En principio, hablar de crimen de lesa patria, se entiende el delito que compromete la seguridad exterior del Estado, con la excepción, de cuando una organización interna pretende alterar la paz pública y desarticular la estructura organizativa del Estado y ante lo cual, no solo el gobierno de turno sino la universalidad de las fuerzas vivas nacionales y preferentemente vía la sociedad civil, deben tener un accionar relevante y con miras de detener en seco la afectación que en específico se pretende contra la nación.
En este sentido, la huelga iniciada por la conspiradora impenitente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) pretendiendo exigir otro aumento salarial más y en momentos que la crisis económica está afectando seriamente el desenvolvimiento del Estado, es una situación y dadas las circunstancias actuales, que está pretendiendo socavar de lleno la institucionalidad.
¿Cómo es posible, que este gremio político de maestros, que no solo tiene los mejores salarios que se pagan en la Administración Pública, sino que cuenta con una de las cooperativas más prósperas entre instituciones privadas y con un capital tan amplio, que los más de cien mil miembros de la ADP tienen garantizado el bien que quieran, así como los recursos monetarios alternativos para desenvolverse en su diario vivir y con los que lograr evitarse cualquier tipo de iliquidez personal o familiar que pudiera afectarles, tenga los bríos y en un grave momento de crisis económica nacional, por solicitar nuevo aumento salarial, cuando lo lógico debería de ser, que toda pretensión sobre este particular quedara en suspenso por lo menos hasta diciembre de 2023?
Realmente, es más que sorprendente la ausencia de responsabilidad cívica por parte de los miembros de la ADP y quienes como agentes políticos radicales corrosivamente sectarios, solo piensan en como beneficiarse del erario y a costillas de los contribuyentes y como lo hacen todos los días, no cumpliendo con su horario de trabajo o suspendiendo cuando le viene en ganas el horario escolar y hasta abandonando sus responsabilidades con el Estado para cumplir con trabajos colaterales y esto último, sin que la autoridad de Educación se le pudiera ocurrir descontarles las horas que dejan de trabajar.
Por ese accionar tan delictivo, es evidente que se está ante un gremio que actúa pandillerilmente y el que hace rato que la formación política a la que se debe debió de llamarle a capítulo y exigirle que sus miembros cumplan sus obligaciones con el Estado. En vez de hacer esto, se nota como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que es la organización que supuestamente “controla” a la ADP y con su silencio provocador, incita al gremio mencionado a que continue tratando de socavar la gobernabilidad y sin importarle afectar la paz social.
De ahí que no sorprenda la labor de zapa que los dirigentes del PLD y directa o indirectamente apoyan que la ADP realice en contra de la ciudadanía y en particular contra las familias y los 4 millones de estudiantes de primaria y secundaria, que en estos momentos se encuentran en suspenso en sus estudios y debido a la huelga-movilización fijada por el gremio docente y que si el Estado tuviera las herramientas de ley necesarias, debió de haber enfrentado y hasta llegar incluso a la declaratoria constitucional de clasificar fuera de la ley a la ADP.
La huelga y que en la presidencia del gremio subversivo denominan “movilización de maestros”, presenta como pretexto para su accionar, no solo el nuevo aumento salarial, sino también “el nombramiento de profesores y personal administrativo, equipamiento de escuelas, la falta del almuerzo escolar, pagos de pre y post natalidad a maestras, carencia de libros de textos, mejoría del seguro de salud” entre otros planteamientos y que si se hace un análisis retrospectivo, es evidente que el Estado y con sus más y sus menos los ha cumplido todos, aunque no así al nivel abarcador que la ADP quisiera para sí.
En términos generales, esta nación no puede estar expuesta todo el tiempo, al chantaje continuo de este gremio de maestros políticos subversivos y el que, el PLD está utilizando como abusiva herramienta de presión contra el presente gobierno constitucional.
Al mismo tiempo, no se entiende el por qué desde el ministerio de Educación y a nombre del Estado, no se incoa una medida de acción constitucional desde el Tribunal Superior Administrativo, primero y luego ante el Tribunal Constitucional, con miras a que definitivamente, los jueces valoren y determinen, hasta donde el accionar huelgario subversivo, puede o no ser tolerado y desde el punto de vista, de que las continuas movilizaciones de la ADP generan cuantiosas pérdidas al presupuesto de la Nación y a lo que debe ponérsele coto.
Mientras tanto, sería de desear, que el gobierno central y al disponer vía su partido, de una mayoría parlamentaria suficiente, haga que esta declare fuera de la ley a la ADP y viabilice los mecanismos constitucionales y con miras de llevar ante los tribunales a la directiva nacional en pleno de la ADP y a las directivas subsidiarias en los 122 distritos educativos en los que está organizado el sistema educativo.
Al plantear estas medidas, bajo ningún concepto estamos en contra de la las libertades de expresión y de asociación por parte de los maestros, sino que entendemos, que las diferencias que la ADP a hecho insalvables entre el Estado y ese gremio, sean discutidas y dilucidadas ante los tribunales de la República y mucho más, cuando es tan evidente, que con sus huelgas, paros y movilizaciones, la ADP procura desestabilizar y afectar toda la vida nacional y lo que racionalmente, no debe ni puede permitirse o tolerarse.
Además, ¿a qué se debe la “timidez” de la Cámara de Diputados, que no llama a cuestionar en vistas públicas al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo y quien es diputado en ejercicio? Al esto no hacerse, es evidente entonces, que parecería que hay una situación de entrampamiento y hasta de complicidad de miembros de la cámara baja, incentivando el accionar subversivo de la ADP y con el propósito nada oculto de afectar la institucionalidad que el gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM está llamado y obligado a preservar y proteger. Y lo que nos hace puntualizar, que en lo de la huelga del sindicato de maestros, es un crimen de lesa patria el factor que está en juego. (DAG)
