Todavía no salimos del estupor y el desconcierto que nos provocara la atrevida decisión del Tribunal Constitucional, por medio de la cual anula y declara inconstitucional el artículo 99 de la ley 15-19, orgánica del régimen electoral, que trata sobre la automatización del voto de forma progresiva.
Hasta donde sabemos, nuestra perplejidad nace del hecho, en cuanto a que se supone, que los tribunales, todos y no solo el Constitucional, deben de velar por la existencia de la aplicación de una regularización legal institucional con miras de que el sistema político no confronte grietas u obstáculos de ningún tipo e incluimos también a la Junta Central Electoral como tribunal de primera instancia.
En consecuencia que el TC se pronuncie ahora tratando de reglamentar lo que anteriormente y para las primarias de los partidos políticos era norma que las elecciones internas se hicieran en base al voto automatizado e igual las nacionales y lo que se vio en los comicios de 2020, genera y como es lógico, toda una serie de interrogantes en los que para decirlo gráficamente, el TC retrotrae el sistema electoral, a aquel primitivo, de cuando elecciones anteriores a partir de diciembre de 1962 de libretas, apuntes y listados.
Para entender este nuevo desastre legal contra la libertad de escogencia ciudadana y que el TC perpetra y que parecería, sino corrige el texto final, que deja en el limbo la pureza e idoneidad de las elecciones del 2024, así como la viabilidad de las elecciones internas de los partidos políticos, necesariamente hay que recordar, que solo cuando el candidato presidencial Luis Abinader y el día de aquellas elecciones llamó al entonces presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán e increpándole, por lo que entendía, era una trampa la suspensión de los comicios, que ese día, que apenas comenzaban y al darse una interrupción y supuesta “incapacidad tecnológica” en la aplicación del voto automatizado, que si no hubiese sido por la intervención de Abinader y matizada por el grosero “sanantonio” que le dijo a Castaños Guzmán, todavía se estaría discutiendo si procedía o no el voto automatizado y las elecciones en sí.
Hagamos un alto en el análisis y recordemos, que como aquella JCE, evidentemente se alió a intereses políticos turbios que apuntaban hacia el entonces partido gobernante, parecería, aunque todavía no se ha demostrado del todo, que el origen de la interrupción, estuvo en el interés malsano de la dirección de informática de esta y la que perfectamente pudo haber corregido la situación y las elecciones habrían podido continuar el mismo día y no porque hubiese habido un sabotaje de origen externo. Para decirlo en pocas palabras: Se hizo una repetición del llamado fraude electrónico que se perpetró en las elecciones internas del PLD en el 1919 en las que a Leonel Fernández se le hizo perder la nominación presidencial partidaria.
Igualmente, es importante destacar dos hechos que parecerían fortuitos: La corresponsabilidad de la curia católica y del grupo Corripio y su factoría mediática, en lo que vendría ser una especie de “autoría intelectual” de aquella barbaridad y lo que hay que fundamentar, en cuanto a que Castaños Guzmán es el único dominicano -individuo no clerical- perteneciente a la curia con el rango de obispo ad hoc y que su oficina de abogados es la que corre con los asuntos legales de Pepín Corripio. Dos factores externos, que todo el tiempo mantuvieron una atención cuidadosa sobre los acontecimientos que se desarrollaban y también la especie de enigma, de la oposición radical del entonces embajador estadounidense James "Wally" Brewster, Jr., a las máquinas automatizadas adquiridas por la JCE de Roberto Rosario.
Ahora y para que en este país todo el mundo se meta en una discusión continua de pura alharaca, viene el Tribunal Constitucional con el invento de anular la existencia de la aplicación del voto automatizado y con el pretexto de que el mismo fue inútil en los comicios del 2020, cuando tecnológicamente los observadores de la OEA para aquellas elecciones, sus técnicos determinaron, que el supuesto error del departamento de informática de la JCE, se pudo haber corregido y si hubiese habido intención de hacerlo por parte de Castaños Guzmán, quien era el que decidía sobre este particular.
Así las cosas y teniendo el presente escenario motivado por el TC desde el pasado viernes, los dominicanos nos encontramos, con que unos jueces que no fueron designados por la nación y sí por camarillas políticas opositoras y gubernamentales, se han abrogado y atrevidamente, decidir, que de cara a las elecciones futuras y sean nacionales o municipales e incluyendo las primarias partidarias, tengan que hacerse a papel y lápiz y conteo manual y por lo cual, expresamente señalaron, que se anulaba el dispositivo contentivo en el párrafo del artículo 52 de la Ley 33-18 sobre partidos políticos, que dice: “los partidos, agrupaciones y movimientos políticos utilizarán el formato del sistema automatizado de la Junta Central Electoral para el depósito de las candidaturas a ser inscritas tanto en la Junta Central Electoral como en las juntas electorales”.
Por lo que se ha leído del texto emitido por el referido tribunal, cuyas decisiones son supuestamente inapelables y lo que hay que ver, al entenderse ahora que con el toyo tirado por el TC y si el texto final no es corregido, que realmente a los dominicanos y como electores, se nos arrebata nuestra capacidad natural de elegir y de ser elegidos y materializado en el derecho a la libertad de escogencia, es decir, se nos ha metido dentro de un grave problema de seguridad de Estado que las fuerzas vivas del país así como los grupos civiles organizados de la ciudadanía, deberán emitir sus opiniones al respecto e hijo de un gran debate nacional, toda vez que las fuerzas ocultas que están detrás del Tribunal Constitucional no deberían salirse con este grosero como pérfido intento de vulnerar la capacidad propia del voto ciudadano.
A todo esto, son dos leyes electorales que quedan en suspenso, pero lo más grave, es sospechar, que el comunicado críptico del TC y con el “ingrediente” de que dentro de unos días se publicará la decisión completa, va dirigido, a confrontar de una forma tal a todas las fuerzas políticas y sociales y de ahí que se entienda, que se recuerde el artículo 99 de la 15-19 que sospechosamente y como señalan los expertos y conocedores como Javier Flores, “es el único en ambas leyes electorales que trata sobre la “automatización” de los procesos electorales y ese es un término tan grande que podría afectar por igual los avances que ya se han logrado, como el escaneo y envío de las actas que permite tener resultados preliminares ese mismo día”, apreciación en la que esos facultos tienen toda la razón.
Nosotros, preferimos ver el asunto desde el punto estrictamente de la aplicación de la decisión del Constitucional a la realidad política práctica y porque entendemos, que, con la misma, esos jueces de ese tribunal y actuando, no hay otra manera de describirles, como agentes políticos de intereses no nacionales, están creando una tenebrosa encerrona de cara a las elecciones del 2024, que ya mismo hay que dilucidar y enfrentar y si es necesario con drasticidad.
Ningún Tribunal de la República y por más Constitucional que sea, tiene derecho a ir contra la Constitución de la República, trastrocar el sistema electoral y llevar a la nación hacia una crisis de insospechables e insospechadas consecuencias contra la paz pública y por lo que, por ahora advertimos y a modo de interrogante: ¿Prohibición del voto no automatizado y vuelta al ábaco? Se confirma que la presidencia de la JCE bloqueó los comicios del 2020 y de lo que ahora habrá que hablar y mucho. ¡Que Dios nos asista! (DAG)
