Por lo que hemos sabido, el Gobierno está destrozando el decreto 1315 del 11 de agosto del 1983, que creó el Parque Nacional Jaragua de Pedernales y cuya finalidad es la protección de la mina de tierras raras que la Alcoa entregó a la nación y en donde hay a precio actual, más de dos billones de pesos para explotar a favor de la República.
Hasta ahora, esta situación no ha trascendido y debido a que los dueños de la mayoría de los medios tradicionales de comunicación escritos y con sus asociados en el Consejo Nacional de Competitividad e increíblemente con el consentimiento del presidente Luis Abinader, al ser parte del grupo que quiere hacer un fideicomiso allí, en la práctica y por un interés mercurial extremo, quieren que se modifique el decreto emitido por el presidente Salvador Jorge Blanco y en tiempos que el exsenador Ramón Alburquerque y como presidente de la Comisión Nacional Técnica Forestal, CONATEF. Que es antecesora al actual ministerio de Medio Ambiente, creó la iniciativa del ejecutivo nacional.
Alburquerque, llevó al ánimo presidencial, lo necesario de preservar esas tierras como propiedad del Estado y teniendo en cuenta, para el momento que las tierras raras en ellas pudieran beneficiar a la República y no a intereses privados de toda índole.
El mismo Alburquerque, fue quien y por él, que la mayoría de los ciudadanos nos enteramos y puntualizando, que el único interés que le animaba, era impedir “que la oligarquía, los militares y políticos corruptos, no se las roben, como han hecho con la herencia de Trujillo”.
Jorge Blanco hizo su parte, hasta que de unos años para acá, se ha notado desde el Poder Ejecutivo un marcado interes para que esas tierras sean enajenadas y cederlas a apoderes económicos del exterior que tienen ramificaciones entre familias como La Vicini y la Corripio, al tiempo que al gobierno del presidente Trump y vía el secretario de Estado Marco Rubio, otra familia y de origen cubano como la de él, la Fanjul, dueña del Central Romana y otras inversiones, ha hecho saber sobre la existencia “de un amplio lote de tierras raras en Pedernales”.
Entonces y conociendo el apetito descomunal del presidente estadounidense por apoderarse de activos de otras naciones que vayan a aumentar la fortaleza de la economía estadounidense en lo referente a materias primas capitales para el sector de la alta tecnología, ya ha corrido el rumor y ciertamente un tanto tendencioso, que parecería que hay interés estadounidense por apoderarse de esas tierras raras nacionales que tienen un valor equivalente a dos billones de pesos y como el gobierno del presidente Luis Abinader es uno que tiene fama de hacer lo que sea necesario para ganarse el favor estadounidense, parecería que todo apunta a prestarle a este asunto la debida atención.
Y mucho más, desde que Abinader autorizó y sin apoyo del Congreso Nacional, que una parte del aeropuerto internacional de Las Americas sea ahora una base militar estadounidense y como también hiciera entrega sin tener autorización del Poder Legislativo, para que la base militar de San Isidro sea también una base militar estadounidense, a la que una parte, ya Abinader había convertido en un fideicomiso para explotar una fabrica de aviones que aquí son armados. Mientras la Fuerza Aérea Dominicana, parecería que apunta a ser desmantelada gradualmente y al convertirla en ensambladora de aviones.
Formulamos pues esta situación, porque entendemos, que por nada del mundo los dominicanos podemos permitir que en Competitividad, sus 28 grandes fortunas, encima de que tienen el control administrativo absoluto del gobierno y su presupuesto y también de la policía al convertirla en otra especie de fideicomiso, que reclamemos a las fuerzas vivas de la nación, como a la sociedad civil, a que se interesen en desentrañar la realidad de lo que está ocurriendo. Y porque por ninguna circunstancia se puede permitir que los intereses económicos antes mencionado, pudieran materializar lo que sería el mayor despojo de activos, bienes y recursos nacionales, desde que los Vicini y otros miembros de la Oligarquía y mediante sus gobiernos del Consejo de Estado y el Triunvirato, fueron los responsables de la terrible pérdida de activos y bienes del Estado, que cuantificados llegaban 500 millones de dólares a valor de los años sesenta a la desaparición de la dictadura trujillista el 19 de noviembre de 1961.
De acuerdo a lo que nos relata nuestra IA: “Ramón Alburquerque ha expresado que las tierras raras en Pedernales son una gran oportunidad para la economía dominicana, pero enfatiza la necesidad de industrializar localmente estos minerales, exigiendo que las empresas que exploten estas minas también instalen aquí fábricas para procesar y ensamblar productos (como vehículos eléctricos), y no solo extraerlos, recalcando que la contaminación es un riesgo ambiental que debe mitigarse con políticas claras y estudios de impacto ambiental rigurosos”.
De ahí, que al ver la posibilidad de que los intereses económicos mencionados pretendan robarnos nuestras tierras raras, no dudemos por traer al ánimo de nuestros lectores, de que como dominicanos no podemos permitir que semejante patrimonio nos sea robado. Y mucho más, al comprobar también como el gobierno le ha entregado al sector privado, la explotación turística en Cabo Rojo y en base a la construcción de infraestructuras por más de dos mil millones de pesos de dineros de los contribuyentes invertidos allí y no de ninguno de los empresarios involucrados.
Nuestra esperanza es, que en lo atinente a La mina de tierras raras en Pedernales, que tiene un valor de más de dos billones de pesos, plantear, que parecería que el gobierno pretende desbaratar y enajenar. Con Dios. (DAG) 13.01.2026
