se diga a los dueños de la prensa tradicional y junto a ellos a los miembros de los poderes económicos y todos los gubernamentales.
Entonces, devino la lucha por la sobrevivencia de uno y de otro sector y lo determinante, de que mientras la prensa escrita y sus asociadas electrónicas perdían audiencia, los medios digitales generaban nuevos pilares de conducción en los llamados influenciadores y quienes en menos de lo que pestaña un ojo se hicieron millones de seguidores y en dimensiones tan amplias, que su mensaje prendió en la atrapada opinión pública y a un grado que la creación de una nueva opinión pública masiva emergió de repente.
Es decir, mientras la prensa tradicional era conservadora y muy puritana, la prensa digital rompió moldes y creando una nueva como dinámica opinión pública innovadora en el más amplio segmento poblacional y con preponderancia entre un público de 14 a 54 años y con enorme influencia en las personas de más edad y lo que generó el terror de los llamados barones mediáticos, quienes de golpe, se daban cuenta de que la batalla por la opinión pública la tienen perdida.
Cómo ya se ha visto, los barones mediáticos y sus socios en el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) se le han lanzado al cuello a ese periodismo ciudadano y con el pretexto de que en este “se injuria y se difama sin control alguno” y lo que en algunos casos es cierto. Pero olvidando interesadamente, que nuestro ordenamiento legal es tan robusto, que, para esa situación de difamaciones e injurias, son los tribunales los que tienen la última palabra y que estos poseen a mano el conjunto de leyes y decretos que más arriba hemos descrito. Solo es que quien se sienta perjudicado apele a ese ordenamiento jurídico controlador de la palabra moralmente desviada y para que el daño moral infringido sea resarcido.
Pero tanto los grupos económicos y financieros como los miembros de la partidocracia, ni por asomo quieren que los ciudadanos se expresen en libertad y ejerciendo el libre disentimiento y de ahí que ha ocurrido lo sorprendente, de que directores y periodistas dentro del periodismo tradicional, se constituyeron en una célula de control de opinión contra los ciudadanos y los medios digitales y habiéndose llegado a formular un proyecto de ley mordaza contra los medios digitales y, al que el gobierno de inmediato le dio su beneplácito. Pero generando el desliz, de que ese escuadrón de censores, ni por asomo se les ocurrió convocar a los principales medios o plataformas digitales y escucharles, sino que manu militaría decidieron imponer el grosero proyecto atentatorio contra el periodismo y la opinión libre a todos los poderes públicos y privados y como el presidente de la República controla al Poder Legislativo, se nota que tiene la peregrina idea de que el escuadrón de censores de la prensa tradicional podrían salirse con la suya.
Con ese propósito, pagaron a dos comunicadores y para que desde sus canales en you tube estos se presentaran como las muestras de los peores difamadores y para justificar que en el Senado de la República, el susodicho proyecto de ley mordaza pasara lo más rápido posible.
Sin embargo, el tiro les salió por la culata, pues la atrapada opinión pública se ha volcado masivamente hacia el periodismo ciudadano digital y generándose la situación real, de que parecería, que en verdad el periodismo tradicional se enfrenta al periodismo digital y que son los mismos periodistas y comunicadores los que se están descalificando entre sí y lo que no es cierto ¿y por qué lo decimos?, porque cuando todos los periodistas y comunicadores se den cuenta de que los poderes económicos, financieros y políticos son los que realmente quieren aplastarlos, la nación verá de como los periodistas y comunicadores, en su totalidad les harán frente.
Es por esta determinante razón que decimos, que el periodismo y como clase, no se va a suicidar y sin importar las desavenencias pasajeras que haya y si a algunos se les olvida, seguro que la ira popular les obligará a reconducirse.
Mientras tanto, nuestro consejo al gobierno plutocrático que preside Abinader: No caiga en el error de promulgar esa ley mordaza y si no quiere que un fuerte estallido de ingobernabilidad le estremezca y junto a sus socios plutocráticos. La ciudadanía no se lo va a permitir y si no lo cree, haga la prueba y que Dios reparta suerte.
Nos conformamos entonces con advertir por ahora, que se está ante una hora aciaga para la comunicación. Parecería. Que el mismo periodismo se está poniendo límites y candados y sus enemigos en el Consejo de Competitividad. Felices. Con Dios, (DAG) 28.05.2025
imagen: cachicha
