Expertos sugieren actualizar marco laboral, simplificar trámites y mejorar coordinación entre las instituciones
La industria dominicana enfrenta el reto de contar con reglas más claras, un marco laboral actualizado y procesos administrativos menos fragmentados para elevar la productividad, facilitar las inversiones y reducir los costos asociados al cumplimiento de las normas.
La necesidad de modernizar el entorno regulatorio es abordada desde distintos ángulos en la edición de abril de 2026 de la revista Hecho en RD, de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Los planteamientos de Yudith Castillo Núñez, Laura Peña Izquierdo y Magdalena Almonte coinciden en que la regulación debe facilitar la actividad productiva sin renunciar a los objetivos de control y protección que corresponden al Estado.
Castillo Núñez, en el artículo “Evolución general y principales retos del entorno regulatorio en República Dominicana”, plantea que el país ha pasado de un esquema legislativo más conservador a una agenda con mayor dinamismo, acompañada por una agenda legislativa priorizada, la Estrategia Nacional de Desarrollo y espacios de diálogo como el Consejo Económico y Social.
La autora identifica varias reformas que marcaron esa evolución. Entre ellas cita la Ley de Registro Inmobiliario 108-05, la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario 358-05, la Ley General sobre Defensa de la Competencia 42-08, la Ley 155-17 sobre prevención del lavado de activos y la reforma constitucional de 2010. El siguiente paso, de acuerdo con Castillo Núñez, requiere modernizar las leyes que inciden en la competitividad, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y la atracción de recursos humanos. Entre los asuntos que considera prioritarios figura la modificación del Código de Trabajo.
También plantea la simplificación de trámites, la estandarización de criterios y la interoperabilidad entre instituciones, con una visión integral del Estado y de los ciudadanos como usuarios de los servicios públicos. A esto suma la actualización de las normas vinculadas con comercio electrónico, ciberseguridad y transformación digital. La autora considera, además, que la modernización del marco laboral debe avanzar luego de años de discusión. Según expone, el proceso de reforma ha pasado por espacios de diálogo tripartito y por la presentación de un proyecto ante el Congreso Nacional que continúa bajo evaluación.
Otro reto señalado es adaptar el ordenamiento jurídico a la automatización y la inteligencia artificial. Castillo Núñez plantea la necesidad de aprovechar las lecciones de los procesos informáticos y las mejores prácticas para establecer reglas que aporten mayor previsibilidad y certeza, además de prever mecanismos de contingencia para servicios esenciales ante posibles fallas tecnológicas.
La seguridad jurídica aparece vinculada a la capacidad empresarial para tomar decisiones de largo plazo, pues cambios poco previsibles o criterios distintos entre instituciones pueden elevar el riesgo y retrasar proyectos de inversión productiva industrial.
El componente laboral es desarrollado con mayor amplitud por Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de República Dominicana (Copardom), en la entrevista “Productividad, empleo y reglas del juego: el dilema laboral dominicano”, incluida en el capítulo “Marco laboral moderno para una industria más productiva”.
Peña Izquierdo sostiene que la regulación laboral es un componente estructural de la competitividad industrial porque incide en los costos, productividad del trabajo y la capacidad de las empresas para competir en mercados exigentes. A su juicio, un marco moderno debe facilitar la planificación, inversión y la expansión, mediante normas claras, coherencia institucional y eficiencia en su aplicación. Desde la perspectiva empresarial que recoge la entrevista, uno de los principales problemas son los costos laborales no salariales, especialmente los vinculados con la terminación de las relaciones de trabajo. Estos, explica Peña Izquierdo, introducen rigidez en la gestión del talento humano.
La dirigente empresarial también plantea que el costo laboral y de seguridad social es considerado por los inversionistas entre los componentes relevantes del costo país. Por ello, propone pasar de un enfoque centrado exclusivamente en el costo a otro basado en la productividad laboral, de manera que las cargas estén relacionadas con la capacidad real de las empresas para generar valor.
El tercer frente es el funcionamiento cotidiano de las empresas frente a la Administración Pública. Magdalena Almonte, socia de Ulises Cabrera, aborda el tema en “Entorno regulatorio y competitividad industrial: de la gestión de trámites a una ventaja estratégica”.
Almonte parte de que la competitividad ya no depende únicamente de incentivos fiscales, financiamiento u otros factores tradicionales. La calidad del entorno regulatorio también puede facilitar o limitar el desarrollo industrial, particularmente cuando se trata de permisos, licencias y autorizaciones necesarias para operar y comercializar productos.
Reconoce avances durante la última década en materia de mejora regulatoria, simplificación y digitalización, pero advierte que persisten problemas en la aplicación de esos cambios. Entre ellos menciona cargas documentales.
El problema de la ida y la vuelta a las instituciones
Uno de los principales obstáculos que aún peristen, según Almonte, es la fragmentación. Indica que una autorización puede requerir la interacción con varias entidades que aplican criterios no siempre uniformes, que generan duplicidades, reprocesos y carga adicional de gestión para las empresas. Desde su punto de vista, la incertidumbre sobre los plazos puede afectar la planificación de operaciones, la introducción de productos y las decisiones de inversión. Los recursos que las empresas deben destinar a coordinar trámites, ajustar cronogramas y reducir riesgos representan costos que pueden terminar incorporándose a la estructura de los productos y, por esa vía, incidir en los precios. La propuesta de Almonte apunta a replantear más integral la regulación. Deja claro que no se trata solo de eliminar requisitos, sino de asegurar que los procesos administrativos cumplan su finalidad pública. (EC-mp)
