Sería interesante conocer, cuantos de los 10.5 millones de dominicanos que viven en el territorio nacional están en la etapa de haber llegado a los 79.2 años que marcan y de acuerdo con expertos estadounidenses, una vida humana medida cronológicamente y por lo que a partir de quienes tienen 39.6 o 40 años, el Estado debería de estar atento a estos y para saber responder cuando lleguen al cumplimiento de su vida cronológica.
Y al presentar la interrogante, la planteamos en función de conocer cuántos ciudadanos y efectivamente, están ya en esa decisiva etapa de sus vidas en las que y decididamente nada les debe ser ajeno. Pero también, sin dejar de advertir que en este país a las personas jóvenes y para fines de trabajo se les impide trabajar sus años más productivos y lo otro que al ser un país de jóvenes, se supone que la edad productiva pasará de los 65 años y hasta donde se conoce, el Estado no trabaja a favor de semejante ciclo de vida tan dinámico
Todavía más. Si se conoce que, de los 10.5 millones de dominicanos, estadísticamente hablando, unos 8.5 millones nacieron desde el primero de junio de 1961 y que en al cierre de la Era de Trujillo, el censo nacional indicaba la existencia de 2.5 millones de nacionales, perfectamente que los gobiernos deberían de estar en la obligación de garantizar acceso al trabajo cierto y a una mejoría en el nivel y calidad de vida para toda esa juventud y lo que no es así y ni hablar de garantizar la vejez tranquila para los envejecientes y los que son abiertamente marginados.
Sin duda que sería más que fácil calcular, cuál y de esa población envejeciente entre los 62 y los 100 años, es el porcentaje real de los dominicanos que están en 79.2 años. Hablamos de un segmento poblacional de aproximadamente un millón 200 mil personas y si solo nos limitamos a este espacio de tiempo.
Por lo tanto, debería ser de interés de todos, conocer que ha hecho el Estado por sus envejecientes y cuantos el gobierno de Luis Abinader protege y les da seguimiento.
En este punto, hay que preguntarse, ¿acaso el organismo que tiene que ver con el cuido al envejeciente, tiene algún tipo de estadística confiable sobre este particular y si es así, habría que indagar sobre el monto real que de presupuesto tiene la entidad y para entonces trazar una perspectiva de cuán real es el interés de la partidocracia y sus políticos respecto a la población envejeciente actual?
A ver, ¿qué es lo que hace ese organismo de “protección al envejeciente” y que dirige un cardiólogo político?, no solo que el 85 por ciento de su presupuesto lo gasta en su director y empleomanía, sino que en la práctica, cuando ha habido la ocasión de envejecientes de clase media tocando a sus puertas, allí ni se les ocurre atenderles y mucho menos presentarle alternativas legales para aquellos a quienes por su edad, deberían de ser protegidos de desalojos arbitrarios y para poner un caso y por la simple razón, de que el organismos solo hace como que atiende a envejecientes pobres y lo que naturalmente tampoco es correcto y por lo discriminatorio.
Evidentemente que el tema abre la interesante discusión, de hasta donde los dominicanos protegemos a nuestros padres y abuelos y demás ascendientes y para constatarlo, solo hay que ir a los programas de gobiernos de los diversos partidos políticos y encontrándonos, que desde el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) no existen políticas fiables y que como responsable del Estado desde el gobierno central, no se tiene al respecto, una política cierta que abarque provincias y municipalidades.
La situación es tal, que, si se revisan los discursos del presidente Abinader, en gran mayoría, allí no hay un esbozo siquiera de política concreta a favor de los envejecientes, cuando lo correcto debería de ser, que, al tener el presidente a su madre viva, se interesara de a verdad por ver reflejado en la dama, al millón 200 mil envejecientes que las estadísticas dicen que tiene este país.
Entonces se da la contradicción, de que ahora mismo, cuando cualquier estudiante joven o graduado universitario de 35 años, tiene cerrado el mercado laboral “por viejo”, pero el mismo empresariado exige, que se aumente la edad de retiro a 65 años, nos encontramos con que en el gobierno, absolutamente nadie presta atención a este hecho y que si le agregamos la ausencia de políticas prácticas para los envejecientes, tenemos el panorama desolador, de que el Estado es enemigo de las personas de edad y al mismo tiempo, es el infame alcahuete de los empresarios para cortar de raíz las expectativas de trabajo de la gente joven.
¿Cómo es posible entonces, que en este país no haya una ley que corrija estas distorsiones y mucho menos, que el gobierno no tenga una política cierta y humanitaria parta los envejecientes?
Si se recuerda, que, en la mayoría de los países desarrollados e industrializados, cuando los ejecutivos van a retiro, automáticamente las empresas les abren espacios en sus juntas directivas o los tienen como consultores y profesores senior en las universidades y para sacarle provecho a sus experiencias académicas y de trabajo, no se entiende porqué aquí no se hace igual. Sin embargo, aquí la partidocracia se da el lujo de rechazarlos y los políticos, ninguno se muestra capaz de corregir estas dos graves distorsiones y como se conoce, la mayoría solo están atentos a saquear al Estado y mentirles a sus conciudadanos.
¿Habría que achacar ese vacío, a que en los gobiernos, todos se distinguen por atropellar a la juventud e ignorar a los envejecientes y que mientras el Estado delincuente tiene miles de millones de pesos para el malgasto y usufructo de sus políticos, las autoridades de los tres poderes interdependientes del Estado, no tienen la ocurrencia de hacer un censo que abarque a las personas de edad a partir de los 79.2 años por ciudadano y hacer lo correcto, de apartar de los miles de millones de pesos que se roban los políticos, no menos de 500 millones de pesos mensuales para otorgar pensiones a envejecientes y de no menos y de acuerdo al costo de la vida actual, de 30 mil pesos por persona?
Igualmente, y sabiéndose que son tantos los envejecientes que a la hora de morir no tienen una tumba que les espere y si sus hijos y parientes no hacen un gasto millonario, ¿por qué en el Congreso Nacional no se emite una ley y por la que en todos los cementerios del país sea gratuito el entierro y los servicios para personas que pasen de haber cumplido su ciclo de vida de 79.2 años?
Así las cosas, nos encontramos, que esta es una nación de profundas injusticias para la mayoría ciudadana y de grandes como indecentes privilegios para políticos y empresarios y duele, que ni siquiera en las factorías mediáticas se preocupan por este tipo de tema o de situación y ni hablar de parte de las religiones y en particular la católica donde el afán de lucro de sus curas, va en igual dimensión al nivel de pederastia que les ahoga y con la abusiva tolerancia del Estado delincuente que se tiene.
Para colmos, el estado de injusticias y de privilegios que el Estado delincuente ejerce, se muestra en todo su “colorido”, en el bochornoso caso criminal Calamar, por el que envejecientes a quienes el Estado delincuentes les ha robado sus propiedades vía expropiación, prefiere generar un comercio clandestino de tráfico de influencias para beneficiar a unos pocos y dentro del pandillerismo político y empresarial que acosa a esta nación y casi impunemente.
Es hora pues de que las fuerzas vivas de esta nación tomen muy en cuenta, que el tiempo exacto de una vida cronológica: 79.2 años y como total de dos mitades cronológicas de 39,6 años y que es un asunto de vida o muerte que todos tenemos que atender y resolver y comenzando por garantizar una mejoría en el nivel y calidad de vida de los millones de dominicanos comprendidos entre los 18-40 años y en particular, a los de 40 a 65 años y como base para mejorar y garantizar de una buena vez y de aquí al 2063 el segmento de envejecientes a futuro.
Ojalá que los políticos y el presidente Abinader en particular, se animen y corrijan semejante vacío de vida. Millones de dominicanos lo agradeceríamos. (DAG) 09.03.2023
