De acuerdo con la agencia Moody’s, los rígidos compromisos financieros y las tensiones políticas dificultan el saneamiento de las cuentas públicas en varios países de Latinoamérica y el Caribe. En el caso particular de la República Dominicana, la entidad destaca que el “gasto rígido” aumentó mientras que la inversión en obras públicas e infraestructura sufrió una caída.
El gasto rígido es la parte del presupuesto del Estado que no se puede disminuir o eliminar fácilmente porque está protegido por leyes permanentes, mandatos constitucionales o acuerdos sociopolíticos inevitables.
De acuerdo con la agencia Moody’s, los rígidos compromisos financieros y las tensiones políticas dificultan el saneamiento de las cuentas públicas en varios países de Latinoamérica y el Caribe. En el caso particular de la República Dominicana, la entidad destaca que el “gasto rígido” aumentó mientras que la inversión en obras públicas e infraestructura sufrió una caída.
El gasto rígido es la parte del presupuesto del Estado que no se puede disminuir o eliminar fácilmente porque está protegido por leyes permanentes, mandatos constitucionales o acuerdos sociopolíticos inevitables.
En términos sencillos, el gasto rígido está compuesto por obligaciones que el Estado debe atender o que resulta difícil reducir de manera inmediata. Entre ellas figuran el pago de intereses de la deuda, los salarios públicos, las transferencias, los subsidios y otras obligaciones sociales. La rigidez presupuestaria reduce la capacidad del Gobierno para reasignar recursos cuando enfrenta una caída de ingresos, una emergencia o la necesidad de disminuir el déficit.
¿Cuánto del presupuesto dominicano está comprometido?
Las cifras oficiales del Presupuesto General del Estado para 2026 permiten dimensionar el problema. En la programación inicial, los gastos corrientes del Gobierno Central ascendían a aproximadamente RD$1.4 billones, mientras que los gastos de capital rondaban los RD$191,030 millones.
Dentro de los gastos corrientes se contemplaron unos RD$322,361 millones para el pago de intereses de la deuda, RD$423,965 millones en transferencias corrientes, RD$94,288 millones en prestaciones de seguridad social y RD$13,786 millones en subvenciones a empresas. Los gastos de consumo, que incluyen las remuneraciones de los empleados públicos, fueron proyectados en unos RD$544,524 millones.
Solo las remuneraciones del Gobierno estaban presupuestadas en alrededor de RD$376,964 millones, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de 2026. Si se suman salarios públicos, intereses de la deuda, transferencias y subvenciones, se obtiene una magnitud superior a RD$1.1 billones, equivalente a cerca de siete de cada diez pesos del gasto total programado del Gobierno Central.
Sin embargo, el Moodys Ratings explica que “el gasto obligatorio legalmente vinculante y el gasto difícil de reducir desde el punto de vista político o social limitan la flexibilidad presupuestaria y dificultan que los gobiernos reduzcan los déficits, estabilicen la deuda y respondan a shocks”. (EC-OJO)
