¿Cuántos han sido los dominicanos asesinados en estos últimos seis años del gobierno plutocrático de Abinader-PRM-CONEP?, ¿cuántos los dominicanos asaltados o heridos en el mismo lapso?, ¿por qué las autoridades no han sido lo suficientemente eficaces para rescatar el estado de derecho y rescatar la paz social?
La misma respuesta para todas esas preguntas: Por la incapacidad, incompetencia y bandolerismo de la mayoría de los legisladores leguleyos que la corrupción política ha elevado a la dignidad del primer poder de Estado y en la que todas las banderías son responsables y culpables de semejante atentado tan grosero contra la población y la nación.
Para colmos, el Poder Ejecutivo se muestra reacio aplicar la mano dura de la ley contra tantos crímenes, robos, asaltos y asesinatos y que es un mandato constitucional que le corresponde y por el supuesto temor a que se le impute una crueldad policial extrema y se le tipifique como un presidente supuestamente asesino.
Pero definitivamente algo hay que hacer y ante lo que parece una ola irrefrenable de delincuentes, que han entendido que la flojedad oficial es la invitación que necesitan para cometer sus tropelías y que está ocurriendo, por esa dispersión de objetivos de Abinader, de creer que el capital político lectoral es más importante que el capital mayor del favor y respaldo de la nación y al asumir sus obligaciones de Estado a favor de la República, de enfrentar la delincuencia y erradicarla.
Desde hace seis años, este gobierno plutocrático es responsable directo de más de mil asesinatos y cerca de diez mil asaltos contra la ciudadanía y los que ni siquiera en el 10 por ciento de los casos, el Poder Judicial no ha asumido sus responsabilidades y mientras una mayoría de jueces identificados con la delincuencia política, social y empresarial no hacen su trabajo de impartir justicia y por la reveladora situación, de que todos temen impartir una justicia que ha determinado senador no le complazca.
Es por todo este rosario de irresponsables delincuentes de cuello blanco en potencia, que la República ha sido secuestrada por todo este conjunto de delincuentes de saco y corbata y quienes para colmos, disponen de su tropa de choque dentro de ese cuestionable ministerio público, que luce como si desde la Procuraduría General de la República solo se maneja por interés político y no por las responsabilidades que las leyes les asignan.
Obsérvese, que mientras los ciudadanos estamos desamparados de la protección de la autoridad, cinco mil periodistas, comunicadores, directores de medios y productores de programas electrónicos y también en internet, la mayoría dispone de armas asignadas por la policía para su defensa propia y la mayoría son asimilados policiales con sueldo propio y sino por una corte de espalderos de uniforme pagados por los contribuyentes y que es la razón por la que las páginas rojas en los medios escritos no reflejan la verdad de la terrible ola de criminalidad de la que es víctima la ciudadanía.
Puntualicemos. ¿Cuántos senadores y diputados que llegaron a sus curules con una mano adelante y la otra detrás son millonarios y desde el 2020 a la fecha? ¿Cuántos son dueños de bancas de apuestas y de todo tipo de juegos de azar y loterías? ¿Cuántos son representantes directos del narcotráfico y cuando no es que lo son directamente? Y lo peor, que el 90 por ciento de todos ellos aprueban proyectos de leyes sin leerlos ni discutirlos y ahora tienen la cara dura de imponer un supuesto código penal reformado y para enfrentar y que es cierto, que en las redes sociales se difama e injuria a todo aquel individuo -persona o entidad- que sea el objetivo de esta nueva especie de comunicador delincuente.
Cuando todo este escenario se observa y con temor e impotencia y porque ahora, el ciudadano, la persona respetuosa de las leyes y del bien hacer, se encuentra huérfano de protección y de parte un gobierno que evidentemente desertó de sus obligaciones constitucionales con la República. ¿Qué es de lo que se está hablando a nivel ciudadano, sino es de constituir comités de vigilancia ciudadana y al parecer, como el único recurso definitivo para restaurar la paz ciudadana?
En este país y para la época trágica de la nefasta política criminal implementada en la Guerra Fría por el Estado y respondiendo a un esquema de seguridad geopolítica y como forma de enfrentar el terrorismo de las izquierdas y sus compinches comunistas, se impuso a nivel del Estado las muertes por ley de fuga y debido a ese mecanismo de represión tan poco ortodoxo, ladrones y asesinos disfrazados de terroristas secuestraban empresarios, profesionales y hasta agregados militares y diplomáticos extranjeros y por ese mecanismo se pudo contrarrestar semejante ola de criminalidad política en su peor expresión.
¿Y dónde están hoy los autores de aquellas masacres?, nada menos que metidos en cargos públicos o participando como bocinas del gobierno con el disfraz de comentaristas políticos y como hay uno responsable directo de los secuestros de dos empresarios importantes. Uno, Corripio y el otro Vitienes, a quienes no mató y liberó, porque cedieron una fuerte suma en metálico por su liberación.
Teniendo entonces tan presente ese testimonio y viendo el desmadre de asesinatos y asaltos y sicarios de uniforme por dondequiera, que definitivamente haya que entender, que los leguleyos legisladores deben de presentar una ley, que autorice a todo ciudadano víctima de un asalto o intento de asesinato, a ser libre de actuar sin formulársele cargo alguno y si frente a la amenaza de su vida, mata al que quiera arrebatarle la suya o lo otro, de que la autoridad de uniforme tenga la potestad de imponer la ley de fuga a todo criminal ya apresado, que hubiese matado a un ciudadano respetuoso de la ley.
La propuesta podría parecer exagerada, pero si la persona se pone en los pies del que es víctima de este tipo de agresión y, perpetrada al amparo, de que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial han desertado de sus responsabilidades constitucionales, se entenderá, que de algún modo los ciudadanos debemos buscar las vías para defendernos y no que nos pase lo que le ocurrió ayer al joven deportista Yeuri Rodríguez Batista, de 30 años, quién al salir de su domicilio, ahí mismo fue asesinado después de que un criminal le robara sus pertenencias.
Es por eso que estamos convencidos, de que esta ola de criminalidad, provocada por la irresponsabilidad del poder, tiene y debe ser enfrentada y sin importar, que quienes defienden los derechos humanos de los criminales pongan el grito en el cielo y obligándonos a advertir, que si senadores y diputados trabajaran a favor de la República, ahora no hubiese la terrible ola criminal y de inseguridad que abate a la nación y lo mismo va para Interior y la policía. Con Dios. (DAG) 29.07.2026
última actualización: 10:15 am
