Es un alivio, que en la tarde de ayer se conociera la reacción oficial a la sentencia TC-0788-24, que abre una promisoria perspectiva, de que al menos a nivel presidencial, se entendió plenamente, no solo lo del acatamiento inmediato a la sentencia del Constitucional, sino lo más importante, que nadie está en eso de “interpretarla”, sino de acatarla sin discusión alguna y como debe de ser y si se quiere preservar la institucionalidad y el Estado de Derecho.
En este sentido, lo dicho por el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, no deja dudas de cuál es el ánimo presidencial y el que por lo sosegado, es evidente que trata de entender el impacto que significó, que para el TC se acabó la preeminencia de los partidos por encima de los electores y que definitivamente las fuerzas políticas deberán y a partir de ahora, ceñirse a la única variable correcta que debe de existir en la implementación de un gobierno constitucional enmarcado dentro de los parámetros de la democracia representativa.
Variable que fuera eliminada abusivamente en el 1962 por el gobierno de facto de aquel tiempo, el Consejo de Estado, formado por una corte de trujillistas reconvertidos en “víctimas de la tiranía”, quienes en alianza infame con la oligarquía manejada y controlada por los Vicini y nueve familias más, entendían que eran todas ellas las que debían tener la “herencia natural” del régimen trujillista constructor y desarrollista en el que sus miembros participaron con gran ardor y obsequiosidad.
Cómo hubo entonces un acuerdo entre tutumpotes y para evitar que los hijos de machepa despertaran y se dieran cuenta, que producido el acto de traición de los antitrujillistas que emboscaron a Trujillo en mayo de 1961 en ruta hacia San Cristóbal y que el Consejo de Estado sacó amplio provecho, para evitar que todos los dominicanos asumieran que eran los únicos herederos naturales del Estado y como representación de lo mejor de las fuerzas vivas nacionales provenientes de la misma ciudadanía, las llamadas diez familias, se adelantaron y formaron la alianza de grupos con los que desde le mitad de mayo 1961 a la mitad de junio de 1966 secuestraron totalmente las instituciones nacionales.
¿Qué ocurrió para que las diez familias se alzaran con el santo y la limosna del poder?, que la nación de menos de dos millones y medio de habitantes estaba conformada por campesinos, soldados y burocracia políticamente iletrados y nadie sabía cómo enfrentar el terrible vacío de poder que el magnicidio había provocado.
Fue en ese momento que los dos principales periódicos de la época: El Caribe y la Nación, ya en manos de la oligarquía, impuso la política de castración mental al nicho de periodistas trujillistas quienes aterrorizados, no sabían cómo lidiar con los efectos de la nueva situación y por eso se dejaron chantajear por los Vicini y los burócratas más importantes y para que lo que antes era bueno fuera presentado como lo peor que a la República le había ocurrido y que el hombre fuerte y estadista desarrollista que había sacado al país de ser una aldea a convertirla en una nación, debía y tenía que ser presentado como el mayor delincuente que la nación había tenido.
De esa manera, ese supuesto antitrujillismo se robó más de 500 millones de dólares en obras de infraestructuras, empresas e industria ligera y desmantelando todo el aparato productivo nacional que Trujillo construyó con fines de sacar a la nación del ostracismo y caos que había conocido antes del 1930.
Ahora y después de 63 años de abolido el régimen trujillista, es que se entiende el terrible daño material y moral que aquellos grupos “antitrujillistas” le ocasionaron a la nación, que en aquellos instantes se abría entre temerosa y espantada, a renacer como una con instituciones democráticas.
Al pueblo dominicano de mayoría campesina se le manipuló y domó al gusto de la oligarquía y las diez familias y al grado, de que el primer golpe inconstitucional contra el Estado se logró cuando en el 1962 se modificó la Constitución de la República, para que los procesos electorales fueran en base a partidos políticos y no como estaba establecido en base a candidaturas independientes propias de los electores.
Igualmente, el Consejo de Estado modifico el artículo constitucional que especificaba, que, para ser presidente de la República, el ciudadano debía de ser dominicano de nacimiento y origen y lo que se hizo para atender la petición chantajista del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que provenía del exilio y que presentaba como candidato al dominicano de nacimiento, pero no de origen, el vendedor de productos farmacéuticos y exiliado en Cuba, Juan Bosch Gaviño.
Si los exiliados “antitrujillistas”, una manga de charlatanes y ladrones desenfrenados y locos por quedarse con la parte del botín trujillista que la oligarquía todavía no se había robado, hubiesen regresado con el interés sano de preservar las instituciones -mejorándolas- y a la República también, nunca habrían cometido el terrible crimen de Estado de crear una partidocracia, que como ya se ha visto en estos 63 años y siendo ya este país uno de 10.5 millones de habitantes y un 78 % de alfabetos y con una estructura económica de exitosa economía emergente y toda la población urbana había quedado totalmente prisionera de ese sistema partidario. Clientelista, familiar y criminal, que en ese lapso saqueó 500 mil millones de pesos en bienes, infraestructuras y riquezas del pueblo dominicano.
Precisamente por ese saqueo institucional en el que todos los partidos y gobiernos que se han tenido desde Bosch al actual de Abinader y siempre controlados por el PRD o sus herederos, la nación fue detenida en su tiempo político y la corte de políticos que se han tenido y como partidocracia, la primera ola criminal proveniente del Estado.
Un detalle, ¿sabrán las actuales generaciones, que, en el 1961, la moneda nacional era el peso oro y que las monedas metálicas se forjaban en pura plata y que el peso oro tenía más valor en los mercados internacionales que el mismo dólar estadounidense y que este país no le debía absolutamente nada a ningún otro y que las reservas daban para cubrir tres años continuos de importaciones?
Nada de eso ya existe, solo recuerdos y tampoco los servicios tecnológicos militares en los que se fabricaba de todo como también la extraordinaria ametralladora San Cristóbal que era la pieza principal de nuestra fábrica de armas, que a su vez tenía una de pólvora. Trujillo, días antes del magnicidio uno de esos periodistas-espías que la CIA enviaba y a una pregunta sobre que pensaba él que haría el pueblo dominicano con tanta riqueza creada después que él no existiera, solo dijo: “Serían los dominicanos unos pendejos si dejan que toda esta riqueza e infraestructura fuera destruida o enajenada” y fue lo que ocurrió y gracias a los Vicini y el PRD y las diez familias, que nunca han sido juzgados por sus crímenes contra la nación.
Por eso y con la ocurrencia de la sentencia TC-0788-24, se ha empezado a dar el proceso revolucionario institucional que debió de darse en el 1961 y en esta ocasión, con el retorno de la libertad política institucional, eliminando los partidos políticos como fuente del sistema democrático y entregándola a los ciudadanos electores e institucionalizando las candidaturas independientes a la partidocracia y ahora a más, siendo esta República, una compuesta por más de 70 por ciento de juventudes.
Esa es, a nuestro juicio, la gran revolución institucional que significa la promulgación de la referida sentencia del Constitucional y que deberá de ser protagonizada por la parte más joven y preparada de la población y la que por coincidencia y esfuerzo propio y de sus mayores, se encuentra estupendamente bien preparada y al ser la parte dinámica de las redes sociales y que es el vehículo que los dominicanos de 18-36 años, no menos cuatro millones de electores, tienen a favor para abolir la partidocracia y darle concreción a la revolución social que el pueblo dominicano del 1961 no pudo concretar.
Esta deuda histórica, ya en vías de reparación, hay que agradecérsela al pleno del actual Tribunal Constitucional y nadie que se precie de dominicano no puede ni debe desaprovechar.
De ahí que lo expresado por el ministro Paliza, en cuanto a que la sentencia debe de ser acatada “y discutir con los partidos los métodos y fórmulas que deben implementarse en respuesta al dictamen del TC” nos parece de una brillantez lógica extraordinaria.
En refuerzo de este despertar democrático de a verdad, hay que decir, que con el pedido del TC en cuanto a que ahora los ciudadanos y como tales son candidatos independientes a los partidos, la misma partidocracia tiene para renovarse y reestructurarse, presentando a todos los expresidentes y al presidente actual como ciudadanos candidatos independientes y como puntal de contrapeso frente al aplastante voto ciudadano joven independiente, en cuyas manos, descansa el destino de la renovación institucional de la República.
Consecuentemente, solo debemos decir, que mientras en el gobierno se entiende lo correcto de buscar el dialogo entre las fuerzas políticas “para los métodos y fórmulas que deben implementarse en respuesta al dictamen del Tribunal Constitucional” los otros políticos más reaccionarios, todavía no entienden el ciclón batatero que les ha caído encima. Con Dios. (DAG) 25.12.2024
