De buenas a primeras, se descubre, que desde el despacho de la subprocuradora Berenice Reinoso Gómez, parecería que allí y en demostración de su independencia de criterio y sin consultar a la autoridad que tiene que ver con las erogaciones públicas o el otorgamiento de contratos y contratas de obras públicas y de acuerdo a lo que ha trascendido en las redes sociales, la funcionaria accedió a que determinados imputados en un sonado escándalo de corrupción a gran escala, puedan librarse del compromiso y siempre y cuando paguen las multas que les han sido impuestas y hasta aceptando que lo hagan por medio de la obtención de contratos de obras y también como suplidores del Estado.
Es decir, una persona saquea junto a otras el patrimonio público y lo que se descubre, en un proceso judicial efectuado recién, que a esa persona se le concede el privilegio de buscar que el Poder Ejecutivo le salve de la multa dándole contratos de obras y servicios y para que la procuraduría general de la República se cobre las multas impuestas.
Que recordemos, es la primera vez que en toda la historia de la República y si realmente se ha cometido semejante desfachatez, que el Estado premie a quienes le roban, otorgando le mecanismos de nuevas obras y contratos y para que de los mismos se paguen los compromisos contraídos y por sus malas prácticas de corrupción y a un nivel escandalosamente repugnante.
Este medio y por prudencia, ni afirma, pero tampoco niega, que la información que sobre este particular circula por todos los medios y redes sociales y con mayor intensidad en los lupanares mediáticos, pero sí entiende, que lo menos que se puede solicitar, es que desde el despacho presidencial se de respuesta y a una situación, que, de ser cierta, compromete la responsabilidad directa del presidente de la República.
Y lo que ha estallado, en momentos, que el presidente del comité de relaciones exteriores del senado estadounidense, Benjamín Cardin, acaba de poner en duda la campaña de lucha contra la corrupción que pregona el gobierno del presidente Abinader y planteando, que la misma solo va dirigida contra la oposición y nada contra funcionarios del gobierno y que ha obligado a que tanta gente entienda, que esos delincuentes de cuello blanco han cometido o están cometiendo sorprendentes actos de corrupción administrativa en los que están comprometidos dineros públicos o de organismos financiadores internacionales.
Cómo de lo que se trata, era de conocer la posición o lo que haría el nuevo embajador estadounidense en este país, el abogado Carlos Iturregui y preguntado en una audiencia en el Capitolio el pasado día 13, con la recia critica del senador Cardin, es evidente que lo que en el Senado estadounidense quieren conocer, es si su embajador tendría el carácter y la voluntad de enfrentar los hechos de corrupción que estén siendo cometidos por funcionarios del gobierno de Abinader.
Al tocar este punto, lo que sobresale, es que para Cardin, Iturregui no sería el embajador confiable para enfrentar al gobierno de Abinader en el tema que tan crudamente Cardin ha puesto a interés de todo el mundo e igualmente lo otro tan significativo, que un hecho que ocurrió el día 13 de este mes, fuera seis días después que la prensa dominicana lo divulgara y en una muestra terrible de complicidad y auto censura.
Si esta apreciación es la correcta, por primera vez observamos, que desde el gobierno estadounidense y en su área legislativa, se está dando una posición desusadamente critica, que por obligación hace entender que desde el senado estadounidense se tienen serias dudas de la idoneidad del gobierno dominicano para manejar todo lo relativo a enfrentar la corrupción, castigarla y meter presos a quienes sean responsables directos o indirectos de la misma.
Mientras desde otros medios y periodistas, al conocerse el cuestionamiento del senador Cardin, la han emprendido contra el gobierno del presidente Abinader y hasta colocándolo tal como si hubiese que entenderle como un régimen absolutamente corrupto y olvidando todos esos sectores, que como dominicanos, deberían tener el cuido de no hacer y de un interrogante no comprobado aún, una especie de bola de lodo en crecimiento, que distorsione totalmente la imagen del gobierno y del presidente Abinader, que se supone, que como se trata de un punto informativo proveniente de otro país, todos deberíamos tener el tacto imprescindible y no caer en el error de generar una desinformación a gran escala que destroce la posibilidad de beneficio de la duda, que, en principio, debería de favorecer al gobierno y a su presidente.
Solo queremos resaltar esto y al tiempo de exigir, que, desde la Procuraduría General de la República, o sea del despacho de la titular Miriam German, se dé respuesta a la gran interrogante que ha creado tanto malestar y que coloca a la subprocuradora Reynoso Gómez, no solo ante la picota pública, sino a ella misma como una funcionaria no merecedora de ocupar la posición que ostenta.
Ahora mismo, dentro de toda la nación está originándose un malestar creciente con lo que se dice extraoficialmente que significará para la población la imposición de una reforma fiscal, que entre otras “originalidades” tiene la de imponer un impuesto sobre valor agregado (IVA) que entre nosotros es conocido como ITBIS, por medio del cual, toda actividad de libre comercio será afectada sensiblemente.
Se da el caso, de las actividades que tienen que ver con el bienestar personal de cada ciudadano y en particular mujeres y las que son las principales clientas de salones de belleza de clase media como entre la población pobre y las criticas duras que sobre el particular se están manifestando, indican, que si el gobierno insiste en semejante atropello contra la economía doméstica y el que obligaría a la desaparición de más del sesenta por ciento de todos esos negocios y que en el caso de los ciudadanos de a pie, es el único recurso que las amas de casas tienen para sustentarse, que no habría que extrañarse si a los tres días de promulgarse semejante reforma fiscal, explotara la ira popular.
De ahí, que consideremos prudente, que el gobierno sepa bien que es lo que presentará como reforma fiscal y que en momentos que desde el senado estadounidense se emprende un llamado de atención sobre la corrupción en el gobierno de Abinader, no creemos que sea la mejor iniciativa y si se tiene en cuenta, que los ánimos de tantos ciudadanos se encuentran crispados y porque entienden, que en el gobierno solo se favorece a su propia gente y actuando de espaldas a la población.
El presidente Abinader, por lo tanto, tiene que andarse con pies de plomo y saber bien como enfrentará los dos problemas que aquí mencionamos y que no dan espacio para que en ninguna rueda de prensa presidencial sean temas que se traten con ligereza. No somos del gobierno y tampoco de la oposición y como saben nuestros lectores, en estos 52 años de ejercicio continuo en el análisis político de Estado, nuestra única preocupación, es la República y sus instituciones, pero para decir que se vaya con cuidado, solo nos basta recordar que como dominicanos tenemos derecho a emitir estas observaciones y mucho más, cuando desde hace tantos años, cinco décadas, creamos este medio para combatir de frente y sin importar las consecuencias, la corrupción desde el poder.
Lo que finalmente nos obliga a decir: No se entiende. ¿Quiere decir, que el ministerio público central pacta con delincuentes de cuello blanco, que acepta que estos les paguen las multas millonarias que les ha impuesto y en base de requerir al Poder Ejecutivo, que le conceda contratos de obras públicas y para de ese modo pagarlas? Con Dios. (DAG) 22.06.2024
