lunes, noviembre 29, 2021
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Si los obispos católicos son coroneles y generales. ¿Qué de extraño, que los notarios públicos no cumplan su función en licitaciones públicas y por lo cual, organismos como INABIE están plagados de prácticas corruptas y corruptoras?

Parecería, que solo estamos pendientes a cuanta situación extraña se presenta dentro del mundo político y también el otro gubernamental y por lo que reiteradamente nuestros análisis políticos de Estado están dirigidos a denuncias específicas y procurar soluciones a problemas cotidianos que se suscitan debido a que, en esta nación, su gente perdió el habito de criticar, denunciar y exigir correcciones.

¿Cómo puede ser y esto un ejemplo de lo que decimos, que la jerarquía católica casi en pleno y la mayoría de curas a cargo de diócesis, hubiesen llegado a un grado de permisividad preocupante con el poder público, que con el pretexto de que muchos son “vicarios” para ofrecer culto en determinadas instituciones castrenses militares o policiales, no solo reciben rangos honorificos sino que también tienen escoltas militares y policiales y hasta salarios respectivamente y en lo que es una de las muestras más groseras de corrupción dentro de personas y figuras que deberían de mostrar una moral a toda prueba?

O lo otro, ¿por qué de buenas a primeras un montón de obispos y curas son “vicarios” personales de determinadas familias pudientes en el ámbito empresarial, financiero o industrial, generando a partir de tales lazos, una de las evidencias más desproporcionadas de tráfico de influencias y al extremo, de que la mayoría de las diócesis son instituciones paralelas de bancas de préstamos clandestinos y amparadas o respaldadas por el gran capital nacido vía el lavado de activos y para no hablar de determinados casos, de diócesis donde el dinero del narco es parte del entramado de dinero fresco que les provee?

Asumimos que quienes se enteren por primera de vez de este espinoso asunto, reaccionaran con estupor y los más débiles lanzando rayos y centellas contra un analista y medio cuya obligación principal es desentrañar lo mal hecho, exponerlo a la atrapada opinión pública y como el mejor testimonio para que la sociedad y de alguna manera busque la corrección necesaria a semejantes inconductas.

Porque y esto hay que puntualizarlo, no estamos hablando de obispos y curas como pastores de almas y sí del entramado societario de muchos obispos y curas y como parte activa de la corporación económica católica, que a propósito de la cruz cristiana es uno de los nichos de mayor riqueza de este país y en muchos casos sin pagar impuestos y con el pretexto de que “pertenecen a la Iglesia”, cuando como entidades de comercio, sí que deberían hacerlo.

La situación es de tal dimensión, que esa corporación católica es la dueña del 20% de las tierras de campo y urbanas de este país y poseyendo capital liquido muy por encima de los cinco mil millones de pesos y ni hablar de los ingresos millonarios anuales, que si pagaran los impuestos de ley y solo en este aspecto, el Estado podría recibir no menos del 10 % de los ingresos que en este momento debería de estar percibiendo y que los políticos en el poder no reclaman y por aquello de que supuestamente “contra la iglesia no se pelea”, generándose de esta manera una de riquezas incuestionables a espaldas de la economía y la misma nación.

Plantear este problema, que de suyo afecta la institucionalidad de la misma nación y que en cierta manera, cuando se conoce que curas y obispos son altos rangos de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se está ante un terrible poder político cristero paralelo, que definitivamente la nación tiene y debe cuestionar y los ciudadanos demandar el mayor de los esclarecimientos. De ahí que planteemos semejante problema institucional extremadamente grave y porque tanto implica un formidable robo y estafa a la nación, así como una terrible columna oculta de chantaje contra las instituciones y todo el entramado del país político, donde también existen áreas delincuenciales tanto o mucho peores que las de la corporación católica.

Por eso y viendo en perspectiva como esta República es engañada y estafada de manera tan irritante como abusiva y por actores sociales, quienes con el disfraz religioso y definitivamente, es hora de que se revele públicamente y se exija su corrección o extirpación del cuerpo social de la República.

Parecida circunstancia tan deplorable, se da en lo relativo a las licitaciones públicas de compras de instituciones oficiales y que si a la fecha también existe, no se debe a que no haya sido criticada y demandando corrección con vehemencia desde esta columna periodística y desde hace más de 15 años, sino simplemente a que gobierno va y gobierno viene y ningún político, pero tampoco determinados actores sociales de comercio y abogados y notarios en ejercicio, quienes son cómplices confesos del mayor nicho de corrupción que hay en este país y como lo es todo lo relativo a las licitaciones públicas, donde entre administradores de instituciones públicas como el Plan Social o el Inabie y para citar dos casos desde los gobiernos del PLD y continuando en el del PRM y con el silencio cómplice de los “honorables” veedores, al pueblo como a los contribuyentes se le estafan miles de millones de pesos y por lo visto con una impunidad indecente, propiciada y apoyada por todo el aparato político nacional.

Esta mañana y temprano, revelamos y ante un nuevo escándalo en el Inabie en materia de licitaciones y en la sección, “El País Político” de la edición de este miércoles del periódico digital POR EL OJO DE LA CERRADURA, lo siguiente: “COMENTARIO AL MARGEN: Todo lo denunciado ocurre, porque las licitaciones o contratos de servicios no están supervisados por notarios públicos probos y de los que envía el Colegio Dominicano de Notarios. Y quienes de acuerdo con la ley tienen la última palabra en lo relativo a licitaciones y contratos. Pero si por cada licitación o contrato de servicios, al Colegio de Notarios y como institución le toca una cuota en dinero en efectivo, aparte de la que recibe el notario actuante y quien además debe pagar 400 pesos “de aporte al colegio” por cada licitación o contrato. No se puede esperar que este tipo de denuncias no sean recurrentes, pues la falla moral está ahí y fundamentalmente en la ausencia de transparencia y probidad notarial, dado que los notarios actuantes son matasellos de la entidad oficial que los solicita”.

De ahí que entendamos, que en la dirección de Contrataciones Públicas lo primero que deben hacer, es chequear al notario público que “certifica” la licitación de la que se a descubierto alguna tremenda irregularidad y de hacerse, seguro que se descubrirá el tremendo entramo delincuencial que se cobija al amparo del Colegio Dominicano de Notarios. A la fecha, el 90 % de las licitaciones son ilícitas e irregulares y absolutamente ilegítimas y como el notario actuante tiene fe pública, en Contrataciones Públicas no someten a investigación a ninguna de esas licitaciones.

Al no hacerlo, ocurre y lo que hoy se descubre en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y que de tan desvergonzado y sucio, acaba de obligar al presidente Luis Abinader, a emitir un decreto destituyendo a su ejecutivo principal, el arquitecto Cecilio Rodríguez y de quien entendemos que deberá responder en Justicia, por las fechorías descubiertas en su administración y las que son una continuación de las que por años han hecho otras administraciones.

Se está pues ante una evidencia incontrovertible de que, si no hay denuncias y criticas sobre el proceder irregular de instituciones públicas y sus ejecutivos, todos los días dentro del Estado se harán y se descubrirán mayores entramados de corrupción, ahora por agentes del oficialista PRM y mañana quien sabe porqué otro más y nuevo.

Obligándonos entonces a manifestar, que si los obispos católicos son coroneles y generales. ¿Qué de extraño, que los notarios públicos no cumplan su función en licitaciones públicas y por lo cual, organismos como INABIE están plagados de prácticas corruptas y corruptoras? (DAG)

 

 

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