El pasado 20 de marzo, la legisladora Lidia Esther Pérez de Taveras no tuvo otra opción que reintroducir el proyecto de ley con el cual busca fortalecer la supervisión técnica y periódica de las edificaciones públicas y privadas en República Dominicana, luego de que perimiera tras permanecer durante dos legislaturas en la Cámara de Diputados.
La diputada intenta instaurar un nuevo marco legal que le garantice a la sociedad dominicana prevenir un colapso como el registrado el 8 de abril de 2025 en la discoteca Jet Set.
Según expresó en la sesión ordinaria realizada el pasado martes, este proyecto es necesario porque podría prevenir situaciones como la del Jet Set, donde el descuido por la inobservancia de las debilidades estructurales causó el desplome.
“A un año de haber ocurrido la tragedia, todavía no tenemos en manos un recurso que le garantice a nuestro país que eso no va a volver a ocurrir otra vez en nuestra nación. Esto es un asunto al que todos los diputados, instituciones gubernamentales, debemos prestar atención”, dijo desde su curul en el hemiciclo.
Pérez explicó que siente la responsabilidad de promover la aprobación de una iniciativa de esta naturaleza, luego de haber “vivido en carne propia” el dolor provocado por el colapso del Jet Set.
La congresista es precisamente la hermana del fenecido artista Rubby Pérez, quien integra la lista de los 236 muertos y aproximadamente 180 heridos que produjo la tragedia aquel día cuando el reloj marcó las 12:44 de la noche.
Pero, ¿en qué consiste el proyecto?
La pieza propone asegurar un proceso de supervisión para todas las infraestructuras críticas nacionales o municipales; públicas o privadas, destinadas a la reunión masiva de personas, como auditorios, centros religiosos, estadios, plazas comerciales y similares.
Asimismo, edificaciones de uso residencial colectivo, como torres de apartamentos, edificios multifamiliares, residencias estudiantiles; inmuebles patrimoniales o históricos registrados en el inventario nacional de bienes culturales; e instalaciones industriales, energéticas, comerciales o logísticas de alto impacto o riesgo ambiental, tecnológico o humano.
Las instalaciones que superen los 10 años de antigüedad “deberán ser sometidas a una inspección estructural integral con una periodicidad de cinco años”.
Mientras que toda obra que pueda afectar de manera significativa “la seguridad pública, el orden económico o la prestación de servicios esenciales” deberá ser supervisada a los tres años.
“Esta supervisión deberá incluir evaluación de cimentación, sistemas de carga, elementos no estructurales, condiciones ambientales asociadas y todas las que disponga el reglamento de aplicación de la presente ley”, indica el artículo del proyecto de ley.
Además, ordena fiscalizar toda construcción que supere los 20 años de instaurada y no haya sido sometida previamente a una inspección técnica. En caso de que la iniciativa sea aprobada y promulgada, las autoridades “deberán hacerlo dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor».
¿Quién deberá hacerlo?
De acuerdo con el contenido de la pieza, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el órgano central encargado de la implementación y fiscalización. No obstante, contará con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Habitat y Edificaciones (Mivehd), los ayuntamientos, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), junto a otras entidades técnicas con competencias complementarias.
Estas entidades tendrían la responsabilidad de redactar y aprobar el Reglamento de Supervisión e Inspección, crear programas de formación y certificación para los profesionales involucrados en las tareas de inspección, ejecutar un régimen sancionador en caso de incumplimiento.
Registro nacional
Por otro lado, crearía el Registro Nacional de Supervisión de Edificaciones, en el cual sería almacenada toda la información generada por las inspecciones realizadas.
“Este registro incluirá: diagnóstico técnico, nivel de riesgo, recomendaciones, plazos de reparación y plan de seguimiento. Será accesible a autoridades y ciudadanos bajo los principios de transparencia y protección de datos”, dicta el artículo 8 del documento.
Mientras tanto, la pieza se encuentra en manos de una comisión especial que deberá entregar un informe ante el pleno de la cámara baja, el cual contendrá las recomendaciones sobre el tratamiento de esta propuesta de ley. (LD-av / OJO)
