La orden de detención con fines de extradición en contra de un gobernador mexicano provocó una fuerte crisis en el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y acentuó la tensión que ha marcado el vínculo con el presidente de EE.UU., Donald Trump.
El escándalo comenzó el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó acusaciones en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza Cazarez.
Los imputados, a quienes EE.UU. señala como presuntos cómplices de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, militan en el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que de inmediato se desató una campaña de la oposición que aseguró que en México existe «un narcogobierno».
Desde el principio, Sheinbaum advirtió que, en su petición, EE.UU. no había presentado pruebas suficientes de sus acusaciones, por lo que recalcó que Fiscalía General de su país iniciaría su propia investigación para determinar si procedía o no la extradición.
Narrativas
El caso está marcado por dos narrativas: la oposición asegura que Sheinbaum quiere proteger a los miembros de su partido, en tanto que la mandataria explica reiteradamente que se trata de respetar la presunción de inocencia y, sobre todo, de defender la soberanía, ya que EE.UU. no puede adjudicarse el derecho de aplicar la justicia en México.
«No somos protectorado ni colonia de EE.UU.», ha señalado en diversas ocasiones al condenar las políticas injerencistas.
Sheinbaum promete que su Gobierno no promoverá la impunidad cuando se compruebe que cometieron delitos. En paralelo, la mandataria ha denunciado la falta de reciprocidad por parte de Washington.
En esa línea, ha ejemplificado que mientras México ha extraditado en el último año y medio a EE.UU. a cientos de personas, entre ellos importantes capos del narco, Washington no ha querido hacer lo mismo con los 269 presuntos delincuentes que solicita el país latinoamericano para que afronten procesos judiciales, acumulados desde 2018.
De los 10 políticos acusados, dos ya se entregaron a EE.UU. Se trata de los exsecretarios de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; y de Finanzas y Administración, Enrique Díaz Vega; en tanto que el senador Enrique Izunza dejó de asistir a las sesiones en el Congreso aunque afirma que sigue en México, al igual que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien ya pidió licencia del cargo.
La lista de imputados se completa con otros cinco exfuncionarios de Sinaloa: el vicefiscal con licencia Damaso Castro Zaavedra; los exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; y los exsubdirectores policiales José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Milán.
Sospechas contra el gobernador
El verdadero protagonista de la trama es Rubén Rocha Moya, un político de 76 años que fue rector de la Universidad de Sinaloa y se postuló en tres ocasiones al Gobierno de su estado: en 1986, 1998 y en 2021, cuando finalmente ganó amparado en las siglas de Morena.
En los años previos ya se había desempeñado como senador y era una de las figuras más prominentes del oficialismo, hasta que se le comenzó a relacionar con el narcotráfico.
El supuesto vínculo surgió a partir de una carta en la que Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, aseguró que el 25 de julio de 2024, el día en que uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán lo secuestró para llevarlo a EE.UU., estaba a punto de reunirse con Rocha Moya.
Aunque el gobernador negó los dichos del narcotraficante, las sospechas en su contra fueron permanentes y terminaron de estallar con la acusación formal de EE.UU., que aseguró que Rocha Moya protegió a ‘Los Chapitos’, el grupo del Cártel de Sinaloa que lideran los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, a cambio de que financiaran su campaña política.
En un principio, Rocha Moya se negó a dejar el cargo, pero el 2 de mayo, acosado por la oposición y el escándalo nacional e internacional, solicitó licencia para someterse a la justicia en México. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló sus cuentas bancarias y se le retiró la custodia federal, por lo que ahora solo está protegido por elementos de seguridad estatales.
Mientras tanto, el proceso en su contra avanza en México. El martes, el político compareció por primera vez ante la Fiscalía General de la República y negó cualquier relación con el Cártel de Sinaloa. «No dejaré de luchar porque la verdad prevalezca», afirmó en un mensaje en el que reforzó el discurso de autonomía que mantiene Sheinbaum con respecto a EE.UU.
«El liderazgo honesto y de estadista de nuestra presidenta (…), que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra soberanía nacional, frente a cualquier intento de mancillarla», afirmó. (RT)
