Lo correcto debería de ser que el factor seguridad fuera cuidado a plenitud por el gobierno del PRM, Abinader y Competitividad, sin embargo, las desapariciones atracos y crímenes se agolpan en las redacciones de los medios de comunicación independientes a los tradicionales y llegando al extremo, de que pocos no dejan de preocuparse o no prestarle atención a esa realidad, que ciertamente angustia.
Por ejemplo, en los últimos quince días, son cerca de seis los adultos desaparecidos, más de cien los atracos continuos y no menos de cincuenta personas heridas por armas de fuego, incendiarias, blancas y con la nueva modalidad de uso progresivo de espray de pimienta y dispositivos de descarga eléctrica, aparte de las consabidas agresiones mundanas hijas de los teteos y del progresivo consumo de drogas.
En paralelo, la delincuencia juvenil ha aumentado significativamente y lo peor es, que la policía no tiene una respuesta efectiva para enfrentar la problemática, en tanto es público, que uniformados -militares y policías- agravan el aire de delincuencia social que cada vez es más que preocupante y mucho más, cuando se recuerda, que todos los ciudadanos no tenemos cédula de identidad y electoral y lo que en cierta forma propicia la delincuencia social.
A nuestro modo de ver, el fenómeno ha crecido debido a la incapacidad, incompetencia y progresivo accionar cómplice de funcionarios gubernamentales civiles y de uniforme, quienes a su vez, cuentan con un batallón de voceadores en los medios electrónicos en la radio, televisión y en los lupanares mediáticos en las redes sociales, quienes con su silencio y complicidad, están contribuyendo al aumenta de las noticias sangrientas en las páginas amarillas de los medios de comunicación tradicionales y con todo que en los periódicos escritos, la orden es no destacar los delitos y en particular las desapariciones de personas.
Agréguese a semejante esquema de violencia nada fortuita, el incremento de las desapariciones para fines de robos de órganos humanos y lo silente, de profesionales de la medicina y la enfermería participando en acciones clandestinas de aplicación oculta de muertos por eutanasia “social” y en donde son de a millones de pesos sus resultados.
Es decir, cada día la población se encuentra mucho más desamparada y haciéndose evidente, que en el gobierno, parecería que no quieren encarar la grave situación y mucho menos en Interior y Policía y llegándose al grado, de que esos periodistas, comunicadores y reporteros limpiasacos que dominan en la rueda de prensa semanal de la presidencia de la República, nadie se atreve a presentarle preguntas “incómodas” al presidente Luis Abinader, quien por lo visto, sus servicios de seguridad, de información y data y también de inteligencia le filtran las pocas informaciones que recibe respecto a todo cuanto signifique el factor seguridad para los ciudadanos.
Para colmos el mismo Abinader incentiva el desorden de administración que tiene su gobierno y con su reiterada información y realizada el pasado lunes y que es un grave error táctico, que nunca gobernante alguno debería de hacer, de que él y supuestamente no se presentará en el 2028 como candidato presidencial, con lo que de manera indirecta, incentiva a la parte delincuencial de su régimen, toda esa que caracteriza a su partido el PRM, pues siendo este un país presidencialista, ocurre, que cuando el presidente en ejercicio da fecha de término de su mandato, en este caso tres años, lo que provoca, es que dentro de la burocracia como en la plutocracia se incentiven todo tipo de desmanes que van directamente contra la sociedad.
Por eso ha sido, que ayer, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, aviso o advertencia, por medio de la cual, le advierte a la Procuraduría General de la República y a todo el ministerio público, pero también a militares y policías, que no tienen derecho a secuestrar vehículos de ciudadanos y en específico, que ordena devolver 13 vehículos y advierte a la Procuraduría sobre retención ilegal de bienes y lo que ya se ha convertido en el mayor accionar criminal de las autoridades judiciales e incluidas de uniforme, contra bienes propiedad de terceros.
En este sentido, el desamparo ciudadano es terrible, la policía entra a los domicilios a altas horas de la noche sin orden legal de allanamientos de morada, no respeta la privacidad de automóviles cuyos propietarios y de acuerdo con la ley, son parte de su vida privada. Mientras al mismo tiempo, grupos armados de policías y con el pretexto de “proteger a los ciudadanos”, acosan a los ciudadanos en calles y carreteras y afectándoles groseramente el derecho constitucional a su libre tránsito.
A todo esto, los periodistas, reporteros y comunicadores de la prensa tradicional o mercancía, no gritan, ni se alarman y tampoco protestan y porque la mayoría, o son asimilados militares y policiales con uso de armas de fuego y en algunos casos con derecho arbitrario a arrestar a otros ciudadanos o porque por favoritismo político, desde el gobierno se les apoyan sus ilícitos.
Entonces y de buenas a primeras, el gobierno del PRM ha abierto lo más parecido a una zona franca de accionar criminal por la que el grueso de la población es su víctima, mientras a los ciudadanos se les entretiene con el accionar ilícito de Interior y su policía incautando bocinas o todo tipo de propiedades en comercios y casas de familias y afectando tanto la libertad de comercio, así como de libre circulación.
E insistimos, todo este desmadre ocurre, por la complicidad de los medios de la prensa tradicional y una parte de la innovadora u emergente en las redes sociales, donde tantos que no han sido preparados profesionalmente para ejercer la comunicación, atropellan de manera incalificable a las víctimas de sus desafueros y tropelías y con el pretexto del ejercicio de la libre expresión y sin importarles violentar el artículo 49 de la Constitución, la ley de delitos electrónicos o la 6132 de libre expresión y difusión del pensamiento.
Lo lógico, sería exigirle al gobierno del PRM, Abinader y Competitividad, que se ajuste a derecho y cumpla con las exigencias de un verdadero estado de derecho y no que, por su irresponsabilidad social, afecte cada día más el estado de derecho.
Desde el 2023 van más de 3 mil desaparecidos entre adultos y menores de edad y adolescentes y las autoridades no hacen nada significativo ni siquiera para indagar el por qué de sus ocurrencias, mientras se nos entretiene con la haitianización progresiva de la vida nacional y la corrupción desde el poder que está destruyendo el orden social.
De esta manera, el gobierno por su lado, el PRM por el otro y los miembros del Consejo Nacional de Competitividad, se aúnan para tener a la República acosada por un estado policial cada vez más grosero y Abinader solo ríe, se hace el loco y de irresponsable, deja que a los ciudadanos se les golpee, se les nieguen sus derechos y se les reprima abusivamente.
Concomitantemente, da mucha ira ver la campaña electoral a destiempo que el PRM ha desatado y que Abinader consciente y generando el peligroso esquema de guerra civil entre gobiernistas y que se está presentando y a la cabeza, el expresidente Hipólito Mejía el más patente como patético enemigo interno del PRM y del Poder Ejecutivo…y de todo aquel que no acepta que su hija siquiera pudiera ser posible candidata presidencial.
Así, la República va hacia una terrible hondonada de arbitrariedad, ilegalidad y anarquía y los ciudadanos de buena voluntad, sintiéndose cada día más secuestrados por el poder y en la más terrible afectación de sus derechos.
Mientras tanto y a la desesperada, solo y entre azorados y preocupados, notamos, que, no obstante, se nota que en el ministerio de Interior y Policía presentan cifras por las que supuestamente desmienten que en el país haya aumentado la inseguridad ciudadana, cuando la realidad apunta hacia lo contrario y peor, que, al tener complicidad mediática, en el gobierno se hacen los chivos locos. Con Dios. (DAG) 18.06.2025
última actualización: 04:30 pm.
