Elon Musk ha decidido alzar la voz contra la creciente burocracia en EE UU. Desde el Despacho Oval y flanqueado por el presidente Donald Trump, Musk lanzó un mensaje contundente: el enorme tamaño de la administración federal es una amenaza para la democracia, porque deposita el poder en manos de burócratas no elegidos y ajenos al control ciudadano.
Este diagnóstico, que ha circulado profusamente en redes sociales, se basa en una lógica que no deberíamos ignorar. Cuanto más se expande el gasto público, mayor es el número de funcionarios contratados para gestionar los programas estatales. Con el paso del tiempo, esa burocracia desarrolla sus propios intereses y, en lugar de acotar su ámbito de actuación, tiende a ampliarlo para garantizar su supervivencia.
La consecuencia es que muchas decisiones relevantes dejan de ser tomadas por los representantes electos para pasar a manos de un cuerpo administrativo profesionalizado, pero sin mandato popular expreso.
La crítica de Musk va más allá de la retórica. El presidente Trump acaba de firmar una orden ejecutiva que confiere al flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por el propio Musk, amplios poderes para reorganizar la burocracia federal.
Entre las medidas más destacadas figura la limitación de nuevas contrataciones: solo se podrá incorporar un funcionario por cada cuatro que se jubilen o cesen en su puesto. Asimismo, toda contratación futura tendrá que ser validada previamente por el nuevo departamento, que evaluará su necesidad real. Por último, el Departamento de Eficiencia Gubernamental tendrá la facultad de cerrar agencias, observatorios o centros públicos cuya existencia no esté contemplada expresamente por la ley.
Estas reformas representan un golpe de efecto sin precedentes contra una maquinaria estatal que, según Musk, crece sin control y pone en riesgo la solvencia financiera del país, tal y como se refleja en el abultado déficit público de dos billones de dólares.
Si el magnate logra implantar con éxito su programa de reformas, podría sentar un precedente internacional para que otras naciones se inspiren. En definitiva, la iniciativa busca someter al Estado a las mismas reglas de eficiencia y rendición de cuentas que se exigen a cualquier empresa privada en un mercado competitivo. Con ello, se espera mejorar la calidad democrática de las instituciones y aligerar una estructura estatal que, de no revisarse, podría comprometer, en el futuro, la estabilidad política y económica del país. Por: Juan Ramón Rallo (La Razón)
