La situación es tan evidente, que hemos visto la súbita y todavía “sosegada” oposición de alarma súbita y de parte legislativa como empresarial y que ha surgido desde el momento que un diputado, cuya raíz pública es ser parte de programas en youtubers y en las redes sociales y en complicidad con sus colegas, pretendió desgarrarse sus vestiduras reclamando algún tipo de normativa que facilitara las cosas para que los medios digitales y sus voceadores no continúen actuando al borde la ilegalidad y con el peligroso giro de difamación e injurias y que junto a los del gobierno, el empresariado tiene y muestra gran preocupación.
De ahí, que, en los pasillos del Congreso Nacional, legisladores y de todas las bancadas, ya están hablando, de que de alguna manera “hay que pararle el coche a todos esos que se creen que desde las redes sociales están todo el día para hacer atrevidos señalamientos, que, de continuar sin control, fácilmente podrían llevar a desenlaces físicos desafortunados” y que uno de nuestros reporteros escuchó ayer y “descriptivamente” en áreas cercanas a la Cámara Alta. Quienes de este modo se expresan, no tienen en cuenta que la opinión pública digital es más atrevida y fuerte que cualquier otra anterior en la prensa tradicional y que la digital es la propia de las nuevas generaciones y lo más significativo, que ya no hay marcha atrás y solo cabe adaptarse a los que les irrita su libre exposición.
Real o no, el asunto de la conjura legislativa contra la libre expresión ciudadana, debe prestársele toda la atención, pues por lo visto y como es conocido que en este país no hay político, cargo público o empresario que no coincidan en tener un lado oscuro salpicado de muchos interrogantes sobre su supuesta honorabilidad y comportamiento personal, que por el nerviosismo que la mayoría muestra, solo faltaría que los sectores interesados en “ajustar cuentas” con las redes sociales y los lupanares mediáticos, pierdan el sentido común y no se den cuenta, de que por el nivel de peso de opinión que la mayoría de los youtubers, influenciadores y productores de programas de opinión versátil en las redes y todos extremadamente libre de prejuicios y quienes cuentan con un apoyo militante dentro de la atrapada opinión pública, que de lanzarse a pelear, haya entonces que decirles, que al final tendrán un pleito más que perdido.
Y habría que preguntarse, ¿Por qué los legisladores que ahora son contestatarios a las redes sociales no invitan a la mayor cantidad de representantes del sector, primero, para buscar sus opiniones y criterios y segundo, para discutir ampliamente la probabilidad de crear una ley que obligue a los medios digitales a que deban ceñirse y sin perder sus derechos, a emitir su libre opinión, dentro de un ordenamiento legal parecido al que tienen los medios y periodistas tradicionales?
Ya mismo, los ánimos están crispantes entre muchos lideres de opinión en las redes sociales y quienes acostumbrados a una generosa anarquía de opinión y expresión y porque los poderes, político, gubernamental y empresarial, de forma oportunista se la aceptaron y a algunos, hasta los incitaron hacerlo, que entonces, los que ahora quieren cortar cabezas imponiendo una ley draconiana e insensatamente totalitaria contra la libre expresión y en peores términos que la 1-24, deberían sopesar muy bien lo que pretenden y por una simple razón.
Se ha llegado a una situación de latente espíritu de ingobernabilidad, que los ciudadanos de a pie y de clase media, sobre todo y abiertamente, hablan y calificando en los peores términos, a gobierno, empresarios y funcionarios públicos y de estos últimos, al mismo presidente Abinader, quien en estos momentos debe tener no más de un 25 % de popularidad y lo que quiere decir, que, si se pelea con el sector mediático digital, a empresarios, legisladores y gobierno no les iría nada bien.
Para empezar, la gente entiende y pura y simplemente, que Abinader es un manirroto e irresponsable, quien con su festival de préstamos, está hundiendo la economía y perjudicando la economía doméstica de cada ciudadano, también, que sus políticas están empobreciendo a todo el mundo y que como contraste, él y sus socios en el gobierno plutocrático se muestran en gran abundancia, mientras los desaciertos gubernamentales y significativamente, han retrotraído la buena calidad y nivel de vida que la ciudadanía tenía hasta agosto 16 de 2020.
De los empresarios y financistas las críticas son más duras y a todos se les entiende cómplices de que debido a la baja calidad de las obras públicas, estas se han venido al suelo y dado que el terrible afán de lucro de todos los que se benefician de contratos de obras y servicios, abiertamente han impuesto una de corrupción generalizada, mientras que debido a su gran desfachatez, la gente entiende a esos empresarios y en particular a los contratistas de obras y de servicios así como los que son suplidores del Estado, “como la peor mafia que en tiempo alguno estuviera explotando a la República”.
Pero lo más grave, que, debido al fuerte ámbito de capitalismo salvaje asociado al gobierno y al empresariado, la mayoría de los ciudadanos no ocultan cierto grado alarmante de belicosidad y que, a fin de cuentas, es lo que se trasluce en todos los programas electrónicos en internet y las redes sociales, quienes denuncian y advierten sobre el tipo de despeñadero o barranco que las clases política y económica están llevando a la nación.
Consecuentemente, quienes quieren imponer cortapisas y censuras a los programas en las redes sociales, deben y esto hay que reiterarlo, sopesarlo muy bien y mucho más, que frente a ese nuevo periodismo, el periodismo tradicional se encuentra sujeto a grandes cuestionamientos y al que todos ven como el cómplice o alcahuete que ayuda a que los dueños de los medios en la concentración de medios en pocas manos, tengan casi cinco años enriqueciéndose a más no poder con el periodismo mercancía que han utilizado de puente para hacerse más ricos y de ñapa, evadiendo el pago de impuestos y teniendo a las aduanas como su especie de fundo y los dineros de las administradoras de riesgos de la salud, aprovechándolos para que estos sean el capital de trabajo del sistema financiero y bancario, mientras desde el Banco Central, todas sus disposiciones son para beneficiar a la banca y empobrecer a la ciudadanía, mientras que para colmos, el BC les sirve a empresarios y ricos para garantizarse que sus dineros no se descapitalicen.
O sea, gobierno, empresarios y senadores y diputados y junto a la banca, están siendo vistos desde las redes sociales, como el cartel mafioso que explota y empobrece a la población y si semejante pésima y mala imagen es que el poder tiene, lo correcto debería de ser, que la pretensión de “acabar con las redes”, la dejen a un lado y busquen las opiniones de los que ahora y estúpidamente quieren silenciar, de lo contrario, la insurgencia social explotará y lo de abril de 1984 será un juego de niños ante lo que sobrevendría.
Situación que debe advertírsele a quienes se entienden poder, pues la creciente ola de insatisfacción ciudadana a partir de la clase media y youtubers en las redes, fácilmente, que si continua, se llevará de paro a empresarios, legisladores y gobierno. Con Dios. (DAG) 06.12.2024
Nota de prensa sobre nuestro análisis político de Estado de fecha viernes 06 de diciembre de 2024:
La incómoda tensión entre legisladores, empresas y la opinión digital: un futuro incierto para la libertad en las redes
La creciente incomodidad entre la clase política, el sector empresarial y la vibrante esfera digital ha alcanzado un punto crítico. Según “Por el ojo de la Cerradura”, medio donde el analista político de Estado, lic. Daniel Adriano Gómez señaló la tensión latente, estamos ante un escenario en el que las redes sociales dejan de ser simples canales informativos para convertirse en protagonistas de un debate urgente sobre libertad de expresión, regulación y control.
Hoy en día, las plataformas digitales operan como una fuerza disruptiva que altera las relaciones tradicionales entre poder y ciudadanía. Como menciona Gómez en “Por el ojo de la Cerradura”, algunos legisladores han comenzado a valorar la opción de imponer normativas más estrictas, alegando que la ausencia de controles promueve la desinformación, la injuria e incluso la crispación social. Esta intención de “parar el coche” a los emisores digitales ocurre en un contexto en el que políticos, empresarios y altos funcionarios públicos comienzan a sentir el peso de la presión ciudadana, más visible y constante en estos medios alternativos.
Sin embargo, la complejidad del panorama actual exige un análisis más amplio. No estamos ante un fenómeno aislado: según datos del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, el consumo de noticias digitales crece mientras los medios tradicionales pierden terreno, una tendencia que se repite a nivel global. Esta transformación no solo cambia el foco de la información, sino también las dinámicas de poder. Cualquier movimiento censor o punitivo, como sugieren algunos legisladores, corre el riesgo de encrudecer un ya tenso escenario social.
Otros informes, como el del Pew Research Center, insisten en que el público digital es más escéptico y exigente. La audiencia conectada interactúa, reacciona y cuestiona, sin aceptar fácilmente versiones oficiales. Es aquí donde la opinión digital se posiciona como un contrapeso ante las fuentes convencionales y el poder formal. “Tal como informa ‘Por el ojo de la Cerradura’, la clase política teme la visibilidad del descontento y busca encauzarlo bajo un manto normativo”, una estrategia que, lejos de disuadir la crítica, podría intensificar el descontento.
A largo plazo, la clave reside en el equilibrio. Regulaciones justas que protejan la verdad, sin estrangular la libertad de expresión, podrían construirse con la participación de todos los involucrados. “Como menciona Daniel Adriano Gómez en ‘Por el ojo de la Cerradura’, consultar directamente a representantes del sector digital, escuchar sus puntos de vista y llegar a acuerdos no solo es prudente, sino imprescindible.” De lo contrario, el riesgo es alentar una insurgencia social silenciosa que, ante el primer intento de censura, podría reaccionar con mayor fuerza.
Si el poder político y económico no entiende el pulso de la realidad digital, corre el peligro de avivar una reacción en cadena. La historia muestra que ningún cerco a la opinión pública ha salido barato, ni en legitimidad ni en estabilidad. Integrar, dialogar y reconocer la legitimidad de las voces digitales por incómodas que resulten es el mejor antídoto contra una espiral de represión y descontento. Después de todo, el verdadero desafío está en construir un espacio informativo plural y confiable, sin echar a perder la efervescencia ciudadana que alimenta el debate público en la era de las redes. (dag) – Nota de prensa sobre nuestro análisis político de Estado de fecha viernes 06 de diciembre de 2024
