Corría el año 1967 cuando los presidentes Joaquín Balaguer y Francois Duvalier y por medio de sus cancillerías y plenipotenciarios, decidieron regularizar el ingreso de braceros y jornaleros haitianos, en un principio, para la industria de la caña de azúcar. Debido a ello, hubo un primer acuerdo para el ingreso de cinco mil trabajadores haitianos.
Lo peculiar de aquel acuerdo fue su carácter militar y al extremo, de que esos trabajadores, en la práctica venían bajo régimen de esclavitud apenas mal disimulado.
Por un lado, el dictador Duvalier obtenía ingresos fijos en dólares estadounidenses, en tanto por el otro, el presidente Balaguer daba status seudo legal al sistema esclavo que dominaba los bateyes cañeros donde las empresas azucareras confinaban a los trabajadores y quienes, en principio, estaban impedidos de salir de su área de trabajo.
Mediante semejante mecanismo opresor y de absoluta denegación de la dignidad humana, con el tiempo la entrada de “trabajadores de la caña de azúcar” fue incrementada y mucho más, cuando Balaguer decidió repartir como canonjías y beneficios marginales, miles de cientos de metros de tierras dedicadas a la explotación del azúcar de caña, a generales y coroneles de las Fuerzas Armadas, generándose entonces el primer bote de corrupción desde el poder a favor de jefes militares y lo que se incrementó en la administración del economista Fernando Álvarez Bogaert al frente del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Es decir, el Estado y vía el gobierno de Balaguer estableció la corrupción desde el poder como política de Estado, pero solo para favorecer a una elite militar responsable del trasiego ilegal y en el lapso de 1967-1977, de no menos 35 mil jornaleros-esclavos haitianos y lo que ocurría dentro del marco internacional de la Guerra Fría y la lucha ideológica entre EEUU, la URSS y China.
Por medio de semejante sistema de esclavitud, muy pocos de aquellos jornaleros retornaron a su país, de acuerdo con estadísticas, menos de mil y el resto se quedó como extranjero irregular, dedicado al trabajo en la construcción y la agricultura inicialmente.
De aquel conglomerado de personas y si partimos del año 1967 y arbitrariamente comenzamos a fijarnos en las uniones entre parejas de haitianos primero y luego de haitianos con dominicanos, conservadoramente habría que hablar, que sus hijos nacidos en el 1967 tienen ahora 54 años promedio cada uno. Es decir, también tienen nietos e igual bisnietos, paremos de contar y vayamos con los otros nacidos en el 1977 y quienes deben tener y si están vivos 44 años cada uno.
Pero anteriormente y más atrás, cuando en el 1937 se dio la desagradable situación aquella de que el régimen de Trujillo buscó una “solución militar” a la entrada sin control de más de 20 mil haitianos al territorio nacional y de los que no menos de 15 mil salvaron sus vidas protegidas por ciudadanos dominicanos de a pie y dueños de fincas que los protegieron o sacaron del país y los que se quedaron, en gran mayoría fueron adoptados. Y arbitrariamente se les calculan sus edades a los que lograron quedarse, habría que decir que desde el 1937 al 2021 median 84 años.
Entonces se tiene, que es posible que el haitiano inmigrante mas viejo pudiera tener entre 54 y 84 años y a partir de ahí habría que deducir las edades de sus descendientes y para llegar al punto, de que en todos esos años, el Estado haitiano ha sido incapaz de proveer a sus ciudadanos de ningún tipo de documento legal de identificación, mientras el Estado dominicano y criminalmente, solo facilitaba los famosos vales que las bodegas en los bateyes utilizaban para venderles provisiones a los braceros y que les servían de identificación a todos ellos.
Sin embargo, antes de 1920, la inmigración haitiana era absolutamente normal y tanto, que el primer censo nacional de población y familia tenía registrado 20 mil ciudadanos haitianos con residencia legal dominicana.
Para que se tenga una idea de la terrible tragedia humana que todas esas personas y sus descendientes han vivido, podemos resumirla en el hecho, de que, a este día, no menos de 200 mil haitianos están irregulares en el territorio nacional y lo peor, que cuando el Estado Dominicano propició el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que se aplicó en el 2013 y que se extendió por 18 meses. más una breve prorroga. Menos de 200 mil fueron regularizados y los que ahora, desde el Ministerio de Interior y Policía se habla de “revisión exhaustiva”, cuando lo correcto debe ser, no poner más obstáculos a quienes ya se registraron como regulados y que el gobierno constitucional anterior le dio validez y legalidad a nombre del Estado.
¿De qué hablamos?, que, en estos momentos, en este país hay no menos de 800 mil dominicanos de origen haitiano a los que el Estado no quiere reconocer cómo tales y propiciando de ese modo, que la vieja política de esclavitud y apartheid vuelva a imponerse y lo que sería un retroceso descomunal, que hablaría pésimo de República Dominicana como Estado que propicia la esclavitud y la segregación racial.
Pongámosles rostro a muchos de esos ciudadanos y que nacieron en bateyes y descendientes directos o indirectos de aquellos jornaleros: José Francisco Antonio Peña Gómez, Ramón Alburquerque y Juan Bolívar Díaz.
En este sentido y al trazar una proyección respecto al por qué tantos inmigrantes haitianos son irregulares y si repartimos culpas, se comprobará que los dos estados binacionales, el Haitiano y el Dominicano se aliaron y han sido cómplices de esta monstruosidad. El primero, por negarse sus autoridades y sistemáticamente, a no otorgarles documentos de identidad a sus conciudadanos y el segundo, al propiciar el sistema de trabajo esclavo que en muchas áreas todavía perdura y que ha terminado en el actual callejón aparentemente sin salida, de miles de haitianos ilegales, que por la irresponsabilidad de los dos estados se ha producido y lo peor o más significativo, de cerca de 500 a 800 mil ciudadanos dominicanos de origen haitiano hijos de inmigrantes “irregulares” que todavía República Dominicana no quiere reconocer como nacidos en su territorio y como dominicanos de pleno derecho.
Situación, que definitivamente, el presidente Luis Abinader (dominicano de tercera generación) debe terminar radicalmente y otorgando una amnistía a todos esos irregulares y sus hijos y para que se les registre como dominicanos y comenzando por aquellos que nunca han salido del territorio nacional y menos hacia Haití, donde no tienen ni familia y tampoco raíces y porque los suyos todos nacieron y viven en este país.
Ayer, descendientes de haitianos irregulares y la mayoría, trabajadores de la industria de la construcción, el turismo, la agricultura y la minería, hacían valer sus opiniones y quejas en entrevistas periodísticas y en las que resaltaban la tremenda injusticia y limbo seudo legal en el que viven y como recogemos en nuestra sección El País Político de hoy martes 28 de diciembre.
¿Qué se va a hacer con toda esa gente?, ¿tirarlos al mar?, ¿matarlos? O como debe esperarse de un Estado organizado, ¿qué República Dominicana deje a un lado las objeciones burocráticas y se decida por legalizarlos y a todos, otorgarles residencia legal y para que posteriormente se nacionalicen?
Nuestro clamor pues, va en la dirección de que se busque una solución legal de parte dominicana, sea la reapertura del plan de regularización o el otorgamiento de la residencia legal automática a todas esas personas y para que definitivamente, cese y para siempre, la injusta situación creada y originada, por la irresponsabilidad haitiana por un lado y por el otro, la desidia dominicana que incrementó la inmigración irregular haitiana y por puro mercurialismo ofensivo y afectando los derechos de los dominicanos de origen haitiano.[DAG]
