La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago ordenó eliminar las fichas policiales y levantar el impedimento de salida del país a una pareja que había sido absuelta en un proceso judicial, pero que permaneció más de cinco años con restricciones y registros activos en el sistema.
La decisión se produjo mediante la acción constitucional de habeas data y amparo correspondiente al caso No. 2026-0066565, conocido el 13 de marzo de 2026, bajo la presidencia de la magistrada Yiberty Marín Polanco Herrán.
De acuerdo con el acta de audiencia, el proceso se originó por una presunta violación a la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, en perjuicio de Santiago Miguel Ángel García y María Eugenia Núñez Domínguez.
Posteriormente, los ciudadanos fueron descargados de la acusación; sin embargo, sus registros policiales permanecieron activos, generando consecuencias legales y administrativas.
El tribunal estableció en su decisión que se debía «levantar cualquier ficha que se encuentre» a nombre de los afectados, en vista de que el proceso penal había concluido, y ordenó además que se les otorgue certificación de no antecedentes penales.
Igualmente, dispuso el cese de cualquier restricción a su movilidad al indicar que «no existe motivo para restringir la libertad de tránsito y ambulatoria» de los accionantes.
«Porque no es fácil uno tener una ficha con impedimento de salida por tanto tiempo, por un caso que no somos culpables, nosotros vivimos en Nueva York y tenemos una vida allá», expresó en la audiencia María Eugenia.
Más de cinco años de afectaciones
Según el contexto del caso, ambos residen en Nueva York y durante más de cinco años enfrentaron dificultades para conseguir empleo debido a la permanencia de la ficha en los sistemas oficiales, además de un impedimento de salida vinculado al mismo proceso del cual fueron exonerados.
«Señora magistrada, ya vamos aproximadamente para cinco años, mi profesión es chofer y no me dan la licencia por no poder obtener el papel de buena conducta, yo tengo dos niñas que mantener, no me dan trabajo», manifestó Santiago Miguel ante la magistrada.
Acción legal y fallo
La pareja fue representada por los abogados Russel Orlando Aracena Peña y Orlando Aracena Vásquez, de la Fundación Vida Sin Violencia, quienes interpusieron la acción constitucional para lograr la eliminación de los registros.
El tribunal también ordenó la devolución de sumas de dinero entregadas como garantía económica y estableció una sanción de 20,000 pesos por cada día de retraso en el cumplimiento de la decisión.
Abogado advierte sobre práctica recurrente
El abogado Russel Aracena afirmó que este tipo de situaciones no es aislado.
Indicó que muchas personas descargadas de procesos penales continúan con fichas activas en los sistemas, lo que provoca daños económicos y morales, así como limitaciones en derechos fundamentales como el trabajo y la libre circulación. (DL-jz / OJO)
