miércoles, julio 3, 2024
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Si República Dominicana fuera un país con instituciones de Estado ciertas, definidas y de respeto general, un día como hoy los expresidentes vivos debieron de estar en primera fila en el acto del Dia del Poder Judicial

Todo el tiempo los dominicanos nos llenamos las bocas diciendo o haciendo creer que tenemos un sistema político de institucionalidad definida y de práctica general. Sin embargo, hay situaciones que lo desmienten de plano.

Por ejemplo, en un día como hoy que se celebra un año más del Poder Judicial y cuya presencia se aplaude desde un acto solemne en la sede de la Suprema Corte de Justicia y en donde su presidente tiene a cargo presidir una audiencia en la que pronunciará una catedra magistral, debería de ser evidente que en este país se ejerce una justicia enmarcada dentro de lo constitucional y lo que no es así.

Pues no solo hay una superpoblación de presos preventivos y de los que muchos no han sido presentados ante ningún tribunal, cuando lo correcto debió de ser, que en cada recinto carcelario hubiese un tribunal que agilizara los casos de encierro y definiera la penas a aplicar y sin que los jueces estén sometidos al chantaje de la oclocracia y menos del mediático, sino que cuando se observa, hay una cadena de ilícitos cometidos por jueces y subalternos que decepcionan o desencantan hasta a los espíritus más serenos.

El problema está, en que el Poder Judicial es el mayor de los poderes políticos de institucionalidad débil y porque los jueces acatan de inmediato la mínima presión que se les haga por parte de una opinión pública que responde a un poder mediático chantajista y envilecedor del libre albedrío.

Justo por ello, porque los jueces saben que, con su prensa, ellos pueden hacer lo que les venga en ganas y dado que la atrapada opinión pública es una especie de muñeco de cuerda de periodistas y medios, se da la peculiaridad, de deserción de derechos a aplicar por los mismos magistrados y siempre haciendo ver que los medios y periodistas que criticamos sus torpezas y errores no tenemos ninguna razón en nuestros planteamientos y observaciones objetivas.

Así las cosas, desde el pleno de la Suprema Corte de Justicia anterior al presente y más por mezquindades que por aplicar seriamente la debida proporción de notarios públicos en las jurisdicciones asignadas por ley, existe un grosero impedimento de ejercicio institucional-burocrático, que impide la movilidad de los notarios públicos en las diferentes jurisdicciones existentes y con el pretexto de que supuestamente hay una desproporción de estos en determinadas jurisdicciones y al extremo, que no importan las razones ciertas que estos invoquen al solicitar cambios de domicilio impulsados por reunificación familiar de determinados notarios o porque en algún momento, uno que otro se hubiese momentáneamente incapacitado  en su ejercicio y por enfermedad grave.

Plantear entonces y que es un paradigma falso, de que el país tiene muchos notarios públicos y como razón para impedir los traslados que se soliciten, al final, la negativa se convierte en una lesión de derechos constitucionales directos de los mismos ciudadanos y para no hablar de los mismos derechos de esos funcionarios públicos asesores de la ley y quienes al mismo tiempo son víctimas del aparente maridaje existente entre la presidencia del Colegio de Notarios con la presidencia del Poder Judicial.

Desde luego, esta sistemática violación de derechos constitucionales sobre un libre ejercicio constitucional, afecta, que el Estado garantice que un contrato sea conforme a derecho y dado que el papel del notario público es dar fe de la legalidad del negocio jurídico.

Hay casos que tienen años depositadas las solicitudes de traslados y que se estrellan ante la maquinaria burocrática de la Suprema Corte de Justicia, negada de plano a atender esos requerimientos y mucho más, desde que se conoce que el presidente de esta, hasta ahora ha hecho oídos sordos, a los notarios que han solicitado sus trasladados y han dado las explicaciones del por qué los solicitan.

Igual o parecido, acontece, con las decisiones de jueces que tienen que ver con supuestos hechos de pederastia o de sexo con menores, que la carga de las acusaciones recaen sobre la victima de los señalamientos y sin importar que la mayoría son producto de madres que preparan sus hijas para que sean prostitutas y comercializándolas a todo trapo y lo que nada tiene que ver con la pederastia antinatural de hombres desalmados contra varones menores de edad.

En esos casos, los derechos de las víctimas de tales imputaciones se les niegan sus reclamos más elementales como personas e increíblemente, se observa una especie de colusión entre fiscales y jueces y en la mayoría de los casos, porque el afán de lucro aparece desde que se sabe que el imputado es alguien de posibilidades económicas.

De este modo y en este punto y sabiéndose que en este país hay una población de 4 millones de mujeres y de las cuales cerca de dos millones son niñas y adolescentes, a ningún legislador se le ocurre que debe legislar y rápido para conjurar un problema de incivilidad y desde hogares expresamente prostituidos y a favor de tan insólito comercio carnal y sexual de menores y debido a que las niñas, que ahora se hacen mujeres desde los diez años y muchas aparentando que tuviera 25. Obligando a razonar, que, se les otorgue la mayoría de edad desde los 12 años promedio y para evitar los abusos de que madres sinvergüenzas inciten a las hijas a ser descocadas y para provocar sexualmente a personas adultas y para luego chantajearlas y denunciarles ante los tribunales.

Precisamente y por ese mercado carnal supuestamente clandestino y que ya es público, ocurre cosa parecida en el plano político y en el sentido, de que personalidades del Estado y como lo son los expresidentes de la República (hay 3 vivos) en el Poder Judicial ni siquiera se les invitó a participar en los actos solemnes de este día y lo que sería, al encontrarse allí el presidente de la República en ejercicio, la mejor muestra pública de que nuestro sistema político es uno y adulto.

Cuando se descubre esta realidad, de que nuestro sistema político es uno de caníbales y en donde nadie respeta la institucionalidad y porque todos “los jefes” avasallan y afectando los derechos de los demás ciudadanos, ¿habría razón para que no digamos, que, si República Dominicana fuera un país con instituciones de Estado ciertas, definidas y de respeto general, un día como hoy los expresidentes vivos debieron de estar en primera fila en el acto del Día del Poder Judicial? Con Dios. 07.01.2024

 

 

 

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