Se podrá plantear todo lo que se quiera respecto al porqué el liderato político actual y en su conjunto y tanto oficialistas u opositores, se niegan a lo absoluto a aceptar que la base correcta de todo proceso democrático de gobierno se origina en unas elecciones libres en las que el voto del ciudadano e independiente al de los partidos, está por encima de la creación de las formaciones políticas.
En cierta forma, lo que se argumenta es un verdadero chantaje propio de organizaciones políticas que no han sabido entender cuál es su verdadero papel en un sistema democrático y ahora sus portavoces manifiestan la interpretación absurda de que no se puede violentar la Constitución de la República, cuando precisamente y por un error continúo de las formaciones políticas, desde el 1996 (29 años) han establecido gobiernos absolutamente contrarios al espíritu constitucional de protección y aliento de la libertad de escogencia ciudadana.
Y es en razón de semejante vacío procedimental, los partidos y de hecho como dictadura partidocrática, se han impuesto en los últimos 29 años como la más peligrosa tiranía partidocrática que se hubiese conocido y que si ahora ha venido el cuestionamiento, se debe a que las cuatro nuevas generaciones de dominicanos desde la década de los años sesenta: 1960-1980-2000 y 2020 y sobre todo las dos últimas, sus integrantes son ciudadanos que han sabido evolucionar positivamente en lo institucional, lo social y lo político y exigen que los partidos respeten su participación como actor principal en los procesos electorales.
Ya el fenómeno se estaba dando en las últimas tres elecciones antes del 2020 y prácticamente estalló en las pasadas elecciones del 2024 con el terrible fraude electoral consentido por todas las formaciones políticas, de un repetido gobierno del PRM obtenido en base a un fraude electoral tan vergonzoso, que provocó, que, de casi 8 millones de electores, menos de cuatro fueron a las urnas y generando una abstención electoral cercana al 55 por ciento del electorado y significativamente con un Abinader que “ganó” con apenas un pírrico 2.5 millones de electores.
Semejante nivel de abstención habló de una sociedad atrapada por un grupo de partidos políticos, que impidieron que los ciudadanos pudieran imponer y hacer valer su libertad de escogencia y por eso el gobierno del presidente Luis Abinader es uno cuasi legal pero rotundamente no legítimo y sin genuina representación del votante.
Ya estamos viendo como los voceros no calificados de la vil partidocracia y representados por el anciano expresidente del Tribunal Constitucional, el dominicano de primera generación, Milton Ray Guevara (76 años) persona de raza negra y contradictoriamente racista, quien insiste en hacer creer que la sentencia del TC es supuestamente “inconstitucional” y todo, porque él y los miembros del pleno anterior del tribunal que encabezó, fueron incapaces de ajustar la normativa a derecho y como ahora si lo ha hecho el nuevo pleno del TC bajo la presidencia del magistrado-presidente, Napoleón R. Estévez Lavandier (50 años)
Este país cuyos 11.5 millones de habitantes tienen un promedio de edad de 29 años y de los que casi 8 millones son electores, bajo ningún concepto puede estar sujeto y dependiente de un estatuto jurídico electoral absolutamente obsoleto que no privilegia el hecho real de que la base de todo sistema democrático y representativo es el voto del ciudadano e independiente al de las formaciones políticas y si la población lo admitiera, entonces y para decirlo con crudeza, se merecería lo peor.
Pretender no acatar la sentencia TC-0788-24 es un ataque directo a la libertad de escogencia ciudadana y si sucediera que quienes abogan por la partidocracia como base de la constitución política de este país y en lo que la concentración de medios en pocas manos sus ejecutivos están metidos y con una complicidad absolutamente deleznable, entendemos que estarían alentando una verdadera insurrección popular de alcance realmente desconocido.
Igualmente, hay que entender el abuso que significa, la oposición cerrada de un empresariado que tiene sobre los 40 años, manejándose en esta nación cómo un terrible oligopolio que se fundamenta en la mano de obra esclava, los subsidios gubernamentales y el dominio abusivo de un mercado atrapado al que los ciudadanos no tienen otro de derecho que el de consumir lo que ese empresariado quiera y sin importar calidad de producto y aumento desorbitado en su precio de compra.
Para remate, ese empresariado representado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y compuesto por 78 organizaciones de todo tipo de negocios, industrias y banca y con este gobierno plutocrático, ha logrado secuestrar el manejo y control de los dineros de los contribuyentes, mediante la utilización directa de los presupuestos gubernamentales y teniendo de cubierta el infame Consejo Nacional de Competitividad (CNC) en donde se encuentran las 38 fortunas más grandes del país y ejerciendo el cogobierno de la nación y disponiendo hasta cómo el gobierno nacional manejará y se desenvolverá con el presupuesto de la nación y como el mejor mecanismo para nutrirse de un capital de trabajo que le provea dinero fresco, al tiempo que el Poder Legislativo responde directamente a sus directrices.
De hecho, el CNC ha secuestrado a la nación y gracias a que la concentración de medios en pocas manos que son de su propiedad, miente y manipula a la atrapada opinión pública y por ese grosero monopolio, ahora y para nada no quieren aceptar que los trabajadores tengan un aumento salarial justo y equitativo a sus esfuerzos, esos que han llevado esta economía a una de desarrollo y crecimiento emergente en la que solo los ricos aumentan sus bienes, activos y fortuna, en tanto la población trabajadora carece de todo. Ahora estos ricos, se niegan a que tres millones de trabajadores tengan derecho a un salario mínimo que les permita llegar a fin de mes y lo que no solo obliga a decir que, si insisten en mantener congelados los salarios, están alimentado una insurrección social de grandes y fatídicas consecuencias.
El tercer ingrediente, es el intento del mismo presidente Abinader por imponer la draconiana ley 1-24 con miras de perseguir y cerrar a periodistas y medios en las redes sociales básicamente y como el comienzo de llevar al retroceso a una nación cuyos habitantes y ciudadanos se acostumbraron a emitir libremente sus opiniones y críticas y hacer valer sus criterios mediante el uso de los medios de comunicación en las redes sociales y como contrapartida y contrapeso de la manipulación artera y continuo mecanismo de autocensura que tienen los medios tradicionales y que la población rechaza determinantemente.
Concluyendo y si se entiende o nos hemos sabido explicar en este análisis político de Estado, lo que estamos haciendo, es llamar la atención sobre los tres terribles “ingredientes” para un estallido social indetenible: No aumento salarial indexado, pretensión de cierre de medios de comunicación e intento de la partidocracia por desconocer sentencia TC-0788-24 que privilegia el voto del ciudadano sobre el de los partidos y que de los tres imponerse, preferible entonces una revolución social que lo destruya y barra todo. Con Dios. 25.02.2025
