Sub judice, es decir, bajo un juez. Trata de un asunto que se encuentra pendiente a la decisión judicial de un juez y resulta, que al gobierno haber promulgado el código penal reformado, automáticamente todos los productores de programas en las redes sociales y en internet, han quedado sujetos a un juez que decidirá dentro de un año, si efectivamente deberá aplicar uno que otros de los artículos restrictivos contra la libre expresión ciudadana y que por lo que hemos entendido.
Ahora resulta, que, dentro de un año, cuando quienes hayan sido mencionados o sus imágenes hayan sido utilizadas en esos medios, perfectamente podrían incoar procedimientos legales de demandas y por entender que supuestamente se les hubiese lesionado en su honor y persona y entonces, los que serán víctimas de aquellos resentimientos siempre enfermizos por su propia naturaleza, llevarían, medios, periodistas y comunicadores a responder ante un tribunal, por «los agravios» supuestamente infringidos.
Esto sería posible, si en este país, la desvergüenza y la cobardía se haya apoderado de toda la nación y que Abinader todavía no se dé cuenta de cuan profunda es la pocilga que su misma desatada ambición ha generado como gobierno y lo que debe enfatizarse, porque no es posible que entre los bastardos que hay como senadores y diputados, no haya siquiera uno, que obligue, a que en lo que va del año marcado antes de que el CP sea puesto en vigor, no obligue a que ese instrumento jurídico sea revisado y eliminados todos los artículos contentivos de la clandestina ley mordaza que fuera vaciada dentro de la reforma del código mencionado y por la que, gracias a la cual, lo peor del bandolerismo político, empresarial, financiero, mediático y partidocrático habría entronizado la dictadura abierta.
Nuestro planteamiento es simple. Si Abinader ha tenido los “pantalones” de actuar por sí y por los miembros de Competitividad en la destrucción del sistema político democrático, creando una mafia gubernamental que ha retrotraído a la nación a tiempos indeseados muy anteriores a la Era de Trujillo y sin importarle violentar todo el ordenamiento jurídico de nuestro estado de derecho.
Con la misma determinación, la ciudadanía tiene que rebelarse e impedir que su gobierno plutocrático, todo ese que es responsable de la terrible pérdida de más de 300 mil millones de pesos desde el 2020 a la fecha o hablando en dólares estadounidenses: Más de 72 mil dólares en préstamos en el exterior y sin que absolutamente en la República no conozca que se ha hecho con ese dinero y lo que significa, que dentro de 30 años, todavía dominicanos que no han nacido tengan que terminar de pagar esas deudas.
Al mismo tiempo, hay que exigirle y obligar al presidente, que por le métodos que sean, ese triunvirato compuesto por los grupos económicos Rainieri, Vicini, Estrella, no solo que sus miembros sean apresados y se les formulen cargos por saqueo continúo de los recursos y dineros públicos y como responsables del terrible desastre económico al que junto a Abinader han llevado la economía a una quiebra masiva y en razón de la iliquidez abrumadora que abate a la nación, sino que todo lo que en bienes y activos tengan les sean expropiados.
¿En qué fundamentamos esta petición?:
En el artículo 22 de Derechos Ciudadanos de la Constitución de la República y su inciso tercero: “Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes”.
También en el inciso cuarto: “Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto”.
Y en el inciso quinto: “Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos”.
Igualmente, en el artículo 75 sobre derechos fundamentales de la misma Constitución y cuyo inciso doce ordena: “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto al patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.
Así mismo en el acatamiento del artículo constitucional 146 sobre prescripción de la corrupción, que en su inciso dos, ordena: “De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.
Todo el ordenamiento anterior es fortalecido por el Código Procesal Penal en su artículo 30.- “Obligatoriedad de la acción pública. El ministerio público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes”.
Es decir, los ciudadanos tenemos derecho a ejercer la tutela efectiva sobre todos los actos de gobierno que se encuadren en delitos y hechos punibles que afecten el patrimonio nacional y por vía de consecuencia y también el patrimonio de los ciudadanos en general, tutela que también incluye a ciudadanos del sector económico privado como funcionarios públicos, que es el caso de los miembros del Consejo Nacional de Competitividad.
Lo que también quiere decir, que no hay excusas para que la ciudadanía no accione contra un gobierno que se haya apartado de derecho y el que por sus acciones ilícitas se ha convertido en un verdadero peligro público.
En este aspecto, para nosotros, el ilícito mayor cometido por Abinader, ha sido la publicación y puesta en principio de vigencia del recién promulgado Código Penal y que es la mayor afectación del estado de derecho que gobierno alguno se hubiese atrevido y al extremo, de pretender arremeter contra el derecho constitucional ciudadano de ejercer la libertad de expresión y por lo tanto, de seria afectación de la libertad de prensa en lo atinente al ejercicio de la prensa libre en las los medios en las redes sociales y a peor, queriendo impedir la libertad de palabra, así como la de disentimiento y en resumen, en una afectación absoluta del periodismo ciudadano.
De ahí que haya que desenmascarar a quienes como cómplices de Abinader, ahora pretenden imponer la dictadura y quienes aparte de los tres grupos económicos arriba mencionados y el Consejo Nacional de Competitividad, se encuentran los empleados públicos, quienes, como abogados desde el bufete legal común, han urdido esta trama criminal contra la República, los señores: Yayo Lovatón, Sigmund Freund y Napoleón R. Estévez Lavandier.
Y puntualizando, que por semejante atentado contra el orden constitucional de la República, decimos, que los motores y triunvirato de la dictadura plutocrática desde Competitividad: Rainieri, Vicini, Estrella, reducen a sub judices a todo el periodismo independiente desde las redes sociales, y con el auxilio de sus abogados: Yayo, Sigmund y Estévez Lavandier y dando un año de plazo para perseguir al periodismo ciudadano y lo que hay que recalcar, es absolutamente inaceptable y da autoridad moral a la ciudadanía y para rebelarse contra Abinader y su gobierno de delincuentes. Con Dios. (DAG) 10.08.2025
última actualización: 09:45 am.
