En un momento donde las instituciones democráticas se enfrentan a presiones crecientes, la Fundación Hay Derecho se ha consolidado como una voz valiosísima. En 2015, un grupo de juristas, académicos y ciudadanos decidió dar un paso al frente para abordar un problema que, aunque no nuevo, se había agudizado en España: el deterioro institucional, la politización de las estructuras del Estado y la falta de transparencia en la gestión pública. En un país donde el clientelismo y la polarización han permeado con demasiada frecuencia las instituciones, la Fundación ha apostado por un enfoque riguroso, independiente y transversal.
Sus informes, propuestas y litigios estratégicos han puesto el foco en cuestiones clave: desde la despolitización del CGPJ hasta la necesidad de una fiscalía general autónoma, pasando por la protección de los denunciantes de corrupción y la mejora de la calidad legislativa. Cada una de estas iniciativas refleja un compromiso con el interés general por encima de cualquier ideología.
El acto conmemorativo del décimo aniversario, celebrado semanas atrás, fue un reflejo de esta vocación. Las cinco propuestas presentadas –que incluyen la democratización de los partidos políticos, la despolitización del poder judicial y la garantía de transparencia en las instituciones– no son meros deseos, sino una hoja de ruta clara para fortalecer nuestra democracia en los próximos años. La presencia de figuras como Elisa de la Nuez, Safira Cantos, Segismundo Álvarez o Javier Gomá, junto a una amplia representación de la sociedad civil, subrayó la relevancia de este proyecto, que no se limita a señalar problemas, sino que se esfuerza por ofrecer soluciones concretas y viables.
Uno de los mayores logros de Hay Derecho en esta década ha sido su capacidad para tender puentes entre la ciudadanía y las instituciones. La Fundación ha demostrado que es posible actuar desde la sociedad civil para exigir rendición de cuentas y promover reformas. Ejemplo de ello es su éxito en casos como el recurso contra el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, un hito que reafirma la legitimidad de la entidad para defender el Estado de derecho ante los tribunales.
Mirando hacia el futuro, el desafío no es menor. La polarización política, el uso abusivo de decretos-leyes y la instrumentalización partidista de las instituciones siguen siendo asignaturas pendientes. La trayectoria de Hay Derecho nos enseña que el cambio es posible cuando se combinan rigor e independencia. Este décimo aniversario no es solo una celebración, sino una llamada a redoblar esfuerzos. Porque, como reza el lema de la Fundación, sin Estado de derecho no hay democracia. Y sin democracia, no hay futuro. Por: Joaquim Coll (20Minutos)
