El proyecto de ley de fideicomiso público que fue aprobado en el Senado de la República sigue generando debates, desde el punto de vista político y jurídico. Tanto es así, que los legisladores del gobierno y desde el Poder Ejecutivo han tildado las críticas que provienen desde los principales partidos políticos de la oposición (Fuerza del Pueblo) y desde la sociedad civil, que el rechazo al referido proyecto tiene más matiz político que técnico.
En este contexto, hay que recordarle, a quienes descalifican los cuestionamientos que desde diferentes sectores se han realizado al proyecto que, en este país con un sistema presidencialista todas las iniciativas que provengan desde el Poder Ejecutivo tienen un tinte político. Además, hay que refrescarle la memoria informándole que dentro de las instituciones que han realizado cuestionamientos a la pieza legislativa se encuentran: Participación Ciudadana, Colegio de Abogados, y la Fundación Justicia y Transparencia.
En ese orden, hay que destacar que en el gobierno pasado cuando Participación Ciudadana criticaba las ejecutorias del gobierno y las falencias que endilgaban a la Ley núm. 340-06, los que hoy están en el poder y en el Congreso Nacional, no calificaban de políticas tales declaraciones, porque les convenía.
En esa misma línea, desde el Gobierno plantean la excusa de que otros gobiernos también han creado fideicomisos. Sin embargo, si esos proyectos se realizaron al margen de lo que establece la Ley núm. 340-06, cómo es posible que, en el Gobierno del cambio, se sigan implementando malas prácticas en la administración de la cosa pública. Por tales razones, estamos de acuerdo con lo planteado por la secretaria Legislativa de la Fuerza del Pueblo, que el proyecto de ley de fideicomiso público tiene un alto interés para el Gobierno de turno, pero es violatorio de la Constitución y se utilizara para saltar de manera olímpica los controles y procedimientos establecidos en la ley de compras y contrataciones públicas.
En conclusión, el proyecto de fideicomiso público debe ser consensuado y sometido a vistas públicas, ya que lo que está en juego no es el patrimonio privado de quienes lo defienden, sino el patrimonio de los dominicanos. Además, hay que tomar en consideración, que en otras legislaciones el fideicomiso está prohibido. En ese sentido, el referido proyecto, debe contar con el apoyo de todos los partidos políticos, la sociedad civil y del pueblo, que es, el soberano. Por: Máximo Calzado Reyes [El Caribe]
