Que, en un hotel o edificio de apartamentos, centro de alterne o de jolgorio, restaurante o bar, las autoridades localicen o descubran algún tipo de negocios ilícito, no les da derecho a solicitar el cierre de estos y mucho menos cuando esos negocios no tienen responsabilidad directa en lo que haya ocurrido en sus recintos a manos de terceros que nada tienen que ver con su propiedad.
En este sentido, los agentes del ministerio público se exceden totalmente, toda vez que, en esos casos, los responsables directos a detener son las personas que directamente tienen que ver con el ilícito descubierto. Y lo que acaba de descubrirse con lo de la detención de una supuesta red de prostitución y trata de personas localizada en Bávaro y con aparentes ramificaciones en la capital de la República.
En este aspecto entendemos que la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) al solicitar ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la clausura temporal de los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, provincia La Altagracia, comete un abuso de poder que el tribunal competente tiene y debe de enmendar pues la libertad de comercio como el ejercicio de la libre empresa no puede ni debe ser obstaculizado o impedido, aparte de que se lanza al desempleo a cientos de empleados que tampoco nada tienen que ver con el ilícito descubierto. [Ojo-El Dia]
