La mayoría de los dominicanos de ahora, 8.5 millones de personas, cometen el grave error de analizar la Era de Trujillo (1930-1961) desde la perspectiva del relato falso que sus padres y abuelos les cuentan y sobre un país que las generaciones posteriores al 1961 y que ahora cuentan con 64 años máximo, nunca conocieron y tampoco vivieron. En la Era de Trujillo éramos 2.5 millones de habitantes y en la era de la democracia en estos 64 años, somos 8.5 millones y para un total de 11 millones de dominicanos.
Lo primero que debe decirse y para colocarlo todo en contexto, que los dominicanos “de la Era” eran personas extremadamente cultivadas educativamente y su clase gobernante compuesta por profesionales diestros en el saber y competentes en el actuar administrativo, al tiempo que la población tenía una profunda educación moral y cívica, que ahora deberían ser logros que envidiarían las presentes.
Para empezar, quienes conformaban la elite gobernante, caracterizada por un profundo respeto al expresidente, generalísimo y dictador y comprobando todos ellos, que día a día, como Trujillo, quien había recibido una aldea y treinta años después entregó como una nación de una alta calidad moral y potencialidad económica y en lo militar, calificada como la primera potencia militar en el caribe central, manejaba los recursos y dineros públicos y con un alto grado de honradez y pulcritud, que ciertamente era digno de imitar.
Fue solo después de las fracasadas invasiones castristas del año 1959 y también a causa de las sanciones económicas internacionales ocasionadas por el intento trujillista de eliminar al entonces presidente venezolano Rómulo Betancourt, que en el territorio nacional se dieron los primeros brotes de oposición política militante y cuya columna vertebral estaba compuesta por los hijos de determinados altos burócratas del Estado así como de las empresas públicas estatales, que para la época, la propaganda adversaria decía que “pertenecían a Trujillo” o más descarnadamente “que Trujillo supuestamente “se las había robado” y quienes -esa parte de la juventud- habían sido sugestionados por la propaganda castrista y comunista.
En realidad, lo que ocurría era simple: El país estaba bajo un sistema totalitario personal y todo se le achacaba a la voluntad omnímoda “del jefe” e incluyendo los crímenes y asesinatos que perpetraban sus asociados como agentes políticos en provincias y entre estos, por lo menos tres de los que participaron en la emboscada en la que Trujillo se batió solo y a tiros.
Por eso el patrimonio nacional era confundido con el de Trujillo y hasta que se comprobó y años después de muerto, que en realidad nada de lo que se decía que pertenecía al Generalísimo, nunca correspondió a su patrimonio y sí que él funcionaba como el administrador de bienes y activos de los que siempre decía que pertenecían a la República y a sus ciudadanos y como se comprobó cuando se hizo el rastreo contable en la oficina privada “del generalísimo”.
Durante su gobierno y que es desde donde entendemos que nació la corrupción política, social y económica de ahora, Trujillo y para evitar encontrarse aplicando medidas draconianas de fuerza a sus propios colaboradores y en específico a los de uniforme, dispuso, que en materia de los presupuestos militares, el diez por ciento de sus montos deberían de ser reservados al uso y libre albedrío de sus respectivos comandantes y en parecida medida pero en un porcentaje menor, en las cabezas de la administración pública.
Con semejante medida de administración, Trujillo obtuvo el antídoto que evitó que en sus gobiernos la corrupción fuera endémica, Cosa que no fue así a partir del gobierno del Consejo de Estado de finales de 1961 a diciembre de 1962, cuando de unas elecciones generales que se dieron, surgió el primer gobierno postdictadura del exiliado Juan Bosch y su partido el PRD del exilio.
Entonces, en el lapso, muerte de Trujillo, mayo 30 1961 a diciembre 1962, la alta burocracia del Estado y de las empresas estatales, comenzaron a enajenar la cosa pública y como sus ejecutivos tenían documentos que habían firmado como supuestos propietarios, ante el nuevo gobierno los hicieron valer y de ese modo comenzó la destrucción de un patrimonio compuesto por activos líquidos y de muebles e inmuebles, que conservadoramente y para la época, recordemos que el país no tenía deuda externa y la moneda nacional era el peso oro que valía más que el dólar estadounidense en los mercados internacionales, de nada menos 500 a 800 millones de dólares.
Todo ese patrimonio fue robado y saqueado hasta muy lejos el gobierno del Triunvirato en el 1964, donde hubo la “genialidad” y como máxima muestra de corrupción política, de alterar el estado jurídico mediante la creación de los documentos notariales de firma privada, que no tenían ninguna exigencia y dejando a un lado los actos notariales auténticos que eran garantistas de que lo que atestiguaban se correspondía al estado de derecho.
Fue de ese modo que se inició la corrupción a gran escala de ahora y comenzando con la destrucción de la fábrica de armas, que ya era un emporio comercial exitosísimo, igual la de pólvora, más la empresa Ultramar Dominicana que manejaba toda la industria ligera y se dieron los primeros zarpazos para enajenar el patrimonio de más de 50 empresas estatales y ni hablar las de los ingenios de caña de azúcar y sus derivadas de ganadería, el Ceagana y las que recibieron el tiro de gracia entre los años 2004 al 2006 en uno de los gobiernos del presidente Leonel Fernández, quien con el pretexto de la corporación que creo para pasar a manos privadas 40 empresas públicas que aun funcionaban, terminó por descalabrar y destruir todo el patrimonio industrial y financiero que quedaba de los tiempos de Trujillo.
Ahora bien, hay que hacer una digresión, la corrupción propiamente y a gran escala, la inició el PRD en sus dos primeros gobiernos desde el 1978 al 1986 y después el del 2000 y hasta dar el salto a los gobiernos de Leonel a partir del 2004. En tanto hubo el lapso 1986-1996 de los gobiernos desarrollistas de Balaguer, donde hubo un freno real a las malas prácticas corruptas de políticos y empresarios y al tiempo que hubo el relanzamiento de la economía en base a ahorro público y nada de préstamos y como nunca anteriormente e incluida una reforma tributaria cuyos efectos auspiciosos han evitado el colapso general de la nueva economía a partir del gobierno del PLD 1986-2000, pero vuelta a descalabrarse con el gobierno del PRD de Hipólito Mejía 2000-2004, quien entre sus «heroicidades» se destaca, que permitió que el director del CEA, un señor de apellido Báez, descalabrara, enajenara vendiera y destruyera 500 kilómetros de rieles de su red ferroviaria a nivel nacional.
A partir del primer gobierno de Leonel en el 2004, la corrupción y las malas prácticas administrativas recobraron bríos y con sus más y sus menos continuaron en los gobiernos siguientes suyos y de Danilo, hasta que el último entregó a los nuevos gobiernos presididos por el presidente Luis Abinader y del PRM (hijo putativo del PRD) quienes han roto todo límite en materia de corrupción y destrucción y enajenación de los recursos y dineros públicos.
Ahora, se ha llegado al extremo, de que aquel decreto de Hipólito que creó el Consejo Nacional de Competitividad y que con Danilo y hablamos del 2017, le dio concreción con el nombramiento de las 48 más importantes fortunas nacionales dueñas de todos los medios de producción, mientras que con Abinader le ha dado paso a un mecanismo de poder económico y financiero privado y en base a mano de obra ilegal haitiana, con el cual, el presidente Abinader entregó todo lo relativo a la administración de las finanzas públicas y el manejo administrativo del Estado, creando la especie de gobierno plutocrático, que evolucionó en el 2023 a un gobierno plutocrático controlado por empresarios millonarios dominicanos y haitianos, responsables de lo que bien debería llamarse, institucionalización masiva y corporativa de la corrupción desde las fuentes de poder político, económico y social.
¿Resultado?, la nación y su economía ha quedado secuestrada por esa banda de delincuentes de cuello blanco que Abinader ha organizado y convirtiendo a la República Dominicana en el peor antro de corrupción masiva con la etiqueta de Republica “independiente” y que apuntalada por la terrible parálisis moral social que azota a la nación, parecería, que solo por la fuerza se podría salir de esta dictadura de 64 años que impulsó el millonario Gianni Vicini y que controla la nación y por cobardía y prácticas corruptas de su clase media y en menor medida, por parte de un sector popular ahogado y atrapado en la corrupción hija del narcotráfico, el lavado de activos, todas las formas de contrabandos, la amoralidad extrema y la corrupción turística sexual.
Abinader ha llegado al extremo, de endeudar al país masivamente por cerca de 70 mil millones de dólares e incluida la deuda privada de los empresarios, el peso necesita 61 para obtener un dólar, las infraestructuras que recibió a punto de ser terminadas con el 30 % que faltaba para el 2020, todavía no han sido terminadas e incentivando la corrupción a gran escala y a un nivel crítico, de pagar cada año no menos de 20 mil millones de pesos en sobornos de todo tipo a la prensa tradicional mercancía y a sus periodistas y comunicadores.
Ser honrado ya no es la prenda tradicional por excelencia y teniendo Abinader el penoso mérito de haber logrado corromper a la mayoría de los dominicanos y de modo especifico a sus nuevas generaciones, mientras él mismo y sus allegados se han enriquecido en base a su ejercicio de poder usurpado mediante dos elecciones fraudulentas y en base al dinero de los contribuyentes.
Ahora la República está postrada y también por cobardía de los dominicanos y quienes han sido doblegados por los subsidios y prebendas de todo tipo. Para colmos, el gobierno no tiene ni un chele en caja y vive del día a día, mientras su amoral propaganda dice todo lo contrario y como si todo lo anterior fuera poco, Abinader tiene el coraje de impulsar una ley mordaza y para evitar que en las redes sociales se sostenga la libre opinión contestataria y el nuevo periodismo libre y reivindicador.
Desde el 2023 hay 3,000 desaparecidos y su policía ha cometido más de mil asesinatos en sus llamados «intercambios o ejecuciones extrajudiciales». En definitiva, ¡un desastre como el peor gobernante que se ha tenido!
¿Se entiende el por qué decimos, que la corrupción gubernamental, es un problema social que se volvió complejo y no por Trujillo y sí por sus colaboradores? Con Dios. (DAG) 08.07.2025
última actualización: 07:52 am.
