Que a lo bruto y brutalmente, el cuestionado expresidente Hipólito Rafael Mejía Domínguez (2000-2004) reitere ahora y dicho esta mañana, su criterio tan discutible, de que “a los expresidentes se les respeta”, remarcando aquello, de que: "Yo soy enemigo de la retaliación en contra de los expresidentes" y en momentos que el ministerio público ha incoado una serie de procedimientos con miras de determinar si hubo o no un comportamiento entre licencioso o corruptor en el pasado gobierno peledeísta de Danilo Medina Sánchez (2012-2020) y tangencialmente, respecto al gobierno peledeísta de Leonel Fernández (2004-2012).
No es asunto que haya que celebrarlo como una ocurrencia y tomarlo a la ligera, cuando de hecho, de lo que se trata y a razonamiento a contrario, es de un intento taimado porque los ciudadanos debamos entender, que nuestros expresidentes deben merecer y a lo simple, un privilegio tan amplio respecto a sus conductas y decisiones de administración, que bajo ningún concepto se les pueda cuestionar y ni siquiera indirectamente, cuando y como ha estado ocurriendo en estos meses y en casos criminales de dolo, prevaricación y enriquecimiento ilícito desde el poder, en los que, colaboradores de Medina Sánchez y por los cargos instrumentados por el ministerio público, se encuentran seriamente afectados en su credibilidad moral por los hechos criminales que se les imputan.
En esas circunstancias y por la cercanía del exmandatario al que le corresponda dilucidar la imputación de quien fuera su subordinado directo, es obvio que el sentido común indica, que por obligación, hay que llamar y en este caso a Medina Sánchez y como testigo, por lo menos, a que explique cómo fue posible que los dos generales más cercanos y por sus funciones, uno de jefe de la guardia presidencial y el otro por su condición de espaldero personal principal, hubiesen podido crear la terrible asociación de malhechores militares que ahora las investigaciones han destapado y que han dejado en el ánimo ciudadano un desagrado y rechazo tan manifiestos, que la mayoría de la gente clama porque el expresidente explique, por lo menos, su punto de vista y en particular, del por qué no creó los controles administrativos que hubiese podido impedir tales excesos e inconductas.
Por eso, que ante semejante realidad venga ahora el expresidente Mejía Domínguez a plantear lo de una amnistía a favor de ese y cualquier otro expresidente e incluido el mismo que plantea el tema, viene siendo un asunto que irrita en extremo y mucho más, cuando ya se tiene la convicción dentro de la atrapada opinión pública, que un tribunal a cargo debe juzgar y condenar a los involucrados en semejante orgía o destape de enriquecimiento ilícito a la sombra de un presidente en ejercicio.
Aparte, de que si bien es cierto, que una amnistía, en nuestro medio tiene esa aparente potestad un decreto presidencial, en la realidad y constitucionalmente, es un asunto y decisión del Poder Legislativo y que tiene que ver con que se desconozcan o se den como no sucedidas, las acciones y decisiones de funcionarios públicos y con miras de que se dé la posibilidad, de impedir en un periodo de tiempo posterior, el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles, contra los exfuncionarios que se quieran beneficiar.
En este caso, la propuesta del expresidente Mejía Domínguez y por más buena fe que la acompañe, es absolutamente imposible de aplicar y ante la magnitud del robo, fraude y desfalco continuos llevados a cabo por los imputados en los casos criminales que involucran a funcionarios militares en los periodos gubernamentales de Medina Sánchez.
Sobre todo, que cuando se analizan las conductas y decisiones personales de administración de cada uno de esos expresidentes y solo por el hecho, de que parecería que tampoco ninguno de ellos puede justificar los bienes millonarios que tienen en base solo a sus salarios en sus funciones como presidentes de la República, los tres serían susceptibles de indagatorias sobre este particular y en lo atinente a la figura de la prevaricación. Uno porqué dejó hacer, el otro, porque aceptó regalos y aportes para su fundación y otro más, porque fue el responsable de una quiebra masiva de tres bancos y la deuda dejada a la nación por más de tres mil millones de dólares estadounidenses e incluida una estatua de un Buda de oro que un magnate chino le había obsequiado a quien era presidente, no a la persona.
Si todo lo anterior se tiene en cuenta, por obligación, es imposible hablar de que los presidentes que hemos tenido desde el 1966 al 2020, ninguno podría salir indemne del tipo de juicio de residencia que habría que hacerle y mucho menos, que luego de ser gobernantes, como expresidentes, hubiese que tenerle la condición absurda de intocables quienes supuestamente están por encima de las leyes y la Carta Magna y sobre los derechos de los demás ciudadanos.
Por lo que resulta totalmente inaceptable y viendo como los procesos de corrupción continuos desde el poder se han desarrollado y si se toman en cuenta, los últimos gobiernos desde el año 2000 al presente, que la propuesta de Mejía Domínguez pudiera estudiarse y mucho menos, cuando hay que entenderla casi como una indecencia.
Y es, que una cosa es ser una persona de comportamiento decente y honorable al apegarse a la conducta ética más firme y otra, es esa misma persona y ya como gobernante, a la que el poder la ciega y de tal forma, que ciertamente es imposible que pudiera ser catalogada de integra y honrada y lo que en su descargo habría que achacarle la metamorfosis, a la vulnerabilidad de los intereses en juego y en los que la corrupción empresarial y financiera se encargan de envilecer al más honrado de los gobernantes.
Rechazando pues la pretensión del expresidente Mejía Domínguez, recalcamos nuestro criterio, en cuanto a que un expresidente diga, que es enemigo de las retaliaciones contra expresidentes, por ningún modo puede interpretarse, que, como ciudadanos, estos sean unos intocables. Hasta ahí no. Ya bastantes privilegios tuvieron. (DAG)
