Durante semanas, el aparato propagandístico de Sánchez se esforzó en minimizar los daños provocados por la derogación de la sedición y el abaratamiento de la malversación. Con absoluta desfachatez se afirmaba que nos equiparábamos al marco legal europeo. A lo que existía en el resto de los países. Era una enorme mentira, pero el sindicato de periodistas sanchistas extendía esta baratija en periódicos, radios, televisiones y redes sociales.
En cualquier tertulia aparecía un wikiexperto que aseguraba de forma clara y tajante que Sánchez era un europeísta ejemplar, equiparable a los padres de Europa, porque impulsaba esa armonización jurídica. He de reconocer que siempre me produce hilaridad, aunque a veces consigo que no se note, escuchar a esos expertos juristas que nunca estudiaron derecho hablar sobre temas que desconocen y utilizar un lenguaje impostado para dar mayor fuerza a sus argumentos. Por supuesto, otro recurso en defensa del sanchismo es acudir al «cuerpo» de jubilados de izquierdas, ya sea de la cátedra o la magistratura, para que intenten defender los comportamientos indefendibles de un gobierno entregado a los independentistas, los comunistas y los filoetarras.
Con tal de poner juez o catedrático emérito, parece que son expertos en cualquier materia. Los portavoces de las minoritarias asociaciones progres de jueces o fiscales son otro recurso impagable para que parezca que la modificación de la malversación es una mejora enorme. Es verdad que el escándalo de la ley del «sólo sí es sí hizo» que la cesión a Junqueras fuera desapareciendo de los medios de comunicación. Era una victoria de Moncloa, aunque ahora resulta que la Comisión Europea propone que los delitos de malversación sean castigados con una pena máxima de al menos cinco años de prisión. Es una cifra que supera la reforma del Código Penal que se hizo al servicio de los independentistas. Es insólito que los que han cometido el delito, Junqueras y sus colegas, sean los que modifiquen el Código para volver a hacerlo con mayor impunidad. Nos escandalizaríamos si se impulsara un cambio que diera satisfacción a los intereses de los comerciantes de armas ilegales, las mafias de la droga o los traficantes de vidas humanas. Por: Francisco Marhuenda [La Razón]
