Este viernes se dio a conocer que el Ministerio Público depositó la acusación formal contra los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó la madrugada del martes ocho abril acabando con la vida de 236 personas e hiriendo a otras 100.
En esa acusación, en donde se solicitó la apertura de juicio contra ambos, las autoridades establecieron que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura; además de que habrían ignorado advertencias internas sobre el deterioro del techo, «priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes».
A través de una conversación con este medio, María Elena Núñez, quien fue designada por el grupo a cargo del Jet Set como la vocera oficial durante el transcurso del caso, manifestó que los acusados confían en que la verdad será difundida en el momento oportuno.
“Reiteramos nuestro respeto por la memoria de las víctimas y la confianza en que la verdad saldrá a la luz con serenidad y justicia”, reseña el mensaje enviado a través de la comunicadora.
Se recuerda que durante las audiencias de conocimiento de medidas de coerción contra los empresarios dueños de la discoteca, el Ministerio Público ya había indicado que ambos tuvieron conocimiento directo y constante de los graves problemas que presentaba el techo mediante reportes visuales como fotos y videos; además de comunicaciones de sus propios empleados.
“A pesar de estas advertencias explícitas sobre la caída de escombros y el peligro inminente, optaron por ignorarlas”, manifestaban las autoridades en esa oportunidad.
El Ministerio Público establece que, en sus acciones, como responsables de la operación del local de diversión que operaba en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
“A la fecha no hemos tenido acceso al contenido de la acusación ni a los soportes en que el Ministerio Público pretende sustentarla. Dentro del proceso legal y conforme a los plazos que establece la ley, ofreceremos nuestra respuesta correspondiente”, manifiesta la declaración dada a este diario.
De acuerdo con el Código Penal, se contempla el homicidio involuntario como aquel que consiste en dar muerte a otro por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, o por causa involuntaria del responsable del hecho.
Asimismo, se especifica que, para el homicidio involuntario, se establece una pena de prisión de tres meses a dos años. (LD-jf / OJO)
