Un grupo de diputados optó por desafiar laorden del Tribunal Constitucional (TC) de elaborar una ley para regular las candidaturas independientes, desconociendo el poder que le otorga la Constitución en cuanto a que sus decisiones son «vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado».
Los legisladores ahora entienden que la figura de la candidatura independientes que ellos introdujeron en la Ley Electoral (20-23) es inconstitucional, a pesar de que el TC no lo consideró así, y sugirieron una «eventual» reforma a la Carta Magna.
Mientras los congresistas ordenan sus ideas, la última regulación vigente es la interpretación que hizo el mismo TC en su sentencia, en la cual estableció requisitos mínimos para los aspirantes sin partido.
Ellos quedan ahora con las puertas abiertas para inscribirse fácilmente, justo lo que han objetado los partidos políticos. Esta situación augura un panorama complicado para las elecciones del 2028, con la Junta Central Electoral (JCE) como único recurso para poner orden.
«Aquí lo más preocupante es que los candidatos independientes podrán inscribir sus candidaturas ante la JCE sin ningún requisito previo como establece la sentencia del TC», advierte Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana (PC).
La activista teme que una avalancha de aspirantes genere conflictos en la logística electoral y supuestamente permita la entrada de personas «que no representen los intereses legítimos del pueblo dominicano» y como ocurre ahora con la mayoría de los congresistas. Desde la misma entidad, el abogado Francisco Álvarez (Pancho) estima que «la ausencia de una ley coloca en una posición muy difícil a la JCE, que no puede rechazar las candidaturas independientes».
Lo anterior significaría una victoria para los defensores de las candidaturas independientes pues, como señala Alberto Fiallo-Billini, los miembros de la cámara baja han optado por hacer una «rabieta» y están renunciando a su facultad de controlarlas.
Este abogado fue el ganador de la controversial sentencia (0788/24) que a las agrupaciones políticas tradicionales en el riesgo de tener que competir con figuras ajenas al sistema de partidos.
Requisitos mínimos
El Congreso había contemplado desde el año 1923 la posibilidad de postularse de manera individual, pero las exigencias eran imposibles de cumplir y, en la práctica, nadie había logrado inscribirse.
Los jueces del TC determinaron que la Ley 20-23 requería para la presentación de candidaturas independientes la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos clásicos, lo cual desnaturalizaba esta figura y limitaba su accesibilidad.
En virtud de eso, modificaron la redacción por una que estipuló agrupaciones cívicas o sociales «de naturaleza espontánea y sin ningún requisito previo de inscripción». Los artículos 156 y 157 pasaron a requerir solamente la declaración previa, con 75 días de antelación a las elecciones, y la presentación de una organización directiva y de un programa de gobierno. Sin embargo, el anteproyecto de ley que redactó la JCE y que estudiaba una comisión especial en la Cámara de Diputados «crea barreras importantes y casi imposibles», recuerda la coordinadora de PC. Entre ellos estaba la recolección de una cantidad de firmas equivalentes al 2 % del padrón electoral en sólo 30 días.
Aun así, los comisionados también se negaron a favorecer el borrador de la JCE. «Lo que se está concluyendo y recomendando es que, más adelante y eventualmente, las candidaturas independientes, si ese es el sentir de la población y de la sociedad, se constitucionalice, es decir, que habría que modificar eventualmente en la Constitución», explicó el lunes Elías Wessin Chávez, presidente de la referida comisión.
«Un error»
Para Pancho Álvarez esto es un error, porque el TC «reconoció la existencia de las candidaturas independientes y solo una reforma constitucional o un cambio de criterio del tribunal constitucional pueden excluir este tipo de candidaturas».
«Tal vez lo que andan buscando es que el tema pueda volver al Tribunal Constitucional y presionar a sus miembros para que cambien de criterio», especula el jurista. Al mismo tiempo, pidieron al Congreso legislar para establecer requisitos mínimos, con la condición de que se garantice «la seriedad y viabilidad de estas postulaciones».
«Lo que queda, es que la JCE emita los reglamentos necesarios para poder hacer valer esas candidaturas que serán inscritas, independientemente de lo que decida o no el Congreso, van a ser inscritas para el 2028», espera Fiallo-Billini, a quien el órgano electoral le rechazó su intento de ser candidato independiente para la senaduría del Distrito Nacional en el año 2024.
Alberto Emilio Fiallo-Billini Scanlon no fue el candidato a senador del Distrito Nacional en Opción Democrática (OD) en la campaña electoral del 2024 debido a que este partido hizo un acuerdo con Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Frustrado, decidió lanzarse como candidato independiente, pero la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (JCE) lo rechazaron. Entonces decidió llegar al Tribunal Constitucional (TC) y consiguió una sentencia a su favor que ha provocado el repudio de los partidos políticos.
Fiallo-Billini se encontró con la realidad de que en República Dominicana nunca se había admitido una candidatura independiente, a pesar de que la figura existe desde 1923.
Fiallo-Billini entendía que la norma era contradictoria por pedirle a los postulantes independientes vinculación a organizaciones partidistas, un razonamiento con el que coincidió posteriormente el Tribunal Constitucional, eliminando este requisito.
Su victoria en el alto tribunal ha causado el rechazo de las agrupaciones políticas clásicas, cuyos dirigentes temen “la prostitución general del sistema democrático del país”.
Él, por el contrario, asegura que ahora podrá surgir un nuevo liderazgo desde las comunidades sin tener que pagar hasta un millón de pesos para inscribir una precandidatura, como sucede en los partidos mayoritarios.
-¿A qué atribuye el rechazo de los partidos políticos?
Eso tiene varias razones. Una razón ligada al hecho de que los partidos políticos tienen un oligopolio del manejo de los fondos públicos a través del financiamiento estatal. Entonces, ahora se atomizaría, ahora un buen candidato que haga un buen desempeño en las elecciones va a quitarle un pedazo del pastel. Que es en lo que se ha convertido la política: un gran negocio.
Además, les preocupa que se puede atomizar la oferta, es decir, que una persona que tenga buenos números, que tenga buena aceptación y que entienda que puede ser candidato presidencial o a cualquier otra posición, pueda de alguna forma irse como candidato independiente sin que se quede en el partido.
-¿Cree que podría entrar dinero del narcotráfico?
Ya el narcotráfico permeó la política dominicana, sobre todo la política partidaria. Tanto César el Abusador como Figueroa Agosto en su momento dijeron abiertamente de que habían pagado inclusive al partido de gobierno, en ese momento.
Hemos tenido funcionarios acusados de narcotráfico. Te recuerdo el cónsul de Panamá que en el 2022 fue condenado por tráfico ilícito de drogas, pero además Miguel Gutiérrez, el diputado activo en el Congreso que fue condenado recientemente a 16 años de prisión por tráfico de drogas.
Entonces, que el narcotráfico pueda permear a la política dominicana ya está un poquito tarde porque ya lo hizo a través de los partidos políticos; y sería tonto pensar que un narcotraficante quisiera ser candidato independiente o apoyar una candidatura independiente porque va a tener mucha más visibilidad que hacerlo a través de los partidos políticos.
-¿No sería competencia desigual si no cumplen los mismos requisitos?
El TC fue muy claro en que para ser candidato independiente hay que cumplir tres requisitos, que son los mismos que se les imponen a los partidos políticos en la Ley de Partidos Políticos, que son un programa de gobierno, un equipo directivo y, finalmente, el 2 % de los votos válidos emitidos en forma de firmas en las últimas elecciones.
El financiamiento público
El financiamiento público está reservado para los partidos políticos constituidos según las leyes, que operan permanentemente, algo con lo que no está de acuerdo Fiallo-Billini. Afirma que entre los aspectos que se deben reglamentar está el relativo a la participación de este tipo de candidatos en la repartición del dinero público. “Eso habrá que cambiarlo, porque sería injusto que un candidato que saca, por ejemplo, un 15 % en unas elecciones no reciba dinero, y que uno que sacó menos del 1 %, como la mayoría de los 34 partidos que hay en el espectro nacional, sí lo reciba”, opina. Considera que se debe apretar también el control financiero, incluyendo el de los partidos que, a su juicio, “ha sido históricamente débil por razones legislativas”. (DL-br / OJO-jj)
