Las fuerzas armadas de la República Dominicana son un patrimonio nacional que está íntimamente ligado a nuestra historia republicana. En sus más de 177 años de existencia, sus aportes a la defensa, seguridad, estabilidad y desarrollo de la nación son indiscutibles, a pesar de ciertos episodios que, aunque en algún momento de su evolución han ensombrecido su imagen, no han sido causa para perder su valoración frente a la sociedad a la que sirve.
Por esta razón, en la mayoría de las mediciones que se han realizado en los últimos años, siguen siendo una de las tres instituciones del Estado dominicano mejor valoradas por una sociedad cada vez más madura democráticamente. Esa ciudadanía, obviamente más crítica, ya no condena a priori, sino que exige investigación cuando ocurren episodios que de alguna manera involucran a sus miembros, sabiendo hacer la debida separación cuando el escarnio es individual o institucional.
Bajo estas premisas, ahora que algunos altos rangos de las instituciones militares están en la mirilla de nuestro sistema judicial como parte de una amplia investigación que busca poner freno a la epidemia de corrupción que ha carcomido los cimientos del Estado dominicano, entiendo es un deber ciudadano colocarse del lado del Ministerio Público en su labor de profilaxis, pero también pedir solidaridad y respeto al símbolo sagrado que ellas representan, pues un análisis de cada una de esas situaciones lamentables lo que pone en evidencia es que estas instituciones tan sólidas y que desempeñan roles vitales para la estabilidad del Estado, han estado resistiendo con gran esfuerzo las presiones de una avasallante cultura de corrupción que permea todos los estamentos de nuestra estructura social, pero en todos los casos bajo el planeamiento, la guía y la dirección de elementos ajenos al quehacer militar.
Sin querer negar o ignorar bajo ninguna circunstancia que se están poniendo en evidencia hechos y situaciones bochornosas que en realidad no son nuevos en ciertos y específicos núcleos militares, pero que no representan de ninguna manera a toda la institución, la realidad indiscutible es que al adquirir matices insólitos por ser parte de una compleja estructura mafiosa que se enquistó en la mayoría de las instituciones del Estado, el involucramiento de militares de altos grados y puestos relevantes le da a estos hechos un carácter de escándalo nacional sin precedentes.
Por eso, para quienes deseen hacer un análisis serio sobre estos hechos tan penosos sin caer en juicios de valor apresurados, quizás por no conocer la interioridad militar, me atrevo a darles una pista: el mando militar siempre ha recaído de manera directa en sus más altos niveles jerárquicos, pero una perniciosa práctica que ya se extiende por más de 20 años ha usurpado el control del poder militar, de manera particular aquellos puestos que tienen o pueden tener incidencia directa en el control de áreas con valor económico o político.
El poder de esa “elite” que hoy está bajo investigación, ha sido en los últimos años directamente proporcional al nivel de cercanía con el círculo presidencial. Mientras más cerca ha estado, más poder y más capacidad de “maniobra” ha tenido.
Pero también me permito explicar que este nocivo fenómeno, que ha sido recurrente desde la salida del ruedo político del doctor Joaquín Balaguer, siempre ha sido detentado por grupos muy reducidos de privilegiados, por lo que estas oscuras e ilegítimas influencias no suelen ser tan evidentes en el ámbito castrense propiamente dicho. De esta manera, el poder ha sido tan concentrado que, en los últimos años, excluyendo por necesidad al gobierno de turno, la selección del mando militar, incluyendo posiciones de segundo y tercer nivel, no ha emanado de los estamentos legales que rigen estas instituciones, sino de un poder militar “factico” que se ubica real o aparentemente alrededor de la figura presidencial.
Asumiendo estos hechos como ciertos, entonces resulta fácil poder visualizar dos Fuerzas Armadas: una compuesta por más del 98 por ciento de su recurso humano que trabaja día a día con empeño y evidente vocación en la defensa del interés nacional, garantizando el camino de su desarrollo, lo cual realiza con las limitaciones y niveles de sacrificio que solo individuos con vocación genuina de patriotismo pueden soportar. Ellos son la mayoría, aquella que la sociedad siempre le ha rendido tributo de respeto y admiración en los más adversos escenarios, siendo el que nos ha impuesto la pandemia del Covid 19 el más reciente ejemplo de esta verdad.
La otra Fuerza Armada estaría compuesta por un minúsculo grupo de “privilegiados”, que quizás sin darse cuenta han sido parte circunstancial de estrategias o tácticas de matiz absolutamente políticos, que requieren del uso del poder militar para hacer que se mueva la escandalosa maquinaria de corrupción que se ha enquistado en nuestra sociedad. Algunos de ellos, apartándose vilmente de los principios y valores que le fueron inculcados, han negociado la lealtad debida, entregándola a elementos políticos a veces ilegítimos a cambio de dádivas bochornosas.
A estos, de ser encontrados culpables, la justicia debe caerle con todo el peso que le asigna el sistema democrático, mientras se preserva la parte sana, que es mayoritaria y representa con dignidad y decoro la verdadera simbología del mando y jerarquía militar. Por: Rafael Guillermo Guzmán Fermín [Listín Diario-Ojo]