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Miguel Valerio califica de «error» la comisión creada por el Poder Ejecutivo para el Código Penal. Otros se preguntan si el Poder Ejecutivo no tiene un consultor jurídico, mientras FINJUS la aplaude

El jurista Miguel Valerio rechazó la creación de una comisión designada por el Poder Ejecutivo para el seguimiento y revisión del nuevo Código Penal, a la que calificó como un error de carácter institucional y legal.

El abogado penalista sostuvo que la formulación de la política criminal del país corresponde, por mandato legal, “al Ministerio de Justicia, conforme a la Ley núm. 80-25 Orgánica del ministerio, en su artículo 9, y no a comisiones extraordinarias creadas por decreto del Poder Ejecutivo”.

 la designación de dicha comisión vulnera la Ley del Ministerio de Justicia, institución que es la encargada constitucional y legalmente de formular la política criminal del Estado, cuyo instrumento principal es precisamente el Código Penal.

El jurista instó al presidente de la República “a derogar el decreto que dio origen a la comisión, al considerar que sus trabajos carecerán de efecto real y que resulta preferible respetar la institucionalidad vigente”. Asimismo, recordó que “el Poder Legislativo cuenta con sus propias comisiones de trabajo para debatir y canalizar las modificaciones legislativas correspondientes”.

Integrantes de la comisión

La comisión cuestionada está compuesta por el doctor y expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, junto a los profesionales del derecho Leyda Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso Segarra. Completan la nómina los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro.

De su lado, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valoró como “oportuna y trascendental la emisión del Decreto núm. 507-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo creó la Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal”. Desde su vicepresidencia, el burócrata Servio Castaños que la representa, dijo, que supuestamente “esta iniciativa fortalecerá la seguridad jurídica y facilitará una implementación efectiva de la Ley núm. 74-25 y sus modificaciones”. (LD-rcb / OJO-jj)

 

 

 

 

 

 

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