La batalla comercial de Donald Trump ha entrado en una nueva fase de confrontación institucional. Apenas horas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara su política de aranceles globales, el presidente respondió con dureza inusual contra los jueces y anunció un nuevo paquete de gravámenes del 10%, en un movimiento que evidencia que la guerra comercial seguirá siendo eje central de su agenda económica.
El fallo del alto tribunal —por seis votos contra tres— había supuesto un golpe directo al corazón del programa económico de Trump. La mayoría, encabezada por el presidente del Supremo, John Roberts, concluyó que la Casa Blanca se extralimitó al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer aranceles de alcance general sin autorización explícita del Congreso.
Pero lejos de moderar el tono, Trump optó por la confrontación abierta. Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, calificó la decisión de «profundamente decepcionante» y arremetió contra los magistrados que votaron en contra, a quienes acusó de ser «desleales» y de actuar influenciados por intereses extranjeros. «En mi opinión, el tribunal ha sido influenciado por intereses extranjeros», afirmó el presidente, que también calificó a varios jueces de «vergüenza para nuestra nación».
Contraataque arancelario
La respuesta no fue solo retórica. Trump anunció la firma inmediata de una orden para imponer un arancel global del 10% al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una vía legal distinta a la que el Supremo acaba de bloquear. Este mecanismo permite al presidente aplicar recargos temporales —de hasta el 15%— en caso de déficits graves en la balanza de pagos. La Casa Blanca sostiene que se cumplen esas condiciones y que el nuevo gravamen se sumará a los aranceles ya vigentes.
Además, la Administración adelantó la apertura de nuevas investigaciones bajo las secciones 301 y 232, utilizadas tradicionalmente para justificar tarifas por prácticas comerciales desleales o por motivos de seguridad nacional. Ambos instrumentos ofrecen una base jurídica más sólida, aunque con procedimientos más lentos y limitados que el amplio poder que Trump intentó ejercer mediante la ley de emergencia.
Un choque institucional inusual
El tono del presidente ha elevado la tensión entre poderes. Trump no solo criticó a la mayoría del tribunal, sino que elogió de forma explícita —y poco habitual— a los tres magistrados conservadores que firmaron el voto discrepante: Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh. «Quiero felicitar a los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh por su fortaleza y sabiduría», declaró el mandatario, en una intervención que rompe con la tradicional cautela presidencial respecto al poder judicial.
La mayoría del Supremo había sido tajante. Roberts escribió que, dada la magnitud del poder reclamado por el Ejecutivo —capaz de imponer aranceles de «cantidad, duración y alcance ilimitados»—, solo una autorización clara del Congreso podría legitimar esa actuación. Y esa autorización, subrayó, no existe en la ley invocada por la Casa Blanca.
El fallo inicial del tribunal fue recibido con subidas en Wall Street, especialmente entre minoristas como Nike o Abercrombie & Fitch, que habían sufrido el impacto de los costes de importación. Sin embargo, el contraataque de Trump introduce una nueva dosis de incertidumbre.
Expertos comerciales y líderes empresariales advierten de que el panorama regulatorio seguirá siendo volátil. Aunque la vía de la Sección 122 es más limitada —solo permite aranceles temporales y con techo del 15%—, confirma la determinación de la Casa Blanca de mantener la presión comercial.
Para muchas empresas, el problema no es solo el nivel de los aranceles, sino la imprevisibilidad de la política comercial. Miles de compañías ya han acudido a los tribunales para reclamar la devolución de los miles de millones recaudados bajo el esquema ahora invalidado, un proceso que el propio Supremo anticipa como complejo.
La eficacia económica, en duda
El trasfondo del pulso judicial es también económico. Trump ha defendido que los aranceles reindustrializarán Estados Unidos y reforzarán la seguridad nacional. Sin embargo, los datos recientes ofrecen un balance más ambiguo. Estudios académicos indican que la mayor parte del coste de los aranceles ha recaído en importadores estadounidenses y, en muchos casos, en los consumidores finales. Al mismo tiempo, el sector manufacturero ha mostrado signos de debilidad, con pérdida de empleo y quejas recurrentes sobre el encarecimiento de insumos importados.
Pese a ello, el presidente se mantiene firme. «El presidente tiene que poder negociar con aranceles», ha repetido en múltiples ocasiones. El anuncio del nuevo gravamen del 10% confirma que la Casa Blanca no está dispuesta a abandonar esa herramienta.
Un conflicto que continúa
El fallo del Supremo pretendía fijar límites claros al poder comercial del Ejecutivo. La rápida reacción de Trump demuestra que la disputa está lejos de cerrarse. Con nuevas investigaciones en marcha, aranceles alternativos sobre la mesa y un clima político cada vez más polarizado, la política comercial estadounidense entra en una etapa de mayor complejidad jurídica y económica.
El mensaje de la Casa Blanca es nítido: aunque el tribunal haya frenado una vía, la ofensiva arancelaria continuará por otras. El pulso entre la presidencia, los tribunales y el comercio global acaba de intensificarse. (La Razon. anderson simanca)
