Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca la Globalización entró en crisis con la guerra de aranceles, ya lo estaba la democracia en todo el mundo afeada por los extremismos nacionalistas y por una creciente lawfare, definido como “la guerra por la vía legal” o “la judicialización de la política” para deslegitimar o anular a adversarios, ya no solo en América, sino también en Europa: El Estado de derecho colapsó en gran parte del mundo y la ONU dejó de ser relevante en el respeto al Estado de derecho. Se perdieron las formas, murieron las normas y la regla volvió a ser el poder, como antes de la Segunda Guerra Mundial.
El Lawfare contemporáneo lo inició Joaquín Balaguer con Salvador Jorge Blanco en 1986, cuyo encarcelamiento le permitió dividir al PRD y reelegirse – aunque a duras penas en 1990- y, algo parecido se repitió con las elecciones del 2024. Pronto le siguió Carlos Andrés Pérez en Venezuela quien persiguió a Jaime Lusinchi – sobre todo a su mujer – y el resultado fue Chávez, extendido en Maduro. Antes de que cerrara el siglo unos 20 ex presidentes siguieron la misma suerte en América, aunque algunos solamente fueron destituidos, como Color de Melo, recientemente encarcelado y, no debemos olvidar Perú, con Alan García, Fujimori, Ollanta Humala, Pablo Kuczynski, Martin Vizcarra y Pedro Castillo, de cuya fractura el país todavía no se recupera: Ahí, todos los presidentes desde el 1985 han estado en prisión y, en un solo periodo presidencial, ha tenido hasta cinco, de hecho, es casi seguro que procesen a Dina Boluarte, la actual mandataria cuando finalice el próximo año. En todos los casos el resultado para la democracia ha sido funesto.
En lo que va del presente siglo unos 80 ex presidentes o jefes de Gobierno han sido encarcelados o procesados en todo el mundo; en Francia Nicolas Zarkozi, Jaques Chirac, Alain Juppé, François Fillon, en Italia, Berlusconi, en Korea, Park Geun-hye, Lee Myung-bak , Roh Moo-hyun y hace poco Yoon Suk-yeol.
En Estados Unidos, Richard Nixon, evitó la prisión por mentir mediante un indulto de Gerard Ford y recientemente, en una evidente lawfare se persiguió con múltiples procesos a Donald Trump quien finalmente a pesar de ello fue elegido de nuevo abrumadoramente – en votos de los colegios – y el resultado ha sido un gladiador herido pero vencedor en busca de revancha, algo peligroso para el mundo y para Norteamérica.
En América del Sur se destituyó a Dilma y se condenó a Lula da Silva, en una persecución obviamente política, que se ha revertido con el enjuiciamiento de Jail Bolsonaro, cuya persecución también tiene ribetes de lawfare. También ha sido condenada Cristina Fernández de Kirchnner en Argentina y, en Ecuador, Correa, quien vive en el exilio, Jamil Mahuad y Jorge Glass, en Paraguay González Machi. Solo en Chile y Paraguay no hay ejemplos recientes.
En Centroamérica no ha sido la excepción, ha ocurrido lo propio en Panamá Ricardo Martinelli; en Guatemala, nueve han sido procesados, Serrano, Otto Pérez, Jimmy Morales y Álvaro Colon, entre otros. En Honduras, Porfirio Lobo y Juan Hernández y hasta en la estable democracia de Costa Rica se procesó a dos expresidentes. En el Salvador Francisco Flores, Sanchez y Mauricio Funes, el resultado ha sido la autocracia de Bukele y, por eso Nicaragua se ha convertido en una dictadura marital.
El caso más reciente es el de Colombia con Álvaro Uribe, el dos veces presidente que finalizó como el mandatario más popular de la historia moderna, quien sacó al país de la condición de Estado fallido y el único que ha retenido una cuota de poder importante doce años después de haber dejado el Gobierno: de hecho, el único líder vivo del país.
En la mayoría de los casos ha sido evidente que los procesos, utilizando a la justicia, no han sido más que pretextos de quien dispone de los mecanismos para aplicar la ley en la persecución en contra de los adversarios y, por esa falta de legitimidad los pueblos les retribuyen eligiéndolos, como sucedió con Trump, Lula y Alan García.
La Justicia que supuestamente se imparte aplicando la Ley en nombre de la República no es la abstracción de una “dama ciega con una balanza en su mano derecha” que impone castigo en contra de la opinión mayoritaria de un país desestabilizándolo y, menos cuando incluye como penas accesorias, la inhabilitación política que es como quitarse el refajo. Nunca me han gustado Evo Morales ni Cristina Kirnnersk, pero impedirles participar en las elecciones deja muy claro que el objetivo era político y que le suprimen al ciudadano el derecho a elegir: La Justicia no existe para eliminar a la población sus derechos.
En las últimas décadas en América se hizo popular la idea de una justicia independiente que no es más que un imposible, no existe; es un poder del Estado que siempre depende de alguien en todas partes del mundo, en ocasiones del legislativo, en algunos a propuesta del ejecutivo o mediante composición de elección mixta: siempre responde a intereses y, en última instancia, al interés personal del mismo juez que procura quedarse en el cargo o un ascenso. El Juez bueno es simplemente un ser humano que procura administrar bien conflictos por la vía pacífica, pero que nunca es ajeno a su propia realidad humana y, el prudente es el que al decidir mide el alcance del acto de dictar sentencia sobre el procesado y la sociedad: La medicina no debe ser peor que la enfermedad.
La Justicia independiente no existe, es un sofisma y la verdad, tampoco; ambas son ilusiones, deseos que en el mejor de los casos se mueven en el mundo de la “verdad jurídica” que con frecuente no guarda ninguna relación con la verdad objetiva de los hechos y de sus razones, sobre todo en el mundo actual en donde lo que existe es la verdad mediática que corrientemente, es falsa.
Cuando los pueblos permiten que se pague tan mal a líderes a quienes deben tanto, como es el caso de Uribe, por el odio que a veces cultivan las ideas o porque no pueden vencerle, no les espera más que mayor inestabilidad: Uribe fue para Colombia su primer espacio de estabilidad en décadas y a pesar de sus adversarios, sigue siendo parte de su equilibrio.
Lo simpático en algunos casos es el motivo de la condena, a Lula un Juez encompinchado con un fiscal – ambos luego se postularon gracias a la notoriedad que les dio su barbaridad-, le condenaron por poseer un apartamento que nunca fue suyo en virtud de que había un traje que nunca usó y, ahora a Uribe le condenan por “obstruir” un proceso que no se abrió y por sobornar a un “testigo al que nunca le habló” de un proceso que no existe, le imponen una pena desproporcionada de doce años, mayor incluso que la solicitada por la Fiscalía que fue de nueve y, sobre todo, le inhabilitan, que es el objeto principal: Es la esencia del lawfare, eliminar adversarios políticos por descrédito, agotamiento en un proceso judicial o inhabilitación a través de la ley.
De esa manera un Juez de primer grado en ejercicio de una competencia que le da la república despoja a un país de su principal líder a los fines de que no pueda seguir siendo útil a su país ni como Alcalde pedáneo lo que constituye un despropósito.
Se anunció que la decisión será recurrida y, el proceso debe concluir a mediados de octubre puesto que, de otra forma, prescribe, pero la lawfare, en Colombia y en el mundo, habrá hecho su daño irreversible. Por: Angel Lockward (Listín Diario)
