Fuera de que se entienda la culpabilidad o no de los imputados y lo que tiene que ver con un juicio de fondo dentro de 18 meses para los imputados principales, lo cierto es que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no deja de tener razón en su planteamiento respecto a que la presión mediática fue decisiva en las sentencias emitidas y en ese aspecto, entendemos que la aplicación de la justicia continua en este país sujeto a la voluntad política de los poderes inmersos en el debate público.
Particularmente, creemos que y si se aplican los textos jurídicos en lo referente a la prisión preventiva, no se puede refutar que su origen determina una excepción o que la misma sea la regla, cuando el espíritu del Código Procesal Penal dispone que los jueces y en materia de castigos a imputados a quienes se los comprueba responsabilidades directas en uno o determinados casos, siempre deberán de evaluar la pertinencia de la libertad condicionada fuera de una cárcel pública y por una sola razón, proteger al procesado de la violencia punitiva del Estado.
Es decir, y como se está viendo en las difamadoras redes sociales, que un cierto espíritu de odio y revanchismo político por parte de adversarios políticos que quieren volcar en determinados procesados el odio más enfermizo y pugnaz y el que increíblemente no es del todo despreciado desde el ministerio público, sin duda es la razón fundamental que mueve el circo mediático que le ha sido impuesto a la República y a resultas del caso Calamar.
En este punto, hemos visto como enemigos personales y, otros, tanto o más envidiosos y la mayoría, por el placer enfermizo que sienten al comprobar que un ex alto cargo público está caído y estigmatizado, es el espíritu nocivo que se ha impuesto y tanto, que la juez actuante parecería que no ha podido sustraerse a semejante acorralamiento mediático.
Personalmente, quien escribe, podría sentirse complacido frente a los caídos exministros, José Manuel Peralta o Donald Guerrero o tal vez cualquier otro en lo futuro, pero como persona decente, no puede ni debe dar rienda suelta a sus ánimos personales, cuando de lo que se trata, es sobre un análisis político de Estado en el que la objetividad más firme es la que debe prevalecer en los juicios que emita y respecto a las incidencias del caso penal que está en conversación de todos.
Por eso, a partir de ahora y ya que la juez actuante determinó medidas de coerción de 18 meses de cárcel publica y en lo que los fiscales terminan de darle forma al cuerpo de sus acusaciones o imputaciones, nuestra obligación moral es no servir de mecanismo de agitación pública y mucho menos de emisión de odios abusivos con los ahora caídos.
De ahí que entraremos en un proceso cautelar de prevención de opinión y hasta que se llegue al cumplimiento de los 18 meses pautados y para que en la medida que el proceso se encuentre ante un juicio de fondo y por las contradicciones que se presenten, ser una especie de testigo de piedra y con el único interés de que la justicia no se desborde en sus pronunciamientos y los políticos y medios se frenen en sus soflamas y abusos de opinión.
La justicia politizada le ha hecho mucho mal a nuestras instituciones y por momentos, ha afectado sensiblemente el ejercicio democrático de la opinión disidente y ni que decir de esas indecentes camarillas políticas y mediáticas cuyos exponentes y como lobos hambrientos, siempre se han encargado de afectar las emociones del público y al mismo tiempo imponer el terror de lo llamado “políticamente correcto” y para que nadie exponga en contra de esa generalidad avasallante, de individuos con presencia en medios de comunicación y en estructuras del aparato de justicia, absolutamente dispuestos a desconocer o sabotear el Estado de derecho y también la libre opinión.
Ahora, nos encontramos a las puertas de un debate hiriente, por medio del cual, determinados actores políticos y mediáticos, al acosar desvergonzadamente a quienes han hecho objeto de sus odios más profundos y si estos no encuentran oposición, serían muy capaces de pervertir los casos procesales sobre corrupción que se están discutiendo en los tribunales y en particular los nueve ya nacionalmente conocidos.
Recuérdese que si se toma en cuenta que cada individuo procesado en estos casos, tienen no menos de diez dolientes directos y más de veinte indirectos y todos con familias y con lazos familiares propios y entrelazados, estaremos hablando, de que de pronto, casi un millón de personas han sido arrastradas hacia un emotivo encuentro de opiniones en el que para ello, los que entienden es que se afecta a sus familiares o se apabulla y persigue a quienes les deben agradecimientos o favores políticos y esto, no solo es más que suficiente para que el clima político se enrarezca y si el resto de los ciudadanos no hacen por controlar sus emociones.
Ante semejante situación, lo prudente, es que los ánimos se contengan y que todo criterio u opinión se maneje, aunque sea dentro de la mínima objetividad y freno emocional y es que, al fin y al cabo, todos en este país nos conocemos y todos de una u otra manera tenemos relación entre sí.
Desde luego, comprendemos que se está en año preelectoral y por lo tanto, con las emociones a flor de piel y entre unos que aspiran a ser poder y otros que quieren desalojar a los que ahora ejercen el poder en los tres poderes interdependientes del Estado y a lo que, si les agregamos las manipulaciones mediáticas y los subjetivismos de tanto fiscal desesperado por escalar aún más arriba, bien que podría decirse que el clima social podría deteriorarse significativamente.
Sí creemos que, en este punto, somos los periodistas y medios quienes tenemos la obligación de contener las emociones de todos y tratar de guiar la búsqueda de serenidad de juicio y en aras de que la justicia real cumpla su objetivo y el clima político tampoco se resquebraje.
Y lo más importante, que, como resultado de todas estas iniciativas judiciales, los políticos logren dominar, detener o frenar sus indudables culpas y directamente propiciando las inconductas y actos de corrupción, que solo quien esté en el ejercicio de la administración pública y en algún momento pudo cometer y por la complicidad de los propios suyos.
Concluimos por ahora diciendo, que independientemente de que los implicados en el Caso Calamar sean declarados culpables, es evidente que la presión mediática por un lado y el terror a las redes sociales por el otro influyó en el ánimo de la juez a cargo en lo de las medidas de coerción. (DAG) 05 de abril de 2023
