Desde el momento que senadores y diputados se atrevieron a crear e imponer modificaciones al Código Penal, por medio de las cuales serían drásticamente afectadas, la libre opinión, el derecho a la libre expresión y el usufructo de la libertad de prensa que serían perseguidos por ese código y las leyes y por el afán demoniaco de esos bastardos legisladores de a dedo y para no permitir que no se diga nada que a su entender, “no se haga con respeto” y logrando, que el presidente de la República les apoyara, no solo que el estado de derecho ha sido afectado sino que el ejercicio de la libertad de palabra y de parte de los ciudadanos, quedaría legalmente prohibido y limitado de acuerdo a los parámetros de autocensura que en ese código se establecen.
Y si esto es así, que esos tres poderes y de abusadores sus integrantes, de hecho, pretenden imponer la dictadura, debe recordarse, que por obligación la misma Constitución de la República le impone a la ciudadanía, la obligación de utilizar las vías más expeditas de alzamiento ciudadano como desobediencia cívica y para derrocarles y sacarles del poder.
Puede que esta interpretación en defensa institucional propia, ciertos puristas de las ciencias jurídicas pudieran interpretarlas como un accionar más que atrevido. Sin embargo, la realidad es, que Abinader, De los Santos y Pacheco y con la aplicación del resultado de su abusiva conjura contra la Constitución, desafiantemente nos están diciendo a los ciudadanos, que ellos se entienden que tienen derecho a imponer medidas de coerción autoritarias expeditas y ante su realidad, de que al ser presidentes de poderes que los tres han convertido en accionar delincuencial a gran escala, temen que el ejercicio critico de la libertad de prensa en las redes sociales y los medios en internet, conlleve al final, que tantos ellos como sus subalternos terminen sus mandatos guardando cárcel y por violaciones constitucionales expresas.
El senador Ricardo de los Santos resumió en una entrevista la pasada semana, la pretensión totalitaria y al especificar: “Tenemos que ponerle un freno; no es censura a los profesionales que ejercen el derecho de hacer uso de la palabra, es hacerlo en el marco del respeto”.
Y por lo que cabría preguntarse. ¿Quién le ha dicho a este sujeto, que, como senador, puede coaccionar la libre expresión ciudadana, con o sin respeto? Es decir, por el solo hecho de expresarse tan abusiva como desconsideramente, este legislador del grupo de los bastardos hijos de un sistema político sin ley, debería merecer que violentamente se le desaloje de la sede del Poder Legislativo y por violación a la institucionalidad del estado de derecho, querellarse a seguidas en su contra por violación a la Carta Magna y hacer que un tribunal le desaloje de la posición que tiene y por el delito de atentar contra el estado de derecho y la afectación de la libertad de expresión y tanto de ciudadanos como de medios de comunicación y de información de masas.
Por lo que ha trascendido, este trio presidencial, ha dado un año y dizque para que el Poder Judicial haga las modificaciones pertinentes y para que el Código Penal y al 03 de agosto de 2026, que será cuando entrará en vigor, las contenga. En realidad, con ese plazo, lo que este trío presidencial y a razonamiento a contrario nos está diciendo, es que ese será el tiempo que ellos van a tener para señalar los primeros medios, periodistas y comunicadores que serán sometidos ante los tribunales y lo que, frente a semejante alternativa, los ciudadanos y sí somos listos, deberíamos utilizar ese lapso para derrocarles y no solo a los tres como personas sino por los tres poderes que encarnan y al estar actuando en contra del estado de derecho y violando expresamente la Carta Magna.
Consecuentemente, lo que estamos advirtiendo, es que ya se terminó o agotó el tiempo de la palabra y el de estar en los medios electrónicos o en las redes sociales hablando pepla protestando por la amenaza que ya pende sobre las cabezas de todos quienes tenemos como profesión, utilizar los medios de comunicación y de información de masas y muy particularmente los que están en las redes sociales.
Por lo que es hora de tirarse a las calles y protestar vigorosamente ante las sedes de estos tres poderes públicos y no solo esto, sino de hacer ver que todos quienes ejercemos como periodistas y comunicadores, no estamos dispuestos a ser sacrificados, se nos arrebaten nuestros ejercicios profesionales y encima, que se nos tache de delincuentes y se nos de cárcel.
Sí, que sabemos, que hay que hacer una individualización de intereses, que por un lado, están los medios, periodistas y comunicadores que controlan los barones mediáticos y cuyos directores contribuyeron a redactar la ley mordaza, todos, miembros del poder en la sombra que es el Consejo Nacional de Competitividad y por el otro, la mayoría de los periodistas, comunicadores y medios en las redes sociales, que es en donde radica el verdadero ejercicio de la libertad de prensa mediante el recurso del periodismo ciudadano, que a su vez, es el factor que hasta ahora ha impedido, que Competitividad, Abinader, De los Santos y Pacheco no hubiesen podido imponer la dictadura.
Desde luego, no hay ni siquiera pensar que se pueda buscar el auxilio y apoyo de organizaciones de prensa internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la que pertenecen como miembros activos los periódicos, revistas y estaciones de radio y televisión pertenecientes a los llamados barones mediáticos, quienes habiendo estado ejerciendo la dictadura de la autocensura contra los mismos periodistas y por cerca de 40 años y para que nada de lo que se publique o difunda vaya a entenderse como que está en contra de los intereses de sus dueños y la ciudadanía no sea enterada.
Lo que sucede, porque los dueños de los medios tradicionales, todo el tiempo han utilizado sus medios como armas de reglamentos para extorsionar y chantajear al poder gubernamental, igual al político y como el único mecanismo para obtener prebendas y canonjías de todo tipo y que es la razón, de que ahora, los 49 principales miembros de Competitividad, son las fortunas más grandes de esta economía y todas, obtenidas en base a la corrupción política, empresarial, financiera y gubernamental existentes.
Exhortamos pues, a los medios, periodistas y comunicadores, que saben que es contra ellos que va la ley mordaza y que el mismo Abinader se empeñó en que fuera vaciada en el Código Penal reformado, a que lancen la mayor ola de protestas y como mecanismo cierto de revolución social, que pueda impedir que las libertades de palabra, opinión, disidencia, expresión y de prensa, sean destruidas por la cortina de hierro que el trío de presidentes quiere imponerle a la República.
Advertencia que nos hace preguntar: ¿Si el presidente de la República y los presidentes de las cámaras legislativas conspiran para imponer una dictadura y con el auxilio del Poder Judicial, qué razones existen para no derrocarles? Con Dios. (DAG) 11.08.2025
última actualización: 08:35 am.
