Difícil comprobarlo testimonialmente, por lo menos hasta ahora, pero llamados desde su dirección general que les supervisa y que ha despertado muchos interrogantes en quienes conocen del tema, han despertado serios interrogantes.
Por ejemplo, los militares retirados y también los policías, tienen instrucciones de identificarse ante militares activos y hacerles ver que están listos para colaborar en lo que se les ofrezca, al tiempo que desde el organismo supervisor se le advierte a quienes fueron suboficiales a oficiales que estén atentos a cualquier llamada que se les haga.
Averiguando, lo que hemos sabido, es que en el gobierno y en áreas cercanas al Palacio Nacional, parecería que están diseñando una especie de plan preventivo de seguridad en primer rango, cuyo objetivo inmediato es darle cobertura “a todo lo que signifique una alerta temprana” frente a la fecha programada de puesto en vigor el Código Penal y cuya “fase muerta” es crear una especie de censo conteniendo nombres, direcciones y datos de periodistas y comunicadores en las ciudades y barrios donde residan y comenzando en el Gran Santo Domingo.
Parecería que se quiere estar presto a “intercambiar información” con la entidad supervisora oficial de los militares retirados y de servicio en empresas privadas de seguridad y con enlace con el ministerio público central y que, al enterarnos de la novedad, entendimos que hay un plan cierto de represión instantánea contra periodistas y comunicadores, sobre todo, para aquellos que son identificados en las redes sociales independientes.
Sobre el particular, es bueno que se conozca que por el conjunto de empresas de seguridad que son dirigidas por oficiales retirados superiores y en la gran mayoría, de hecho, tienen una especie de “ejercito privado” de no menos 125 mil individuos, mientras los activos en las Fuerzas Armadas no llegan a 100 mil.
La encomienda es, que todo ese personal en las compañías de seguridad privada, deben entenderse que pudieran ser movilizados en cualquier momento, si en algún momento “la superioridad” (¿?) así lo requiriera.
Cierta o no, especulación o no, parecería que, en el sistema de inteligencia y data gubernamental, se quieren tener todos los escenarios y para el caso que al ponerse en vigencia el Código Penal, haya que actuar cautelarmente y para fines de “seguridad nacional”.
Todavía más, cuando se escucha a altos cargos del PRM alardear de que no se irán del poder y que se preparan para quedarse el y consolidándose antes de llegar las elecciones y conociéndose los fanáticos que son la mayoría, que nos apresuremos a traer a colación semejante perspectiva ominosa y sin importar que sean o no ciertos los datos que se tienen y como la vía más adecuada para que periodistas y comunicadores se encuentren alertas, pues si se toma en cuenta lo que advirtió el presidente del Senado, de que con el Código Penal se trata de controlar a quienes hablen o se expresen en las redes sociales, donde a su decir “no hay respeto para nadie”, que por lógica haya que estar ojo avizor.
Mientras tanto e indagando, nos ha llamado la atención, de que, en no menos 50 torres en el Gran Santo Domingo, sus empleados y administradores han recibido instrucciones de ir indagando discretamente, quienes son los periodistas que viven en ellos y lo que significa, que lo menos que se pueda decir es, que “alguien” quiere elaborar una especie de retrato robot sobre en qué sectores viven los periodistas y sobre todo en la capital nacional.
Al mismo tiempo, sí parecería que será evidente desde hoy, que la parte menos agresiva del gobierno, se apresta a jugar su carta marcada de hacer cambios en la administración pública y con el interés de que la crispación disminuya en amplios sectores de la vida nacional de clase media a ciudadanos de a pie, quienes son las víctimas directas de la brutal represión policial, que desde que el “efecto Faride” fuera impuesto, mantiene en zozobra a amplios sectores nacionales.
Muchos en cambio, consideramos, que hasta que el presidente Luis Abinader no demuestre que él y como jefe de Estado y de Gobierno es quien realmente y como dice la Constitución de la nación, controla y dirige la administración pública, se haría imposible que la ciudadanía no continúe mostrándose casi como si se estuviera en desobediencia civil.
Por eso, ni nos asombramos y tampoco nos sorprendería, que efectivamente los organismos de seguridad estén alentando la reinserción gradual de exmilitares trabajando en empresas privadas de seguridad, como auxiliares y paramilitares de nuevo estilo y cuido y quienes, por la misma naturaleza del llamado a las filas, revela un sesgo autoritario mayor que no alienta que se le pueda tener confianza a nadie en el gobierno de Abinader, PRM y Competitividad.
Ahora, lo más grave es observar, que, con sus silencios, los tres expresidentes están apoyando la deriva totalitaria de Abinader y lo que no presagia nada bueno para el ejercicio del periodismo independiente en las redes sociales y en internet y obligando, a que solo por simple sentido común, haya que estar más que alerta.
Con razón entonces que expresemos, que parecería, que los aprestos dictatoriales, el gobierno los inicia llamando al servicio activo a militares retirados y de servicios en compañías de seguridad privadas. Con Dios. (DAG) 12.08.2025
Ultima actualización: 01:32 pm.
