El Instituto Duartiano rechazó las afirmaciones de la Defensora Pública Interamericana por República Dominicana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Elizabeth Rodríguez, en el sentido de que las decisiones de ese órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) resultan vinculantes para nuestro país.
El presidente de esa entidad, Wilsón Gómez, aseguró que «la referida abogada miente cuando afirma que el país no ha dejado de estar sometido a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana».
“Esta aseveración sí preocupa, toda vez que pretende ignorar tan clara y categórica decisión como la Sentencia TC/0256/14, de fecha 4 de noviembre de 2014, emitida por el Tribunal Constitucional”, expresó en un comunicado enviado a este medio.
Además, manifestó su inquietud al conocer que un órgano de la administración «desacate el contenido y los alcances de una decisión del TC, pese a que la Constitución de la República consigna que sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado».
Gómez indicó que la presencia activa de una Defensora Pública en un organismo internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos «constituye una anomalía, una burda intrusión, en fin una inexplicable usurpación de funciones».
Explicó que el Instrumento de Aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suscrito por el Poder Ejecutivo el 19 de febrero de 1999, como aseguró el Tribunal Constitucional, “es un acto que por su trascendencia afecta a todos los dominicanos”.
«Para ser vinculante respecto al Estado dominicano, debió haber cumplido con los requerimientos establecidos en la Norma Suprema dominicana: la Constitución, toda vez que dicha aceptación transfiere competencias jurisdiccionales que podrían lesionar la soberanía dominicana, el principio de separación de poderes y también el principio de no intervención en los asuntos internos de la República Dominicana», declaró.
Según aseguró, esta orientación jurídica no es exclusiva de nuestro país, ya que es compartida y forma parte del derecho constitucional comparado.
«(Esto) retiene que cualquier instrumento jurídico internacional, aun cuando no sea un tratado, tiene que ser sometido al régimen de ratificación congresional, debido a que son actos jurídicos que comprometen internacionalmente al país», precisó.
«Se advierte con meridiana claridad que por decisión del Tribunal Constitucional dominicano se desvinculó a nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); por eso los aviesos aprestos de reincorporarlo y hacer peligrar la integridad de la nación y su soberanía», concluye la misiva firmada por Gómez. (LD-OJO)
