Ni Sánchez ha resuelto el conflicto con el independentismo catalán ni tiene una mayoría de izquierdas en el Congreso. A esto hay que añadir que no controla el Senado. En este último caso ha optado por una nueva chapuza legislativa para colocar una enmienda para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el proyecto de ley de paridad.
El objetivo es que la Cámara Alta no pueda tumbar los objetivos de déficit y de deuda que son imprescindibles para que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
Uno de los aspectos que caracterizan al sanchismo es un total desprecio por el Poder Legislativo que considera que es, simplemente, un apéndice del Ejecutivo y sus aliados.
Una vez más se hurta el debate parlamentario y se desprecia las instituciones, porque todo tiene que estar sometido al objetivo de su continuidad en La Moncloa. El informe de los letrados del Congreso criticando lo sucedido es muy claro, porque son dos cuestiones que no guardan coherencia.
Es una clara vulneración de la previsión constitucional, recogida en el artículo 23, sobre el derecho de participación de las diputadas y diputados en los asuntos públicos. No nos podemos acostumbrar a esta esperpéntica forma de legislar.
A Sánchez y sus aliados, cuyos conocimientos jurídicos son manifiestamente mejorables o en algunos casos inexistentes, no les importa atropellar los derechos de los parlamentarios, porque siempre prefieren el uso alternativo del Derecho, aunque se conculque la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia.
La actividad parlamentaria se desarrolla usando el rodillo y sin ninguna garantía sobre la calidad de las normas que se elaboran, como se comprobó en la pasada legislatura. No hay que sorprenderse si acudimos a antecedentes tan inquietantes como la propia aprobación de una amnistía que responde a un fin ilegítimo que conculca principios constitucionales.
Una vez perpetrado tamaño despropósito, es lógico que a esta colección de iletrados les parezca normal algo tan estrambótico como modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria utilizando el proyecto de ley de paridad.
Todos sabemos que diría la izquierda política y mediática si lo hubiera hecho un gobierno de centro derecha. Es una nueva muestra de un autoritarismo que no tiene cabida en el marco de los usos y costumbres de los países de la Unión Europea.
La situación en Cataluña es otro ejemplo de cómo las mentiras conducen a un callejón sin salida. En este caso, todo indica que no se podrá realizar un debate de investidura viable que permita que Illa o Puigdemont, que son los dos políticos que han expresado su deseo de ocupar la presidencia de la Generalitat, puedan conseguir sus objetivos.
Todo responde, precisamente, a esa deriva autoritaria que ha emprendido el presidente del Gobierno acuciado por sus problemas personales y su obsesión por mantenerse en el poder a cualquier precio. La derrota que sufrió en las pasadas elecciones generales alumbró un Congreso donde la mayoría es de centro derecha.
A pesar de ello, Sánchez consiguió la investidura a cambio de la amnistía, la condonación de parte de la deuda catalana y el uso de los idiomas de ámbito autonómico en el Congreso.
Es un coste muy elevado para complacer la ambición de un político. Un pacto de investidura, pero no de legislatura. Por ello, el coste para garantizar la estabilidad parlamentaria es muy elevado.
Un primer pago pasa por la investidura de Puigdemont. Es bueno recordar que el expresidente catalán aceptó apoyarle, aunque quedó segundo. Es lo mismo que ha sucedido en Cataluña. Por tanto, la misma lógica que se aplicó hace casi un año se puede exigir ahora.
Es verdad que ERC puede inmolarse apoyando a los socialistas, pero el coste sería enorme. Por un lado, a nivel interno, porque los militantes de este partido son fervientemente independentistas y saben que este tipo de acuerdos con el PSOE les pasan factura.
En el caso de Sánchez, tendrá que convertir la denominada eufemísticamente financiación singular para Cataluña en un sistema de concierto que consagre un conjunto de privilegios en detrimento del resto de comunidades autónomas.
A esto hay que añadir el compromiso de la celebración de un referéndum de autodeterminación, se llame como se llame, que otorgue una posición de ventaja a ERC en el espacio independentista. No sé cuánto tiempo más España podrá aguantar estos ataques a la Constitución y el Estado de Derecho.
En cualquier caso, Puigdemont no se quedará impasible y lo que se consiga en esta estrategia de marginarlo irá en detrimento de la estabilidad en el Congreso.
La amnistía es una medida que rechazan muchos socialistas, pero es imposible, creo que no me equivoco, que acepten un sistema de privilegios que fortalezca el proceso hacia la independencia de Cataluña. Al margen de lo que suceda en un posible referéndum estamos asistiendo a un nuevo paso en ese proceso de desconexión que convertirá esta comunidad en un territorio exento en el que su gobierno controlará los ingresos tributarios y el Poder Judicial por medio de las reformas que se emprenderán para complacer a los independentistas. Una vez más, el coste para mantener a Sánchez en La Moncloa es estratosférico.
La otra pieza del puzle es la ofensiva contra todo aquello que perturbe su poder como son los jueces, los medios de comunicación y los empresarios. El aparato monclovita está trabajando en este terreno con el fin de alumbrar unas normas y unos procedimientos que erradiquen o laminen la discrepancia.
Un ejemplo de ello es la exigencia a los jueces para que apliquen la amnistía obviando las competencias que les corresponden sobre el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales europeas. Hay mucha gente, desgraciadamente, que no es consciente de la gravedad de la situación en que se encuentra el Estado de Derecho con las cesiones de Sánchez y su intento de consagrar el autoritarismo como forma de gobierno que desborda el marco constitucional. Por: Francisco Marhuenda [La Razón]
