La Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez impuso este jueves medidas de coerción contra el sacerdote Anselmo Alejandro Peña Sánchez, acusado de haber agredido sexualmente a una menor hace más de 20 años en el municipio Villa Los Almácigos.
La jueza dispuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica de 500,000 pesos que deberá hacerse efectiva a través de una compañía aseguradora.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva contra el religioso en atención a las denuncias públicas presentadas por varias víctimas; entre ellas figuran dos hermanas que aseguraron haber sido agredidas desde los 12 y 14 años, hechos que, según los relatos, se prolongaron durante varios años.
Una de las denunciantes formalizó la querella el 12 de septiembre de 2025, cuando hizo la exposición ante la Fiscalía local.
En la audiencia, la magistrada rechazó además la solicitud de extinción del proceso como medida de protección a las presuntas víctimas, por lo que el caso seguirá su curso en el sistema judicial.
El Ministerio Público informó que las conductas atribuidas al imputado han sido calificadas provisionalmente con artículos del Código Penal que sancionan la agresión y violación, así como normas del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
La Diócesis de Mao–Montecristi confirmó que el padre Peña Sánchez fue suspendido del ejercicio público de su ministerio “para fines de investigación” y ofreció acompañamiento espiritual y psicológico a las presuntas víctimas, además de reiterar su disposición a cooperar con las autoridades. En un comunicado oficial la diócesis afirmó que “en la Iglesia no hay lugar para el abuso ni para encubrirlo”.
Fuentes fiscales señalaron que la orden de arresto fue tramitada por la jueza Anabel Rodríguez Peralta y que la pesquisa continúa ampliando la toma de testimonios, que podrían incluir a otras personas que han denunciado públicamente al imputado o se han acercado a la Fiscalía.
Mientras tanto, la decisión de imponer prisión domiciliaria y la garantía económica —en lugar de la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía— podría ser recurrida por el órgano persecutor.
El caso ha provocado reacciones en la comunidad local y en redes sociales, donde varias víctimas y testigos han publicado denuncias y relatos que, según la Fiscalía, han servido como punto de partida para ampliar las investigaciones. Por ahora, el sacerdote permanece bajo las medidas ordenadas por el tribunal mientras se desarrolla el proceso judicial. (LD-OJO)
