Juan acudió a una institución pública a realizar un trámite sencillo, para esto entregó su cédula, su número de teléfono y su correo electrónico, resolvió su trámite y listo, o al menos eso creía. Unos días después su teléfono no dejaba de sonar, ofertas de préstamos, tarjetas de crédito, servicios de comercios con los que nunca ha tenido relación. ¿Quién autorizó el uso de la información de Juan? Juan no se ha dado cuenta pero su información personal se ha convertido en una mercancía y con ello se le ha lesionado un derecho fundamental.
Situaciones así son el día a día, y es que entregamos nuestros datos personales y accedemos a que se use, de forma cuestionable, nuestra información. Lo hacemos en cientos de páginas web, llenando inocentemente un formulario que nos pide datos que no guardan relación con lo que hacemos, al acceder a un local donde nos piden y hasta escanean nuestra cédula, todo esto sin saber lo que conlleva, los riesgos de fraudes, manipulaciones, y más.
Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables. Como ejemplos sencillos de datos personales podemos mencionar el nombre, el domicilio, la cédula o documento de identidad, los datos biométricos, fotos, videos y grabaciones de una persona y, de forma un poco más técnica, el historial de navegación, el historial de compras, dirección de IP, información bancaria, e historial médico.
La protección de los datos personales es un derecho fundamental, ampliamente reconocido por nuestra Constitución y múltiples tratados internacionales. Nuestra Constitución consagra este derecho fundamental en el artículo 44 y se desarrolla, de manera tímida e insuficiente, en la Ley número 172-13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados, una norma cuyos preceptos erróneamente se creen exclusivos de las Sociedades de Información Crediticia (SIC).
Este derecho fundamental nos permite controlar nuestra información, decidir quién puede hacer uso de ella y con qué fines, todo esto reunido en los llamados derechos ARCO, que nos garantizan acceder, rectificar, cancelar y oponerse en relación al tratamiento de nuestros datos.
No se trata de un tema sólo tecnológico como muchos creen, se trata de un tema jurídico y, sobre todo, constitucional. Cuando se venden nuestros datos sin nuestro consentimiento, cuando las instituciones públicas o privadas manejan de forma deficiente la información que les proporcionamos, cuando recibimos llamadas y mensajes masivos no autorizados, también se está violando nuestro derecho a la protección de los datos personales.
La responsabilidad primaria de proteger estos datos recae en el Estado, que en términos legales y de políticas públicas se encuentra a años luz de lo que debería ser un adecuado marco de protección. Así mismo las empresas e instituciones públicas desconocen muchas veces sus obligaciones de custodia y uso legítimo de los datos, pero lo más importante nosotros como ciudadanos no nos informamos y, por tanto, no exigimos el respeto de nuestros derechos.
Nuestros datos personales y su protección son un derecho fundamental, la información que en ellos se concentra es una extensión de nuestra persona y como sociedad estamos llamados a trabajar por una cultura que los respete y los proteja, a resguardar la esfera privada de las personas y con ello derechos tan importantes como la dignidad humana, la intimidad, entre otros tantos. Por: Chanel Liranzo (El Caribe)
