Una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana dictó la primera sentencia a nivel nacional que acoge la figura de la venta anticipada de bienes incautados, en un proceso seguido contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelados mediante la Operación Guepardo.
La magistrada Vicky Chalas tomó la decisión tras acoger un pedimento solicitado en ese sentido por los fiscales Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PEPCA), junto a la fiscal Mayerling Rondón de La Romana.
Los bienes incautados corresponden a la empresa Novasco Real Estate SRL, vinculada a los cabecillas de la red Loany Lismeiry Ortiz Nova (cabecilla principal, apresada en Colombia y pendiente de extradición).
El Ministerio Público explicó que la venta anticipada busca evitar que los bienes, como materiales de construcción y equipos de oficina, se dañen o se deterioren.
Sostiene que los fondos obtenidos producto de las ventas se conservan en una cuenta del Estado con fines de resarcimiento a las víctimas, una vez que un tribunal ordene el decomiso final en una sentencia condenatoria.
Aplicación de la Ley 60-23
Esta sentencia se fundamenta en el Artículo 69 de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados y Abandonados. Dicha ley crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
Los bienes puestos en venta incluyen inmuebles, mezcladoras, cementos, varillas, maquinarias, equipos de oficina y aires acondicionados que formaban parte de los proyectos simulados, como el Romana Victoriana Residences.
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios ficticios, atrayendo compradores de la República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa bajo la sombrilla de la reconocida empresa internacional RE/MAX. Se ha establecido que la organización delictiva recibió la suma de US$18,851,583.12.
Actualmente, los imputados principales Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya cumplen 18 meses de prisión preventiva (ratificados el mes pasado).
Recientemente, también fueron apresados y se les impuso un año de prisión preventiva a Loana Paola Guerrero Milián (contable de Novasco Real Estate), Javier Gustavo Ulloa Bueno (abogado de la empresa). Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto (masters brokers).
El Ministerio Público calificó el hecho como violación a los artículos de estafa, asociación de malhechores, crímenes de alta tecnología y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley 155-17). (LD-rcb / OJO)
